“Declara extinguida la responsabilidad administrativa por infracciones a las disposiciones sanitarias durante la alerta sanitaria Covid-19″, dice el artículo 129 del proyecto de ley de reajuste del sector público que esta mañana inició su tramitación en el Congreso.

Esa norma, que no tiene relación con el alza de remuneraciones para los empleados fiscales, es una de las tantas iniciativas diversas que contiene el mensaje presidencial que el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados, aprovechando un resquicio constitucional para presentar proyectos “misceláneos”. Es decir, mociones o mensajes presidenciales que contienen medidas distintas, no necesariamente vinculadas, para ahorrar discusiones legislativas y acelerar así su aprobación por el Parlamento.

Este año, sin embargo, además de añadir una conflictiva norma llamada de “amarre”, que dificulta despidos de personal a contrata, La Moneda rompió el techo al incluir 129 artículos, marcando un récord histórico en proyectos de esta naturaleza, que por lo general se tramitan en diciembre. En forma inédita, además, este mensaje fue presentado en enero.

De los 129 artículos, según datos del gobierno, un cuarto (37) corresponde al acuerdo con la Mesa del Sector Público; la mitad (69) son mejoras y urgencias misceláneas y el resto son compromisos del protocolo de la Ley de Presupuesto (10) o materias relacionadas a incentivos al retiro (13). El mensaje presidencial detalla que los 129 artículos se traducen en 110 contenidos distintos (algunos de los cuales perfectamente pudieron haber sido leyes separadas).

“Proyecto de ley de otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldo que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales”, dice el título del mensaje ingresado por el Presidente Gabriel Boric y firmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), quienes al incluir la frase “modifica diversos cuerpos legales” abren una puerta para ajustar cualquier ley.

De esta forma, el texto, de 167 páginas (incluyendo al informe financiero), no solo contiene alzas de remuneraciones, bonos, aguinaldos e incentivos al retiro, sino que también propone, por ejemplo, extender hasta 2028 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso; exime del cese de funciones, al cumplir 75 años de edad, a académicos de las universidades estatales, y otorga a la Subsecretaría de Derechos Humanos facultades para realizar investigaciones administrativas respecto de adopciones forzadas o irregulares.

Nueva marca

A modo de comparación, el récord de artículos en un mismo proyecto de reajuste lo tenía el propio gobierno del Presidente Boric.

Bajo la gestión del anterior ministro de Hacienda, Mario Marcel, en 2024, la ley de reajuste incluyó al final 110 artículos. En 2023 ya había roto la marca histórica con 105 artículos.

En 2022, el primer año de Boric fueron 78 y en 2021 (último año del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera) fueron 75 artículos.

Hasta antes de la actual administración presidencial, el récord era del año 2020, cuando Piñera incluyó 87 artículos.

En el otro extremo del ranking, en 2016, en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, solo se incorporaron 5 artículos.

Difícil tramitación

Si bien cada año los legisladores suelen hacer vista gorda para que el gobierno aproveche el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público para alterar diversas normas (a veces cambios de plazos, cifras o correcciones problemas puntuales), cuando el Ejecutivo sobreexplota este resquicio constitucional, la jugada es cuestionada por los parlamentarios, ya que lo ideal, para el Congreso, es discutir cada ley en su propio mérito.

Por ejemplo, en 2012, fue ácidamente criticada por la oposición de la época (actual oficialismo) la decisión del primer gobierno de Sebastián Piñera de incluir la cuota de captura del bacalao en el reajuste.

En 2023, el gobierno de Boric incluyó un criticado cambio en el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para mitigar la situación de las isapres, y un alza de remuneraciones en más de 3 millones de pesos para los ministros del Tribunal Constitucional (TC).

Ahora, algunos legisladores oficialistas le habían advertido al gobierno que lo ideal es que no incluyera la llamada ley de “amarre”, ya que la situación del personal a contrata del sector público es una problemática real que requiere un debate pausado y profundo y no ser tratado en forma apresurada, ya que las leyes de reajuste requieren de una resolución rápida por los plazos comprometidos.

A juicio del diputado Felipe Donoso (UDI), la gran cantidad de artículos “hace que sea una ley de difícil tramitación. Es el trabajo del repechaje para pasar de curso... incluyeron todo lo que les faltó en 4 años”.

“El gobierno rompió el récord porque presentó una ley de reajuste con 129 normas, cosa que no habíamos visto nunca. Muchas de esas normas están desfinanciadas”, añadió el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

“Este proyecto es un amarre en todo sentido: deja amarrados los recursos y también al personal. Compromete la gestión y la caja fiscal del próximo gobierno. Es un precedente muy dañino para la democracia”, dijo el diputado Agustín Romero (republicano).