Los alcaldes oficialistas están molestos. La megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast mantiene intranquilos a los jefes comunales debido a la propuesta que plantea eliminar el pago de las contribuciones a la primera vivienda, a partir de los 65 años.

Si bien las autoridades del sector se reunieron hace dos semanas con Kast y otras autoridades del Ejecutivo, en la cita no se respondió su principal inquietud: de qué forma se compensará la merma que se producirá en los municipios debido al no pago de esas contribuciones.

Hasta ahora, el gobierno ha dicho que habrá una compensación, pero solo al Fondo Común Municipal (FCM), pero no para lo que dejan de percibir directamente.

La Moneda ha calculado en US$ 200 millones lo que se dejará de recaudar, pero que los US$ 130 millones del FCM serán compensados. Si bien en un comienzo afirmaron que iba a ser vía Ley de Presupuesto, la semana pasada el Ejecutivo transmitió que lo compensarán en la misma megarreforma, para no someterlo a la discusión presupuestaria de cada año. De todas maneras, hay US$ 70 millones que se dejarán de recaudar, lo que afectará a las comunas con más recursos.

El tema lo han discutido los alcaldes durante los últimos días en un grupo de WhatsApp que comparten y están viendo qué forma presionar para que La Moneda considere sus peticiones.

En el sector transmiten que los más afectados son las comunas que están en manos de personeros de derecha. Así, los jefes comunales de Las Condes (Catalina San Martín), Providencia (Jaime Bellolio), Lo Barnechea (Felipe Alessandri), Santiago (Mario Desbordes), Ñuñoa (Sebastián Sichel), entre otros, han estado conversando para ver qué pasos seguir.

Si bien algunos de ellos ya comenzaron a manifestar públicamente algunos reparos, lo cierto es que, hasta el momento, han evitado escalar el “fuego amigo” debido a que el Ejecutivo se encuentra en una semana clave de la megarreforma, ya que está ad portas de ser despachada de la Cámara al Senado.

Entre los alcaldes oficialistas transmiten que el perjuicio a sus arcas puede ir entre 3 mil y 10 mil millones de pesos. En el caso de Independencia, por otro lado, se estima que, si se compensa lo del Fondo Común Municipal, la pérdida sería de cerca de $ 200 millones de pesos.

“El efecto que tiene este beneficio, sin focalizarlo más, en el caso nuestro 18 mil millones menos de recaudación total. 12 mil menos para el fondo común y seis mil menos para el municipio. El gobierno ha dicho hasta ahora que va a compensar lo del fondo, pero no ha dicho nada de qué es lo que va a pasar con los seis mil menos que entran a mi contabilidad. Y eso es muy grave”, indicó Bellolio, a T13 radio, durante la semana pasada.

Y añadió: “Nosotros hemos transmitido nuestras preocupaciones, pero hasta ahora no hemos visto que se haya escuchado”.

En una línea similar, la alcaldesa de Las Condes indicó hace unos días a este medio que el Ejecutivo no ha dicho de qué forma “se reintegran los fondos, tanto al FCM, pero también a municipios que dejamos de percibir ese ingreso directo. En Las Condes, un 65% de las contribuciones van al FCM y el 35% restante se queda en el municipio. La opinión transversal de todos los alcaldes es que el FCM no se puede ver afectado por una disminución de ingresos”.

En tanto, Sichel indicó a The Clinic que “mi mensaje no es que no haya contribuciones, es que tienen que ser justas. La hacen justa que la paguen los más ricos y no la clase media. El Estado no puede ser peor que un banco, y actualmente es peor que un banco”.

Entre los alcaldes aseguran que el malestar ha ido creciendo porque La Moneda no les está dando ninguna respuesta clara y la merma tendrá un impacto evidente en las políticas sociales que empujan las comunas en distintos ámbitos como salud y educación. Así, recalcan que tendrán que hacer recortes.

Las mismas fuentes agregan que le han pedido formalmente -a través del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri- una reunión al ministro Quiroz, pero que no han tenido respuesta y esa “actitud”, agregan, es la que agrava la situación.

Consultado al respecto, Alessandri indicó a este medio que “efectivamente, hemos tratado de hablar con el Ministerio de Hacienda. Queremos ser parte de la conversación tanto con el poder legislativo como con el poder ejecutivo. A nosotros nos afecta directamente este tributo de las contribuciones, pero lamentablemente no hemos podido ser escuchados”.

En esa línea, indicó que “queremos proponer otro cambio de tributo para que los municipios no se vean perjudicados, que no perdamos la autonomía que tenemos los municipios, pero no hemos topado con una puerta cerrada”.

Finalmente, sostuvo que “creemos que es bastante injusto para el chileno común y corriente, para los municipios para el país, y creemos que podemos ser un gran aporte a una discusión de una ley”.

Ante la nula respuesta de Hacienda, los alcaldes han intentado por otras vías. Por ejemplo, Bellolio y Desbordes -según afirman desde sus entornos- les han transmitido su preocupación directamente al Presidente Kast.

Otras como San Martín también se lo han planteado a otras autoridades de gobierno. Si bien entre los jefes comunales dicen que el subsecretario de la Subdere, Sebastián Figueroa, ha estado en contacto con algunos de ellos, recalcan que quien zanja el tema es el titular de Hacienda y él no ha dado señales al respecto.

Por lo mismo, más de cinco alcaldes transmiten que el tema se está convirtiendo en una olla a presión y que empezarán con una arremetida pública si es que Palacio sigue sin darles una respuesta concreta.

Las mismas fuentes advierten que esta decisión, a largo plazo, pondrá en jaque la capacidad de ayuda social de los alcaldes y terminará repercutiendo en las futuras elecciones. “El gobierno está comprometiendo la continuidad del sector”, lamentan.

En paralelo, algunos jefes comunales comenzaron tratativas con senadores del sector para persuadirlos de que ingresen indicaciones al megaproyecto, que apunten a focalizar más la medida y fijar un rango socioeconómico. El asunto es complejo, advierten, ya que eliminar las contribuciones es una medida popular, por lo que oponerse a ella tiene un alto costo político.

Consultado sobre el tema, el subsecretario Figueroa se refirió a la merma que significa el proyecto para los municipios. A diferencia de lo que transmiten los alcaldes, el subdere indicó a este medio que “esta reforma tiene un impacto muy acotado sobre los ingresos municipales: en promedio, del orden del 0,5%, y además altamente concentrado en un grupo reducido de comunas de altos ingresos”.

En esa línea, sostuvo que “el efecto estimado sobre el FCM, y que será compensado, corresponde aproximadamente a $ 122 mil millones, dentro de un fondo que supera los $ 2,8 billones anuales” y que “las comunas con menores ingresos y mayor dependencia del Fondo Común Municipal seguirán protegidas por el propio mecanismo redistributivo del sistema”.

Y añadió: “Valoramos y reconocemos el enorme trabajo que realizan los alcaldes de Chile, especialmente aquellos que administran comunas con muchas urgencias sociales, pobreza y recursos limitados. Y también sabemos, porque recorremos el país y conversamos permanentemente con ellos, que la gran mayoría tiene disposición a hacer esfuerzos compartidos y actuar con responsabilidad. Por eso creemos importante decir las cosas con honestidad: algunos alcaldes están instalando alarma y temor, como si el sistema municipal fuera a colapsar, y eso simplemente no se condice con los datos ni con el impacto real de la medida”.

Finalmente, Figueroa aseguró que “aquí hay una discusión de fondo: si el Estado debe seguir cobrándoles un impuesto expropiatorio creciente a adultos mayores que muchas veces son propietarios de una vivienda, pero no tienen ingresos equivalentes al avalúo de esa propiedad”.

Eso sí, el subsecretario no se refirió a la caída de recursos en la contabilidad directa de cada municipio y si es que se abren o no a compensar aquello.