La Mesa del Senado emitió la tarde de este viernes una declaración en que mostró su desacuerdo a la iniciativa de ley impulsada por parlamentarios oficialistas, del Partido Nacional Libertario y el PDG de suspender por cinco años la aplicación de la ley Karin.

En la declaración firmada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y su vicepresidente, Iván Moreira, enfatizan que la actual ley fue aprobada “con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional”.

“Como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas”, añadieron.

En ese sentido, la Mesa del Senado enfatiza que “el esfuerzo debe orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación”.

Críticas desde la oposición

Durante esta jornada ya parlamentarios desde la oposición habían mostrado sus reparos a la propuesta, que surge a poco más de dos años de la promulgación de la ley que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia laboral.

“Cuando tenemos un presidente que no tiene liderazgo, lo que ocurre es que hay otros que le ponen la agenda o la música, como le han llamado. Veremos si el presidente está dispuesto a apoyar otra ley más que vaya en contra y en perjuicio de los trabajadores”, criticó el diputado socialista Nelson Venegas, de la comisión de Trabajo.

Mientras tanto, el senador Iván Flores (DC) criticó al Partido Nacional Libertario y señaló que “quieren, parece ser, refundar el país y llevarlo de nuevo al 1800″.

“La ley Karin sí ha generado algunos inconvenientes y también algunos abusos. Entonces reformémosla, adecuémosla, mejorémosla, pero no se puede suspender, eso es una tontería, realmente es una tontería. Yo lamento que el PDG se sume a esa misma tontería”, añadió.

El subjefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, consideró que “resulta un contrasentido pensar que proteger a las víctimas de abusos laborales significa suspender por cinco años la ley Karin. Estamos disponibles a mejorarla, a que exista una interpretación más clara de la ley, pero no a dejarla congelada”.

“Lo que hoy estos parlamentarios llaman ‘colapso del sistema’ o ‘exceso de denuncias’, nosotras lo llamamos el fin de la impunidad. Esas más de 66 mil denuncias no son una falla de diseño de la ley; son la radiografía de una violencia laboral histórica, estructural y naturalizada en Chile que, por fin, encontró una herramienta real para ser denunciada. Antes de esta ley, el abuso se vivía en silencio y terminaba en tragedias”, señaló en sus redes sociales la diputada Carolina Tello (FA).

Gobierno no es partidario de suspender leyes

Durante esta jornada el Ejecutivo también abordó la propuesta.

Desde Colombia, donde se encuentra para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que se pueden “analizar distintas normas y buscar cómo ir perfeccionando ciertas situaciones”.

“También señalar que en algunas normas, incluida la ley Karin, se han dado situaciones que pueden ser discutibles. Como en toda legislación hay veces que se mal utilizan por algún grupo pequeño de personas, para un fin distinto al que fue creado la ley”, detalló

Para luego, concluir: “Las propuestas parlamentarias serán analizadas y creo que tienen que ser debatidas siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó”.

Posteriormente, el subsecretario del Interior Máximo Pavez fue más explícito respecto a la propuesta y enfatizó que el gobierno “no es partidario de una suspensión de las leyes, sino de realizar los ajustes que ha estado trabajando el Ministerio del Trabajo”.

“En esta iniciativa, con otras leyes como las 40 horas, el Ministerio del Trabajo ha estado buscando mecanismos para la implementación que sea más adecuada. Pero no parece razonable la suspensión de una norma, sino que las instituciones tienen que funcionar y adecuarse al contexto de la normativa vigente”, concluyó Pavez.