Este miércoles, una vez instalado en La Moneda el nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, se tomaron las primeras medidas de cara a lo que será el denominado “gobierno de emergencia”. Entre ellas, un decálogo con diez instrucciones para regular el uso de redes sociales por parte de autoridades y funcionarios.

A través de un documento al que accedió La Tercera, el Ejecutivo fijó las primeras directrices sobre el relacionamiento de las autoridades con usuarios en plataformas digitales, espacios donde suelen abundar emplazamientos y críticas.

Los 10 puntos del decálogo

El instructivo establece, como primera medida, la prohibición de realizar proselitismo político utilizando el cargo.

“Está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista”, señala el documento.

También se instruye a los funcionarios no utilizar cuentas institucionales para fines personales. En esa línea, se precisa que los medios digitales del Estado solo pueden utilizarse para informar sobre funciones propias de la institución.

Otro de los puntos establece que las cuentas oficiales no pueden bloquear usuarios.

“Las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación”, sostiene el instructivo.

No obstante, en una nota al pie se aborda la situación de las faltas de respeto en los espacios digitales. Allí se indica que, si bien no se permite bloquear cuentas por comentarios ofensivos, la autoridad no está obligada a responder requerimientos insultantes.

Incluso, dependiendo de la gravedad de las ofensas, se podrá recurrir a mecanismos legales si existen delitos o abusos.

El documento también limita la entrega de “primicias” en cuentas personales. Así, se ordena que ningún ministro o funcionario puede entregar información obtenida en su cargo antes de que sea publicada por el canal institucional del servicio.

Otro de los apartados busca evitar la personalización de actividades institucionales y advierte sobre el “abuso de imagen” de las autoridades, especialmente en periodos electorales.

El sexto punto establece que los sitios web y redes institucionales no deben incluir enlaces a cuentas personales de autoridades.

Asimismo, se exige que las redes sociales institucionales no se utilicen para emitir opiniones ajenas a las funciones del organismo.

El manual también regula el uso de restricción de comentarios, señalando que no se debe aplicar de forma discriminatoria.

Otro de los puntos refuerza la prescindencia política, prohibiendo favorecer o perjudicar partidos, tendencias o candidatos.

Finalmente, el instructivo establece que las autoridades no podrán realizar actividades políticas durante la jornada laboral.

Esto significa que, incluso en sus cuentas privadas, solo podrán emitir opiniones políticas fuera del horario de trabajo y con recursos propios.