Normas transitorias: colectivos acuerdan que habrá Senado hasta 2026 y oposición PS haría caer implementación “por decreto”

Convención Constitucional. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

En las últimas horas, para llegar a acuerdos, los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias consensuaron un plazo de cuatro años para que el Senado culmine sus funciones, dejando en su lugar a la Cámara de las Regiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición los convencionales aún no definían el futuro de los senadores electos el año pasado. Aunque aún no se llega a ese punto de la discusión, desde el Colectivo Socialista e INN adelantan que no son partidarios de esta norma.




Hasta las 23.59 de este martes se mantenía el plazo para que los convencionales presenten indicaciones para las propuestas de normas transitorias. Con ese objetivo, y como ha sido la tónica de parte importante de la discusión constitucional, los colectivos de izquierda se encerraron en el segundo piso del Palacio Pereira en búsqueda de un acuerdo. A través de una pared de vidrio, se les veía caminar de lado a lado en una sala, con vasos de café en la mano. Aunque las caras no eran largas -como en otras oportunidades-, los ánimos no eran los mejores, pues desde temprano se adelantaba que sería difícil llegar a un acuerdo transversal.

Algunos sectores, como el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales, manifestaron en la mañana su descontento con temas que para el resto resultaban cruciales, como los Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios, materia que ha sido respaldada por el Frente Amplio, Chile Digno y los independientes (Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales).

Actualmente, los Decretos con Fuerza de Ley (DFL) corresponden a “cuerpos normativos que emanan del Presidente de la República y que recaen sobre materias legales, en virtud de una delegación de facultades del Parlamento”, según se especifica en la Biblioteca del Congreso. El debate respecto de este decreto se encendió la semana pasada cuando, durante su exposición ante la Comisión de Transitorios, el contralor Jorge Bermúdez sostuvo que, con el fin de facilitar la transición constitucional, una opción es crear un nuevo DFL limitado, pensado exclusivamente para temas acotados a la administración del Estado.

El jueves pasado, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, recurrió a la misma figura en su respectiva exposición ante la misma instancia, al señalar que una fórmula para evitar la postergación de la implementación del nuevo orden constitucional es que algunas potestades de carácter administrativo se puedan delegar en el Ejecutivo, para así evitar el Congreso.

“No estamos hablando de cambios de fondo, estamos hablando de adaptar (las leyes) al mandato constitucional (...) Lo que el contralor sugería es que en ese tipo de leyes, que tiene que ser taxativamente una lista de leyes, se le endosara esa responsabilidad, que es más bien una carga que una oportunidad para hacer los cambios que el gobierno quiera. Son solo los cambios que mandate la Constitución que los adecúe el gobierno y el Poder Ejecutivo. Eso es completamente distinto a todas las leyes sobre temas de fondo que por supuesto tienen que pasar por el Congreso Nacional (...) lo que está en duda, y que es razonable como pregunta, es qué hacer para que las disposiciones permanentes de la nueva Constitución, no sean letra muerta”, dijo el titular de la Segpres ayer martes.

La idea despertó una dura reacción en el mundo político, particularmente en el Partido Socialista, desde donde el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que “las dictaduras legislan por decreto”.

En la misma línea, los convencionales socialistas han señalado que en ningún caso estarían dispuestos a defender un decreto que reemplace al legislador. Explican que, hoy en día, la Constitución permite que el Congreso pueda legarle al Ejecutivo su potestad legisladora. “Uno podría pensar que eso puede continuar, pero somos más de la idea de que se puedan generar incentivos, porque la idea es evitar que pasen años sin que se dicte la ley”, sostiene uno de los convencionales.

Desde No Neutrales, en tanto, manifestaron que consideran que estos decretos son “antidemocráticos” y que no están de acuerdo con ellos, aunque podrían evaluar permitirlos en “materias muy específicas y de aspectos muy puntuales, pero siempre excepcionalidades”.

Debido a estas posturas, entre los convencionales se ha hecho presente la idea de que los DFL simplemente no tienen piso, pues entre la derecha, los socialistas, los No Neutrales y el Colectivo del Apruebo -72 convencionales en total- exceden el tercio necesario para bloquear la aprobación de la norma en el pleno.

Por el otro lado, desde el Frente Amplio defienden la propuesta, aunque reafirman que es una condición que tenga la calidad de adecuatorias. “Nadie está intentando que aquí se pase por alto al legislador. Lo que se está pensando son incentivos para que el legislador tome la iniciativa en esta materia. En base a eso vamos a evaluar los distintos mecanismos que existen”, justificó la convencional Constanza Schonhaut (Frente Amplio).

En esta línea, la convencional independiente Tania Madriaga (Coordinadora Plurinacional) defendió la implementación de estos decretos. “Hemos planteado que los derechos sociales y las urgencias no deberían esperar. Los DFLA que planteó el contralor tienen que ser utilizados. Hay casos muy importantes y que están en situaciones de alta gravedad, como son los niños y niñas a cargo del Estado, o los campamentos y temas de salud (...), que requieren de soluciones inmediatas, mientras se va instalando la institucionalidad completa que se ha diseñado”, argumentó.

La negativa ante el DFLA marca un precedente en la negociación, pues durante el día varios de los convencionales enfatizaban que se buscaría un acuerdo que reuniera a toda la izquierda, para así asegurar que se cumpliera con los tres quintos que se requieren al interior de la comisión para aprobar las normas transitorias y con los dos tercios en el pleno. Por lo mismo, algunos colectivos desde ya adelantan que parte del informe se caería en el pleno en su primera vuelta para posteriormente reformular.

¿Qué hacer con el Senado?

Otro de los temas que los convencionales intentaron zanjar durante la jornada fue el futuro -de aprobarse la nueva Constitución- de los senadores que actualmente se encuentran en ejercicio. Esto, de cara a la meta que acordaron desde algunos colectivos de la Convención de lograr que la nueva Carta Fundamental entre en vigencia en un plazo de cuatro años, lo que interferiría con el periodo legislativo de quienes resultaron electos durante las últimas elecciones, hasta el año 2030.

Y es que el Senado, en el texto elaborado por el órgano redactor, fue reemplazado por la Cámara de las Regiones, por lo que hasta este martes aún se discutía cómo hacer la transición entre ambas cámaras. En ese sentido, el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias, hasta el momento, es que el Senado llegaría hasta el 11 de marzo del 2026 y que los nuevos cuerpos legislativos serán elegidos el 2025.

“Esto es algo que vamos a terminar de resolver, pero hasta ahora el acuerdo es que ojalá hasta los cuatro años siguientes se respete el mandato electoral que se dio de estos cuatro años, y ver cómo termina de configurarse la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas”, señaló Schonhaut.

Tras estos cuatro años, cuando comience a regir la nueva Constitución y la Cámara de las Regiones inicie sus labores, las dudas se centran en cómo los senadores hasta entonces electos deberán terminar sus funciones.

Desde el Colectivo Socialista plantean dos posibilidades: que los senadores terminen su periodo en los siguientes cuatro años o, por otro lado, que duren los ocho años que les corresponden, pero cuatro de ellos como representantes de la Cámara de las Regiones. Sin embargo, a esta última postura no le ven futuro en el pleno.

En sectores como el Frente Amplio, en cambio, no están de acuerdo con un proceso transicional que permita que los senadores terminen como representantes regionales. “Nosotros somos de la idea de que la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas entren en una fase conjunta a la implementación, con los representantes que sean electos”, subrayó Schonhaut, quien también agregó que los senadores “efectivamente” podrán competir en las nuevas elecciones, si así lo deciden.

Los puntos pendientes

Durante la jornada pudieron definirse -con apoyo transversal de los colectivos de izquierda- las reglas de inhabilidades, incompatibilidades y límites a la reelección dispuestos en la Constitución. Así, se determinó que entrará en vigencia en el primer proceso eleccionario tras la aprobación y que, excepcionalmente, las autoridades electas por votación popular que estén en ejercicio se sujetarán a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución.

También se reafirmó que el actual Presidente de la República no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente, algo que el propio Ejecutivo propuso ante la comisión a través de un informe de sugerencias. Asimismo, Schonhaut adelantó que habría acuerdos relativos a “la implementación de la Corte Constitucional” y sobre el calendario electoral.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, algunos temas no estaba zanjados. Desde el Colectivo Socialista identifican que existe un nudo con respecto a las leyes que puedan ser incompatibles con la Constitución. En este sentido, el colectivo, junto al FA, los comunistas y No Neutrales buscan evitar la derogación de leyes al explicitar que estas se entenderían como vigentes, aunque sean derogadas o modificadas por otra ley. Según argumentan, eso aportaría una mayor continuidad.

Por el otro lado, desde Movimientos Sociales argumentan que la derogación es tácita, por lo que todas las leyes que sean incompatibles debiesen ser declaradas inconstitucionales.

“Esa norma determina mucho del resto. Si prevalece lo que nosotros proponemos, las leyes se tendrán que dictar en dos años. Si gana la otra posición, es distinto. Ahí se va a tener que generar una excepción por cada una de las materias que sea inconstitucional. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que todo lo que se declare inconstitucional tenga normas definidas con leyes que queremos que se dicten”, justifica uno de los convencionales socialistas.

Además, desde el Colectivo Socialista confiesan que ven posible sumar a la derecha en algunas materias de las negociaciones -o al menos incluirlos en las conversaciones- con el fin de asegurar los dos tercios en el pleno. De hecho, algunos convencionales de la UDI revelan que hubo acercamientos por parte de No Neutrales en Antofagasta con el fin de conseguir acuerdos amplios para las transitorias, aunque no llegaron a puerto. “Es súper claro que más allá de las buenas relaciones humanas, la Lista del Apruebo tiene un camino tomado y solo acude a la derecha cuando necesita algo de nuestro sector”, reclama Roberto Vega (RN-Evópoli-IND).

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