Fue un consenso transversal. Respaldado incluso por el entonces presidente de Renovación Nacional y actual ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados llegó en diciembre de 2017 a lo que denominó como “el gran acuerdo”. Se trataba de una serie de reformas constitucionales -que fueron impulsadas desde el PS a la UDI- y que modificaban, entre otras materias, el artículo 51 de la Carta Fundamental en donde se establece el sistema de reemplazo en caso de vacancia del cargo de senador y diputado.

Ese acuerdo -que en ese entonces fue calificado como una “contundente señal política”- fue despachado al Senado con votos del actual oficialismo en enero de 2018. El texto proponía un mecanismo alternativo al que opera hoy. Actualmente el partido político al que pertenecía el legislador al momento de declarase la candidatura, puede designar, sin mayores condiciones, a su reemplazante. Así lo hará RN y la UDI para llenar los cupos que quedaron vacantes ayer cuando los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), fueron nombrados como ministros de RR.EE. e Interior, respectivamente. Y sus pares de la Cámara Baja, Mario Desbordes (RN) y Jaime Bellolio (UDI) llegaron, a su vez, a liderar Defensa y Segegob.

De hecho, Renovación Nacional ya definió que será la actual diputada Marcela Sabat quien ocupará el escaño del canciller, mientras que esta será reemplazada por el exjefe de gabinete de Allamand, Tomás Fuentes, y la vacante producida por Desbordes será ocupada también por su exjefe de gabinete, Camilo Morán. La UDI, en tanto, sigue barajando sus cartas.

El hecho de que se dieran por primera vez cuatro vacancias en el Congreso a raíz de un cambio de gabinete encendió las alertas en el Congreso y algunos ya apuntan a revivir lo que se planteó en ese acuerdo de 2018, el que pese a su transversalidad, no ha registrado movimientos desde esa fecha en el Senado.

“Es una discusión que hay que reactivar de todas de maneras. Obviamente hemos estado con otras prioridades legislativas producto de la pandemia, la nueva Constitución, la agenda de infancia, pero claramente es un tema que hay que resolver”, dice el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC).

El “gran acuerdo” proponía que el cargo fuese reemplazado por el candidato que le seguía en votos en la lista por la que compitió el legislador que asumiría como ministro de Estado. Si el partido hubiese competido en solitario se aplicaría la misma regla. Asimismo, establecía que “en caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, por la Cámara a la que pertenecía quien causó la vacancia, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político del que era miembro en el momento de ser elegido. Para tal efecto, el partido político tendrá el plazo de diez días hábiles desde que el secretario de la respectiva Cámara le notifique que se ha producido la vacancia. Transcurrido ese plazo sin que se presente la terna, quien provoca la vacante no será reemplazado”.

En el mismo sentido, en el Poder Legislativo algunos plantean revivir otro principio de acuerdo que se dio en 2012 en la Cámara de Diputados de la época y que planteaba derechamente elecciones complementarias para todas las causales de vacancia en el cargo. Desde el mundo político hay conciencia de que la idea de tener legisladores designados a dedo va a en contra de los principios democráticos y merma aún más la legitimidad del Congreso.

Para Walker, el asunto cobra mayor relevancia tras la aprobación de la ley que limita la reelección: “Lo que ha ocurrido es que dos senadores que no han podido ir a la reelección asumen un cargo en el gabinete y van a ser reemplazados a dedo por los partidos, como preparación de sus propias candidaturas. Les van a dar a los reemplazantes el tiempo de posicionarse en el cargo y tener una situación de elección privilegiada respecto de sus otros competidores”, dice.

En ese sentido, subraya que “sé que hay otras prioridades en este momento, pero dado a que además tenemos una situación nueva con mayor razón hay que avanzar en aprobar una reforma sobre la base del acuerdo que se había estado trabajando hace algunos años”.

El diputado Leonardo Soto (PS), miembro de la Comisión de Constitución, advierte que incluso esto pueda ser utilizado por la UDI -partido que más insistió para que se vetara la ley del límite a la reelección, dejando fuera a los alcaldes por esta vez- para subsanar los casos de sus propios ediles. De hecho, para reemplazar a Bellolio una de las cartas probables es la jefa comunal de San Bernardo, Nora Cuevas, quien no podrá repostular al cargo.

“Este debate lo hemos eludido durante décadas y se ha evitado tomar una decisión que mejorará la legitimidad cuando se produzcan estas vacancias. Hoy día tenemos el peor sistema. Se toman decisiones que favorecen en las maquinarias partidarias. Estas vacancias sin duda se van a usar para resolver problemas en varias alcaldías”, señala el legislador.

Esta discusión no es nueva. Dicen en el Congreso que se dio por primera vez tras el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) en 1991. En ese entonces, el partido que fundó sostuvo que correspondía reemplazarlo por un UDI, sin embargo, la Constitución que el propio Guzmán ideó planteaba -en ese entonces- que el reemplazo correspondía a su compañero de lista, el RN Miguel Otero, quien finalmente terminó asumiendo el cargo.

El debate volvió a instalarse cuando el exsenador Eduardo Frei (DC) asumió como Presidente en 1994. En su reemplazo se alzó a la socialista María Elena Carrera. En esa oportunidad también se cuestionó que llegara al Congreso una candidata que había sacado solo el 15% de los votos en las elecciones parlamentarias, casi 30 puntos menos que su antecesor.

El tema se zanjó en 2005 cuando el Congreso aprobó una serie de reformas constitucionales impulsadas en dos mociones de los entonces senadores José Antonio Viera-Gallo, Hernán Larraín, Enrique Silva Cimma, Juan Hamilton, Sergio Eduardo de Praga Diez, Sergio Bitar, Sergio Romero y Andrés Chadwick. Fue con esa modificación que se le otorgó la facultad de designación a los partidos políticos.

Así, tanto la oposición como el oficialismo han recurrido al Congreso para armar sus gabinetes. Lo hizo la entonces Presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, cuando en 2014 designó a la senadora Ximena Rincón (DC) como ministra de la Segpres, quien fue reemplazada por el ahora diputado Manuel Antonio Matta (DC). En ese caso y, de forma excepcional, ese partido optó por hacer primarias internas, dado que a la legisladora le quedaba la mitad de su periodo.

En su primer gobierno, el Presidente Sebastián Piñera también convocó a Allamand, en esa oportunidad, para asumir como su ministro de Defensa y la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), para el cargo de ministra del Trabajo. Mientras el primero fue reemplazado por Carlos Larraín, el escaño de la jefa comunal fue otorgado a Gonzalo Uriarte.