El diputado Patricio Pinilla (DC) espera un pronunciamiento por parte del gobierno de José Antonio Kast tras las conclusiones por parte de Contraloría sobre la actuación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert al solicitar información a la Policía de Investigaciones (PDI) y también sobre la desvinculación de la otrora prefecta general de la PDI, Consuelo Peña.

“La Contraloría habló y dijo expresamente que la exministra de Seguridad había incumplido sus funciones y atribuciones y había excedido lo que era la legalidad en Chile, infringiendo además el deber de abstención”, señaló al respecto el parlamentario democratacristiano, quien además formuló uno de los requerimientos a Contraloría.

“Hoy día que la Contraloría ha señalado esta decisión tenemos que evaluar qué más vamos a hacer. No basta con que se pida disculpas, no basta con que se diga que la ministra no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del gobierno en el sentido de que se excedieron estas atribuciones y que nunca más un ministro o ministra requerirá antecedentes de policías que están investigando delitos", añadió al respecto.

En esa línea, el diputado criticó la acusación contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, sobre la que señaló que fue acusado “por mucho menos”.

“Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional por cuanto aquí, derechamente, es la Contraloría la que ha dicho que se han infringido deberes que están hoy día en la Constitución y las leyes. Esto es un pronunciamiento de contraloría. No es una decisión política

La Contraloría cuestionó a Trinidad Steinert por pedir antecedentes en un oficio reservado sobre el traslado de detectives en una causa llevada en Iquique en enero pasado.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, señala el dictamen de Contraloría.

Otra de las consultas realizadas por los diputados fue la juridicidad de la desvinculación de la otrora prefecta general de la PDI, Consuelo Peña.

Sobre este asunto, el ente fiscalizador consignó que finalmente se habría ajustado a derecho.

“Mediante el decreto supremo N° 53, de 2026, del MSP, se dispuso el retiro absoluto de esa funcionaria directiva, a contar del 20 de marzo de este año, acto que fue cursado por esta Contraloría General el 10 de abril de la anualidad en curso, por ajustarse a derecho", explicó en la respuesta de la división jurídica de Contraloría.