Pleno de la Convención rechaza en general informe que contiene normas sobre modelo económico, autorizaciones mineras y uso de aguas

Se trata del segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, que tras este rechazo deberá volver a dicha instancia para modificaciones. El informe contenía un artículo que cambia los derechos de agua por autorizaciones de uso y otro que reemplaza las concesiones mineras por autorizaciones entregadas por el Estado.




Entre convencionales que vociferaban “traición, traición, traición, traición”, este jueves los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico dieron un punto de prensa luego de que el pleno rechazó en general, con 98 votos favorables, 46 en contra, y 8 abstenciones, todo el segundo informe que había despachado dicha comisión, el cual, entre otras cosas, contenía normas sobre modelo económico; cambiaba los derechos de agua por autorizaciones de uso; y reemplazaba las concesiones mineras por autorizaciones que entrega el Estado.

Todo ello ahora deberá volver a la comisión para elaborar un informe de reemplazo con modificaciones que logren alcanzar consensos en el pleno. Los coordinadores no escondieron su molestia. La convencional Camila Zárate (Pueblo Constituyente) partió comentando: “Lo lamentamos profundamente, y espero que aquellos que hoy día rechazaron y se abstuvieron, mediten, mediten lo que hicieron el día de hoy”.

El convencional Juan José Martin (INN) continuó diciendo: “Esto es absolutamente lamentable y es un revés a las confianzas que estaban depositadas en los acuerdos que este informe trae (...) Hoy día había confianzas depositadas en el espacio, que no fueron cumplidas. Esto, por supuesto, trae complejidades que la comisión las va a saber remontar”.

Cuando fueron consultados sobre cómo se explica el rechazo que dieron quienes habían comprometido su voto favorable, fue cuando otros convencionales comenzaron a vociferar “traición, traición, traición, traición”.

Ahí la convencional Constanza San Juan comentó: “No tenemos explicación, no nos han dado explicación tampoco, habían acuerdos, habían conversaciones (...) Esta es una decisión totalmente irresponsable por parte de: Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César Valenzuela, Renato Garín, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana, Ramona Reyes. Ellos van a tener que responderle a todo el país”.

Todos ellos pertenecen al Colectivo Socialista, con excepción de Garín. Por otro lado, los convencionales del Colectivo del Apruebo se abstuvieron en esta votación. En todo caso, antes de que se votara el informe, ya se rumoreaba que podría resultar rechazado en general.

En la previa de la votación, el convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) comentó que “es bien decepcionante que la misma comisión a la cual le rechazamos 39 y medio de 40 artículos, venga de nuevo con un informe que más parece un paper de una ONG ecológica (...) Hacemos un llamado a hacer una reforma profunda en materia de cuidado del medioambiente, pero con responsabilidad, con gradualidad y, particularmente, con realismo, que es lo que no hemos visto en estos momentos”.

El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) cree que “la buena noticia es que se echó abajo un conjunto de normas económicas que iba a dejar colgando de un alambre actividades económicas fundamentales como la agricultura, minería, industria, el comercio, prácticamente todas las actividades económicas y todos los empleos de los chilenos. Normas que daban al Estado un poder para dominar la economía. La mala noticia es que hubo 98 votos a favor de un informe que significa un freno a la inversión minera”.

Por su parte, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, comentó: “Interpretamos la votación como una señal en el sentido de que, además de elevar los estándares medioambientales, es necesario que existan normas que entreguen certeza y estabilidad para el desarrollo de la actividad minera. Reiteramos nuestra disposición a colabora en la búsqueda de alternativas que no perjudiquen la inversión minera, y en consecuencia, el desarrollo del país”

Lo que contenía el informe

Dentro del sistema económico y política fiscal que proponía el informe, se señalaba que los tributos que se recauden ingresarán al erario público del Estado, “salvo las excepciones que establezca esta Constitución”.

Agregaba que “la ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos a la protección y restauración de la Naturaleza y el medio ambiente. La evasión, la elusión y cualquier otra acción encaminada a contribuir menos que lo establecido por el espíritu de la ley, son contrarias a la Constitución”.

Asimismo, establecía que “el Estado participa en la economía del país para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir. Para ello regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla actividades económicas”.

En tanto, en materia económica, señalaba que el Estado “promoverá la justicia social e intergeneracional, la solidaridad, la igualdad sustantiva, el respeto a la Naturaleza y el medio ambiente, el trabajo decente y la democracia económica”.

Por otro lado, el estatuto constitucional de los minerales decía que “corresponderá al Estado guiar la política nacional de toda actividad minera y su encadenamiento productivo, introduciendo criterios democráticos, sociales y ecológicos a la toma de decisiones, y promoverá la diversificación productiva de esta actividad y la generación de valor agregado, a través de la innovación y los conocimientos”.

Y más allá de reemplazar las concesiones mineras por autorizaciones, también se señalaba que “el Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado”.

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