El jefe de la Bancada de la UDI, Henry Leal, junto con el diputado que integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, llamaron a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del juez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.

Esto, luego que se diera a conocer que está siendo investigado por viajar al extranjero, estando con licencia médica tras la investigación que realizó la Contraloría General de la República en mayo de este año. El máximo tribunal logró determinar que 571 trabajadores pertenecían al Poder Judicial, de los cuales 84 eran jueces.

Uno de ellos, Daniel Urrutia, a quien la Corte de Apelaciones de Santiago decidió abrirle un sumario administrativo a mediados de año, por dos viajes que realizó en enero de 2020 y en octubre de 2022.

Tras la confirmación de los hechos, los parlamentarios solicitaron a la Corte Suprema poder aplicar las máximas sanciones en su contra, asegurando que “tal como se ha hecho con otros funcionarios públicos que cometieron este mismo abuso, aquí se deben adoptar todas las medidas disciplinarias que correspondan, más aún porque se trata de un juez que debería velar porque se cumpla la ley”.

“En medio de la grave crisis institucional por la que atraviesa el Poder Judicial, la Corte Suprema tiene la obligación de dar una señal clara y contundente hacia la ciudadanía, en torno a que no seguirán existiendo espacios de privilegios ni tratos diferenciados al interior del sistema”, indicaron.

Añadiendo que “por lo tanto, si un juez de la república, sea quien sea, cometió este abuso en dos oportunidades, es indispensable que el máximo tribunal de nuestro país abra un cuaderno de remoción en su contra y aplique el máximo de las sanciones que correspondan. Porque de confirmarse todos estos antecedentes, estaríamos ante un caso absolutamente grave que debería sancionarse con su expulsión”.

Anteriormente, el juez Urrutia fue sancionado por la Corte Suprema tras autoasignarse una causa judicial asociada al estallido social y liberar a 13 imputados de la denominada “primera línea”.

Por ello, los diputados Leal y Lilayu aseguraron que esta nueva polémica “por sí sola constituye un hecho de la máxima gravedad, porque ya no estamos hablando de sus interpretaciones jurídicas, sino que de un abuso a la fe pública que cometió al hacer mal uso de dos licencias médicas, lo que es inaceptable en cualquier funcionario”.