“Deja mucho que desear, desde el punto de vista de la profundidad”. Con esas palabras, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó el pronunciamiento emitido por la Contraloría que acusa a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert de actuar fuera de sus atribuciones al pedir información reservada a la PDI.

Este martes, en conversación con Radio Agricultura, el senador planteó que “se habla de que no se ejerció en plenitud o no se tiene total claridad de que se haya aplicado las atribuciones que se tienen de parte de la ministra de Seguridad. Y es cosa de leer la ley, es superclaro en el artículo 3 o 4 donde dice que se ejerce un control de las policías”.

Además, Squella afirmó que “cuando se habla del deber de abstención, no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Y aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés”.

Consultado sobre si considera que la entidad, encabezada por Dorothy Pérez, se excede, él respondió: “Hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría (…). A mí me gustaría revisar si es que es correcto que el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado”.

Dentro del oficialismo, Squella es una de las personas más cercanas a Steinert. Él, de hecho, fue quien recomendó su nombre al Presidente José Antonio Kast. Finalmente, la exfiscal se mantuvo 69 días en el cargo y dejó el gabinete al mismo tiempo que Mara Sedini.

El lunes, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), ya había encendido las alertas. “Habría que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”, dijo a radio Duna.

“Tuve un zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país, algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”, agregó Alessandri.

A diferencia de Squella y Alessandri, otros en el oficialismo toman el pronunciamiento relativo a Steinert con más cautela.

“Si bien (la Contraloría) tiene competencia general para revisar la legalidad de actos ministeriales, la controversia surge sobre el estándar aplicado (conflicto de interés ‘potencial’ y deber de abstención), si este estuvo suficientemente fundamentado, y si corresponde a la Contraloría evaluar decisiones con fuerte componente político (…). Tendremos que esperar qué responde la Contraloría al respecto”, sostuvo la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

En Palacio intentan separar las aguas entre las críticas que algunos personeros oficialistas han formulado al reciente dictamen de la Contraloría y la posición institucional del Ejecutivo.

Si bien en privado en La Moneda algunos reconocen incomodidad con el estilo de la contralora, otros en el gobierno sostienen que no resulta conveniente abrir una controversia con un órgano autónomo, cuyo rol fiscalizador -afirman- debe ser respetado. Al mismo tiempo, reconocen que todas las administraciones, sin distinción, han debido enfrentar pronunciamientos incómodos del ente contralor.

Esa línea quedó reflejada en las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien evitó polemizar con el dictamen sobre la actuación de su antecesora, Trinidad Steinert. “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría (...). No me corresponde a mí opinar sobre un juicio de valor”, sostuvo.

Con todo, al interior del oficialismo también existen voces que observan con cautela el protagonismo que ha adquirido la Contraloría bajo la conducción de Dorothy Pérez.

Sin desconocer la legitimidad de su labor fiscalizadora, algunos personeros estiman que el organismo ha asumido una inusitada notoriedad en el debate público a través de dictámenes e intervenciones con impacto político. Pese a esas aprensiones, en Palacio prevalece la convicción de que cualquier diferencia con el ente contralor debe canalizarse por las vías institucionales y evitando una confrontación pública.