El Frente Amplio (FA) quedó en una posición incómoda. La publicación del informe de Contraloría referido a la gestión de ayudas tras el megaincendio por parte de la Municipalidad de Viña del Mar fue un golpe a la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, quien milita en la colectividad.

La Contraloría dio a la jefa comunal un plazo de 15 días para ordenar un sumario y clarificar las situaciones detectadas. Entre ellas, las “diferencias entre los bienes adquiridos por el municipio y los efectivamente entregados” a los afectados por la emergencia.

Con lo que no contaban en el FA es que el golpe a uno de los rostros más importantes de la colectividad sería reforzado por otro militante.

Ayer, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dijo que “todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importantes. Todos los sectores políticos, independientemente de cuál es su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos”.

Respondió con ese llamado a la responsabilidad al ser consultado por los dichos de Ripamonti de horas antes, sobre que “cuando el Estado se entrampa en burocracias, la credibilidad del Estado se pierde”.

La postura de la alcaldesa frente al informe ha sido defender que había que entregar las ayudas y no esperar la burocracia estatal frente a la emergencia que, de acuerdo con datos del municipio, dejó más de cinco mil viviendas afectadas y seis mil familias damnificadas. Se quemó cerca del 30% total de la comuna.

“En la primeras horas, días y semanas la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos ni sus carnets de identidad. No existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”, justificó la jefa comunal.

“Vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz (...) La institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando: tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad, pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde”, agregó.

Hasta el cierre de esta edición, Ramos y Ripamonti no han abordado su cruce*. La directiva del FA, en tanto, ha estado atenta a la discusión protagonizada por los militantes de la colectividad. Sin embargo, han optado por desdramatizar el asunto.

“No veo que haya ninguna discusión (entre ambos). Sabemos, de hecho, que entre los equipos hay muy buena relación. Lo que dice el subsecretario es completamente cierto, así como también lo es el deber de las instituciones de poder asistir a las personas con toda la urgencia cuando priman las razones humanitarias, como fue el caso de Viña del Mar en el incendio. No creo que haya discusión alguna, son situaciones complementarias”, dijo el secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez.

En el círculo de Ripamonti, sin embargo, reconocen que los dichos de Ramos no cayeron bien. Sobre todo, dicen, porque consideran que ellos han sido prudentes con el gobierno, pese a lo lenta que ha sido la reconstrucción en la zona.

De todas formas, la alcaldesa se ha caracterizado por emplazar a La Moneda en varias ocasiones por los avances de la reconstrucción. “Presidente, debo decirle que (...) estos útiles van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse dentro de una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias”, dijo en marzo de 2024, cuando el ministro Nicolás Cataldo entregó útiles escolares en la comuna.

También tuvo diferencias con la hoy exministra Carolina Tohá, los ministros Carlos Montes y Javiera Toro, además de la hoy exdelegada presidencial en la región Sofía González.

No es el único cruce derivado de los informes de Contraloría. La entidad emitió otro en que recrimina a la Delegación Presidencial de Valparaíso por su actuación en la tragedia, cargo que en ese momento era ocupado por González, quien es militante del Partido Comunista (PC) y hoy diputada electa.

Entre las situaciones advertidas en la delegación se encontraron algunas que podrían ser constitutivas de delitos. Junto con ordenar sumarios, se derivaron los antecedentes a Fiscalía y el CDE para que estudien acciones penales. Los fiscalizadores apuntan a pagos por servicios no ejecutados, maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que en algunos casos superan el 500%.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien además es militante comunista, hizo un rayado de cancha esta mañana en base a los informes. En conversación con Radio ADN, la secretaria de Estado planteó que “la emergencia requiere mucha agilidad, disponer de muchos recursos rápido, atender las necesidades, pero todo eso tiene que ser en el marco de la ley”.

“La emergencia no debería justificar nunca irregularidades. Yo entiendo que pueden haber cuestiones de tramitación muy rápidas, por eso muchas veces se permiten los tratos directos y no licitaciones públicas, porque la emergencia requiere cerrar rápidamente contratos para atender con proveedores distintos servicios”, agregó.

Vallejo, de todas formas, destacó que la delegación regional, hoy encabezada por Yanino Riquelme, también del PC, ha colaborado con los organismos fiscalizadores y que el informe ya está en manos de otras instituciones para eventuales acciones legales.

De momento, el PC no se ha pronunciado sobre el informe que golpea a su diputada electa. Desde la colectividad adelantan que posiblemente no haya un pronunciamiento de la directiva, encabezada por Lautaro Carmona.

Quien sí salió a defenderse fue la propia González. A través de un comunicado, la futura parlamentaria aseveró que “cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas. Durante mi gestión como delegada presidencial, cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes. En este caso no fue distinto”.

*Desde la subsecretaria del Interior aclaran que Ramos y Ripamonti sí hablaron durante esta jornada sobre las declaraciones de ambos. Según esa versión, quedaron en buenos términos.