Senado aprueba "ley antisaqueos" con división opositora

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Los senadores Harboe y Goic con el ministro Blumel en la sala del Senado durante el debate.

Partidos del sector votaron separadamente la mayor parte del proyecto, sin embargo, aprobaron en bloque el artículo que tipifica el delito de "saqueos". Iniciativa volverá ahora a su tercer trámite en la Cámara.


Luego de que el Senado aprobara a principios de diciembre la idea de legislar,  este lunes la sala de la Cámara Alta despachó en particular el denominado proyecto de "ley antisaqueos". La iniciativa que busca modificar el código penal para establecer como delito "la alteración a la paz pública" ahora volverá a la Cámara de Diputados para continuar con su tercer trámite.

El proyecto -que surgió de un acuerdo entre la DC y RN y que contó con el patrocinio del Ejecutivo- sufrió modificaciones durante su tramitación en esta corporación respecto de lo que aprobó la Cámara Baja. Pese a los cambios introducidos por la centroizquierda, el sector terminó por dividirse en la votación de la mayoría de los artículos.

Durante la tramitación, en la Comisión de Seguridad y de Constitución en la Cámara Alta, los senadores de oposición presentaron enmiendas para, a su juicio, legislar desde "una hoja en blanco" y cambiar "por completo" lo que despacharon los diputados. Los parlamentarios del sector ingresaron algunas indicaciones con el fin de especificar las circunstancias y definiciones de los delitos y las sanciones correspondientes.

Respecto a los saqueos, el proyecto mantuvo las penas que aprobó la Cámara de Diputados, las que podrían ir desde los 541 días a los 5 años de presidio. Además, se estableció que estos delitos tendrán que ocurrir en una situación de "calamidad o alteración del orden público".

Junto con esto, en la iniciativa se incorporó una sanción de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quienes "sin estar autorizados, interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas", delito que se conoce comúnmente como "el que baila pasa". Las mismas penas tendrán quienes levanten barricadas o interpongan sus vehículos para impedir la libre circulación (ver recuadros).

En la votación de este lunes quedó de manifiesto la división en la centroizquierda respecto al proyecto. Por ejemplo, en el articulado que tipifica las sanciones contra las barricadas, lanzamiento de objetos y el impedimento a la libre circulación, se aprobó (24 a favor y 14 en contra) con votos del oficialismo y algunos de la oposición como los senadores PPD Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Felipe Harboe: los DC Jorge Pizarro y Carolina Goic; y el PS José Miguel Insulza.

En tanto, en el numeral sobre "robo en situación de calamidad" ocurrió la misma situación. Este se aprobó con 20 votos a favor y 9 en contra. Aquí, por ejemplo, la senadora DC Yasna Provoste y el independiente Pedro Araya, que habían rechazado el artículo anterior, se sumaron a la mayoría.

Sin embargo, el artículo específico que tipifica "el saqueo" contó con un amplio respaldo opositor. Esto, debido a que el PS entregó su apoyo en bloque, lo que permitió que dicho numeral se aprobara con 25 votos a favor y cinco en contra (los independientes Carlos Bianchi. Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, el RD Juan Ignacio Latorre y Provoste (DC).

El derecho a reunión

En tanto, este lunes senadores de la oposición ingresaron un proyecto para "garantizar el derecho a reunión". La iniciativa, de los senadores PPD Jaime Quintana y Felipe Harboe, junto con sus pares Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País-PRO), tiene el fin de contrarrestar el anuncio del gobierno sobre la misma materia.

La ofensiva se da a un día de que el ministro de Justicia Hernán Larraín, afirmara que están trabajando en un proyecto de ley para regular la libre reunión, el que ingresarían durante el primer semestre de este año.

Así, la iniciativa de la centroizquierda busca modificar la Ley N° 19.175, específicamente el artículo que regula a los delegados presidenciales. En ese sentido, se propone que la facultad de esa autoridad para velar porque en su territorio se respete el orden público no signifique "en ningún caso la limitación, restricción o suspensión a los derechos garantizados por la Constitución, especialmente lo relativo al derecho a reunirse pacíficamente". b

Los senadores Harboe y Goic con el ministro Blumel en la sala del Senado durante el debate.

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