SII se suma a la pugna final del caso Penta

A días de la audiencia de reformalización y de procedimiento abreviado para los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fijada para el próximo miércoles 13 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, todavía queda una etapa fundamental del proceso que falta por sellar.

Se trata de la multa que los dueños del holding deberán pagar al Servicio de Impuestos Internos por el monto defraudado en la comisión de presuntos delitos tributarios ligados al financiamiento irregular de la política, ocurridos entre 2009 y 2014, por los que fueron acusados por la Fiscalía Oriente.

Según antecedentes de la causa, el perjuicio fiscal total imputado contra Délano y Lavín asciende a cerca de $ 1.700 millones.

Los controladores de Penta lograron llegar a este acuerdo con el fiscal regional Manuel Guerra en abril de este año, a cambio de cuatro años de pena remitida, que evitaría un juicio oral en su contra. El trato también incluyó una condena de dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos para el exsubsecretario Pablo Wagner, con quien también se pactó un abreviado.

De esta forma, la determinación de la multa que deberán desembolsar al SII se convierte en un tema pendiente que resulta clave para zanjar el acuerdo.

Según está establecido en la ley, los imputados deben pagar entre el 50% y el 300% del monto defraudado. En el caso de los dueños de Penta, el 50% del perjuicio fiscal serían cerca de $ 850 millones.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, Délano y Lavín aspirarían a entregar menos del 50%. ¿La razón? Según conocedores de las negociaciones, los controladores aluden a que cuentan con atenuantes y que esto les permitiría disminuir el monto total de la multa, incluso en una cifra menor al 50% establecido por ley.

Hoy, el tema está en manos del Departamento de Defensa Judicial Penal del SII, el que definirá en los próximos días cuál será la suma total que los controladores de Penta deberán desembolsar.

Debido a la complejidad de las negociaciones, se espera que el cálculo final del pago quede zanjado por el SII el día antes de la audiencia fijada para el abreviado. En todo caso, si es que no existe una definición al respecto, el juez podría definir el total de la multa en un abreviado abierto si las partes lo solicitan. Esto es, que se llegue sin un acuerdo respecto a las cifras y se discuta en audiencia su cálculo.

Consultada respecto a estas tratativas, la defensa de Délano y Lavín declinó hacer comentarios.

La tensión con el SII respecto al acuerdo para Délano y Lavín se suma al suspenso que generaron las discrepancias de criterios que hace unos días planteó la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional al fiscal Guerra. Este último busca recalificar el delito de cohecho por enriquecimiento ilícito y así dejar fuera de estos hechos a los controladores de Penta, quienes en un principio fueron acusados por el Ministerio Público de sobornar con $ 42 millones al exsubsecretario Wagner. Sin embargo, para la Fiscalía Nacional los hechos por los cuales se acusó a los dueños de Penta sí configuran soborno y lo técnicamente correcto es mantener la formalización original.

En las últimas horas, sin embargo, las defensas de los imputados han transmitido internamente que el acuerdo sigue en pie.

Además, se encuentra pendiente lo que pueda definir el Tribunal Constitucional, que el viernes puso en tabla para este martes los alegatos respecto a la admisibilidad de un recurso de inaplicabilidad que diputados del PS presentaron en contra del acuerdo al que la Fiscalía Oriente llegó con los controladores del holding. De ser declarado admisible, se podría paralizar la causa.

Un factor importante es la postura del CDE, querellante en el caso, que fijará una posición el mismo martes ante de la audiencia. Esto considerando varios escenarios, entre los que se mencionan la posibilidad de que la fiscalía formalice y decida no perseverar respecto al cohecho. O que el Ministerio Público solicite abreviado sin reformalizar, planteando así la decisión de no perseverar por cohecho y soborno. Ante ambas situaciones, el CDE debe tomar una decisión de cómo enfrentarlo, partiendo por si apoyará o se opondrá al acuerdo.