La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que acudirá a la Contraloría General de la República por lo que califica como “ataques concertados” por parte del gobierno en contra de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos.

La colectividad dirigida por el diputado Guillermo Ramírez cuestiona la prescindencia política de los ministros, tras las recientes declaraciones de los miembros del gabinete que han respondido a las múltiples críticas de la candidata.

En concreto acusa a los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Obras Públicas, Jessica López; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry; de Interior, Álvaro Elizalde; de Seguridad Pública, Luis Cordero; y de Hacienda, Mario Marcel.

Los secretarios de Estado señalados por los gremialistas han protagonizado polémicas con Matthei por sus cuestionamientos al gobierno en diversas materias, como el gasto fiscal, el acuerdo por el litio entre Codelco y SQM, entre otras.

El más reciente fue por la insistencia de la exalcaldesa sobre instalar un penal en el desierto. Sin embargo, la ministra López la emplazó a informarse sobre el proyecto que ya se encuentra en marcha en el Desierto de Atacama, denominado El Arenal.

Y en ese sentido, la UDI sostiene que en La Moneda no han cumplido con la prescindencia política.

A través de un comunicado, la tienda señaló: “Es evidente que al interior del gobierno existe una concertación para atacar de manera sistemática a Evelyn Matthei y así tratar de horadar su candidatura, porque no hemos visto la misma reacción cuando otros aspirantes a La Moneda realizan declaraciones o hacen propuestas. Y este tipo de actuación, de manera tan orquestada y deshonesta, también es una forma de intervencionismo político que, a nuestro juicio, requiere ser investigado por la Contraloría”.

La semana pasada la Contraloría emitió un instructivo en el que llama a no utilizar el organismo como “herramienta de controversia política” de cara a las elecciones de noviembre.

El documento también señala que “quienes desempeñan funciones públicas deben abstenerse de utilizar recursos, tiempos, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas o de apoyo a candidaturas, cualquiera sea su naturaleza”.