Este martes, al término de la sesión de la Cámara de Diputados, las bancadas opositoras aprobaron invocar el artículo 52 de la Constitución que permite fiscalizar los actos del gobierno.

Con la ausencia del oficialismo en Sala, la iniciativa fue aprobada con 68 votos a favor, 2 en contra de las diputadas Camila Musante y Helia Molina y 3 abstenciones.

En concreto, el bloque opositor solicitó al Ejecutivo aclarar los reclamos presupuestarios, especialmente los recursos destinados a las áreas de Vivienda, Salud, bonificaciones a Carabineros, deudas del Estado, programa Gas a Precio Justo y el gasto público que asignarán para la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Aprensiones que deben ser contestadas en un plazo máximo de 30 días.

En sus alegatos apuntan a la deuda del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que acorde a la reclamación sería de más de US$1.000 millones, sin embargo, el Ministerio de Hacienda desmintió el monto y explicó que “la cifra real es menos de 1/9 de ese valor”. Además, aseguraron que toda la morosidad del Plan de Emergencia Habitacional quedará saldada en esta administración.

En el escrito piden que se transparente el detalle y la totalidad de lo adeudado, el posible traspaso de la deuda al próximo gobierno, efectos en el costo de futuras licitaciones, fechas concretas para efectuar los pagos pendientes, entre otros. Estas exigencias también las replican para el Ministerio de Salud, donde afirman que existen cifras impagas con clínicas privadas, centros médicos y otros prestadores.

Los parlamentarios también exigen que La Moneda informe “sobre los costos económico que significará para el Estado la campaña de Michelle Bachelet como candidata a Secretaría General de Naciones Unidas, con indicación de la fuente financiamiento en la Ley de Presupuesto”.

Además de estos puntos, la oposición busca que La Moneda esclarezca los costos del programa Gas a Precio Justo, otras deudas estatales y la bonificación a Carabineros comprometida en la Cuenta Pública de 2024.

Sobre el bono a la policía uniformada acusan que hasta la fecha no se ha efectuado el pago, por lo mismo exigen las razones del retraso, el número de carabineros beneficiados, plazo para cumplir con el compromiso y detalles de la modalidad de pago, dado que aseguran que los recursos fueron aprobados en diciembre del mismo año.