La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente), fue una de las últimas en irse ayer desde la Cámara de Diputados.

Tras la sesión de sala, pasadas las 19.30 h, la ministra sostuvo una extensa reunión con los jefes de bancada y representantes de todas las fuerzas aliadas del gobierno, incluyendo la DC, para abordar la problemática que se generó luego de que la Cámara rechazara la norma que establecía una multa para los ciudadanos chilenos que no concurrieran a las urnas en las próximas elecciones.

En la reunión quedó de manifiesto que el rechazo a la multa y, en general, al voto obligatorio seguía predominando al menos entre los diputados del oficialismo.

De hecho, en la discusión que se dio el martes pasado hubo un grupo de diputados oficialistas que, por razones de principios y también por factores electorales, se opusieron a la multa. Algunos, por ejemplo, siempre han sido partidarios del sufragio voluntario o bien no creen que deba haber un castigo por no participar de los comicios. A ello se ha sumado, además, la presunción electoral de que el llamado “voto obligado” favorece más a candidaturas del PDG y del Partido Republicano.

Incluso, ciertos legisladores han comenzado a transparentar su disidencia a lo que promueve el propio Presidente Gabriel Boric, quien llamó el fin de semana a avanzar con la multa para ciudadanos con el fin de cumplir el mandato constitucional del voto obligatorio.

“Siempre he sido partidario del voto voluntario. Rechacé esta norma porque la multa propuesta era desproporcionada. En la elección pasada la sanción máxima era de $33.000 y, aun así, la participación llegó al 84,9%, una de las más altas en años, sin recurrir a castigos severos. Ahora se proponía una multa de hasta 5 UTM —casi $350.000, equivalente al 70% del sueldo mínimo— y el juez podía duplicarla en caso de reincidencia", señaló el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio).

“Aquí no está en juego el derecho a voto de extranjeros ni la soberanía nacional, como algunos han querido instalar en el debate. Lo que se discutía era si la multa, desproporcionada a mi parecer, aplicaba solo a chilenos y no a extranjeros. Dos personas con la misma obligación reciben trato distinto”, fundamentó Winter, quien es un reconocido cercano al Mandatario.

Otro de los rostros de la disidencia, el diputado Jaime Araya (indep. PPD) dijo que “hay bastantes dudas todavía en los diputados del oficialismo respecto a apoyar una fórmula de voto obligatorio... Hoy día la regla, a esta hora, es que el voto es obligatorio sin multa, y desde ese punto de vista hay quienes pretenden modificar las reglas de la elección. Nosotros entendemos que hubo un acuerdo en el Senado, resulta que ese acuerdo debe haberse conversado a lo menos con los diputados para poder escuchar cuál es nuestra posición. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que tenga la firmeza para resistir esta embestida de la derecha, que pretende cambiar las reglas del juego”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS), otro de los que aleonaron la rebelión, señaló que “nuestra postura fue en base a dos convicciones. No queremos multas obscenas por no votar y queremos resguardar que el destino de Chile lo definan los chilenos. Este proyecto es de iniciativa parlamentaria, no requería al Ejecutivo. La derecha tuvo control de la Comisión de Gobierno Interior por más de tres años y jamás puso en tabla este proyecto. Tampoco tuvo la capacidad de construir un acuerdo”.

Estos fuertes reparos lograron alinear a casi todo el oficialismo y dejaron el martes pasado el proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sin su artículo principal. Tras la votación, se despachó al Senado un texto sin su “corazón”, es decir, sin la multa que refuerza el carácter obligatorio del voto.

Bloqueo legislativo

El hecho molestó profundamente a la oposición, ya que los senadores de derecha habían firmado un acuerdo con Lobos, en el que el gobierno se comprometía a dar una rápida tramitación a la iniciativa de la diputada Pérez -que establece la multa solo a ciudadanos chilenos-, a cambio se allanarse a avanzar con una reforma constitucional que ingresaría hoy el Ejecutivo que restringe el sufragio de los extranjeros para comicios a partir del 2028. Este último punto era el que más complicaba al oficialismo, donde temían que la mayoritaria comunidad venezolana, supuestamente crítica de la izquierda, terminara teniendo una incidencia gravitante en las elecciones.

A juicio de los senadores opositores, el rechazo de los diputados oficialistas a la multa para reforzar el voto obligatorio vulneró ese acuerdo, por lo que en represalia decidieron bloquear toda la agenda legislativa del gobierno, medida que seguía en suspenso hasta el cierre de esta edición.

Boric apoya multa

El fin de semana, para despejar dudas, el Presidente Boric dio un respaldo a las gestiones de la ministra Lobos. “El voto en Chile hoy día es obligatorio, nosotros como gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar. Por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio, porque es lo que corresponde y como gobierno vamos a honrar este acuerdo al que ha llegado nuestra ministra”.

No obstante, a pesar del llamado del Mandatario, los diputados del oficialismo seguían en rebeldía.

En la cita que sostuvo Lobos con los representantes de las bancadas de la alianza de gobierno, ellos mayoritariamente le transmitieron su disconformidad con establecer una multa por no votar, al tiempo que le cuestionaron que se partiera con un acuerdo con la derecha antes de lograr un consenso en la alianza gubernamental.

Algunos jefes de bancada hicieron, además, más peticiones como lograr una efectiva restricción del voto de los extranjeros, reducir el monto de reembolso de cada voto para los partidos y tratar de bajar al máximo la sanción monetaria por no concurrir a las urnas.

No obstante, los únicos que adhirieron al llamado del Presidente Boric fueron los DC, quienes en la reunión estuvieron representados por su jefe de comité, Héctor Barría. “Nosotros estamos en una postura de responsabilidad. Hay que cumplir con la Constitución”, dijo Barría hoy al ser consultado por la tercera.

En la cita participaron, además, los diputados Juan Santana, por el Partido Socialista; Claudia Mix, por el Frente Amplio; Cosme Mellado, del Partido Radical; Héctor Ulloa, del comité independiente PPD; Luis Malla, por el Partido Liberal, y Matías Ramírez, del Partido Comunista.

La ministra secretaria general de la Presidencia se había reunido el lunes en la mañana con senadores y diputados de oposición en la oficina del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), con quien volvió a juntarse este martes para sondear plazos de tramitación de las reformas que serían parte de un acuerdo.

Lobos luego sostuvo encuentros en el Senado, en particular con la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien está cargo de tramitar la reforma sobre la multa, en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno. Además, almorzó con senadores del oficialismo, quienes, a diferencia de sus diputados, al menos estaban dispuestos a avanzar con el resistido proyecto.