Fiscalía revela que 18% de los delitos económicos terminan con salida judicial y solo 4% con sentencia condenatoria

Según el reporte de la Fiscalía, de los 58.171 delitos económicos y tributarios registrados en Chile al primer semestre del presente año, sólo 10.827 tuvieron algún tipo de salida judicial, dentro de los cuales apenas 2.110 tuvieron como resultado una sentencia definitiva condenatoria. Abogados especialistas en esta materia piden una mayor dedicación del Ministerio Público.


Un escenario nada alentador en la persecución de los delitos económicos es el que devela el último boletín estadístico del Ministerio Público que abarca los meses de enero a junio de 2022.

Según el reporte de la Fiscalía, de los 58.171 delitos económicos y tributarios registrados en Chile al primer semestre del presente año, solo 10.827 tuvieron algún tipo de salida judicial, dentro de los cuales apenas 2.110 arrojaron como resultado una sentencia definitiva condenatoria, es decir, el 4%. Solo durante el primer semestre de 2016 se había registrado el mismo porcentaje.

A pesar de ello, se nota una baja en el número total de este tipo de delitos si se consideran los primeros semestres de 2020, 2021 y 2022, pasando de 66.810 y de 66.580, a 58.171, respectivamente. En 2019 los delitos económicos y tributarios alcanzaron su mayor nivel, con 95.545 casos registrados, según el reporte de la entidad persecutoria en una revisión realizada por Pulso.

Entre abogados y expertos en la materia existe preocupación por las cifras que detalla la Fiscalía. Para ellos ha empeorado el servicio que presta la Fiscalía en los últimos cinco a seis años, tanto en la atención, por ejemplo cuando piden una entrevista y el fiscal no asiste al encuentro, como cuando piden copia de la carpeta investigativa y llega con una serie de falencias.

Las mismas fuentes consultadas dicen que la persecución de este tipo de delitos es de largo aliento y que algunos fiscales son de la idea de que debieran ser conocidos a través de un arbitraje. Es decir, fuera de la justicia penal.

Entre los delitos económicos que se incluyen en este tipo penal está desde 2018 la administración desleal, acción que, por ejemplo, imputó fallidamente Clínica Las Condes a su exgerente general, Fredy Jacial.

Según informa en su página web el Ministerio Público, los tipos penales considerados “delitos económicos” son aproximadamente 250, figuras que son sancionadas con penas que van desde una simple multa -como ocurre con algunos ilícitos que atentan contra la propiedad intelectual -, hasta penas que consisten en 15 años de privación de libertad - en delitos como el de quiebra fraudulenta. Al cierre de este articulo, no hubo respuesta del Ministerio Público.

Imagen Fachada del nuevo edificio de la Fiscalía 386

Visión de expertos

Trinidad Luengo, socia de Luengo y Montt, comentó que la investigación de delitos económicos, especialmente en casos complejos, demanda de parte de la Fiscalía destinar mayores recursos para poder abordar sus particularidades, tales como: la existencia de un gran número de víctimas, la alta cuantía de los perjuicios, la necesidad de policías y peritos especializados, la realización de diligencias de largo aliento, la comisión a través de medios informáticos, entre otros factores. Lo anterior, también impacta en la extensión que tienen los juicios orales en este tipo de causas, que muchas veces requieren la atención exclusiva de uno o más fiscales durante varios meses. Por ello, la existencia de Fiscalías de Alta Complejidad a cargo de la investigación de delitos económicos y de corrupción no es baladí.

“El último tiempo se ha resentido que la Zona Metropolitana Oriente no cuente con una Fiscalía de Alta Complejidad que se aboque al conocimiento de los delitos económicos. Ello, pues el volumen de causas que manejan los fiscales de Fiscalías Locales dificulta que puedan destinar recursos suficientes a aquellas investigaciones más complejas, lo que además podría implicar que decrezca su atención respecto de las demás causas”, añadió.

“Por esto, es importante que el Ministerio Público fortalezca las Fiscalías de Alta Complejidad, contando con una unidad especializada a nivel Nacional, además de poder apoyarse en policías capacitadas especialmente, así como también poder contar con reformas legislativas que tiendan a hacer más expedito el desarrollo de los juicios orales, tratándose de delitos económicos”, concluyó.

Por su parte, Guillermo Chahuán, socio de Chahuán, Letelier y Lledó, sostuvo que “la inexistencia de una adecuada investigación y juzgamiento de los casos en que se atribuyen delitos económicos se debe a una combinación de malos factores, que podrían resumirse en excesiva demora de las policías especializadas en la confección de los informes policiales; escasa preparación técnica de las policías para la elaboración de las pericias pertinentes, y desinterés de muchos fiscales en investigar delitos económicos, especialmente administraciones desleales o fraudes cometidos al interior de empresas, pese a que existe una clara decisión del legislador, desde hace años, de establecer responsabilidad penal por estos ilícitos, y no solo civil”.

“Me parece que solo eliminando conjuntamente esa mala combinación podremos progresar hacia un sistema penal que se tome más en serio la investigación y juzgamiento de delitos económicos”, acotó.

Por último, Alejandro Awad, socio de BACS Abogados, explicó que “los delitos económicos complejos, lo son en varios sentidos. Primero, por la cantidad de información que debe ser procesada. Segundo, porque esa información debe comprenderse a la luz de la lógica de cada negocio, lo que implica dedicar tiempo y recursos a entender la lógica interna del contexto en que se desenvolvieron los hechos. Tercero, porque suponen preparación en contabilidad y en otras áreas del conocimiento económico. Por último, porque al menos desde el 2018 suele tratarse de figuras penales nuevas, desarrolladas en el extranjero, en que hay poca literatura chilena y prácticamente ninguna jurisprudencia”.

Añadió que “todos estos elementos reclaman el desarrollo de divisiones especializadas dentro de la fiscalía a lo largo del país, de preferencia interdisciplinarias, en que trabajen coordinadamente fiscales, abogados de perfil académico y contadores, dedicados exclusivamente a la investigación de estos hechos. A esto debería sumarse un trabajo coordinado con otras agencias fiscalizadoras. Mientras esto no ocurra, me temo que un aumento de las condenas se haría sacrificando la racionalidad y justicia de los procedimientos y la coherencia de las decisiones”.

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