Gobierno publica fórmula para medir quiénes serán los nuevos beneficiarios de la PGU, pero surgen críticas

Foto: Patricio Fuentes

El gobierno publicó en el Diario Oficial lo último que faltaba para poder empezar a seleccionar a los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal: el test de afluencia. Sin embargo, quienes fueron parte del gobierno anterior, así como un exmiembro del Consejo Consultivo Previsional (CPP), critican que el instrumento de medición no estaría en línea con el espíritu de la ley, y que no se consultó al CPP.




La semana pasada el gobierno publicó en el Diario Oficial lo último que faltaba para poder empezar a seleccionar a los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En concreto, desde febrero la PGU se entrega al 60% de la población de menores ingresos, que son justamente todas aquellas personas que ya recibían los beneficios del Pilar Solidario previo a que se aprobara la PGU en el Congreso en enero de este año.

Pero la segunda etapa de la PGU contempla entregar estos beneficios a más personas, incorporando al 90% de la población, es decir, solo se excluye al 10% más rico. Con ese objetivo, se definió que se diseñaría un nuevo instrumento de medición para distinguir quienes pueden o no acceder. Si antes se medía quiénes están en el 60% de menores ingresos, ahora lo que se buscaba hacer era que, mediante un llamado “test de afluencia”, se pudiera medir quiénes son los que se encuentran en el 10% de mayores ingresos del país.

Ese test de afluencia fue la fórmula matemática que publicó la semana pasada el gobierno. Sin embargo, quienes fueron parte del gobierno anterior, así como un exmiembro del Consejo Consultivo Previsional, critican que el instrumento de medición que publicó el Ejecutivo sigue la misma lógica de medición que existe actualmente, con algunos cambios que permiten extenderla desde el 60% al 90% de la población, por lo que argumentan que no estaría en línea con el espíritu de la ley.

La segunda gran crítica, es que no se consultó sobre la materia al Consejo Consultivo Previsional (CCP). De hecho, en la resolución que publicó el gobierno, se señala explícitamente que dicho Consejo “a la fecha de dictación de esta resolución, se encuentra constituido únicamente por su Presidenta, la señora Alejandra Krauss Valle, y la consejera señora María Cecilia Cifuentes Hurtado, según certificación de 12 de julio de 2022, de la secretaría de ese Consejo, no reuniendo el quórum mínimo para sesionar”.

La economista y consejera del CCP, Cecilia Cifuentes, comenta que en esta publicación “no se define cómo se incorpora la exclusión del 10% más rico. Es muy similar a la fórmula usada hasta ahora para definir el 60%. Por otra parte, el que no haya habido quórum en el CCP es de exclusiva responsabilidad del gobierno”.

El exministro del Trabajo, Patricio Melero, comenta: “Más que un test de afluencia, lo que se está planteando es un test de focalización, en circunstancias en que la esencia de la PGU, tal como lo dijo la Comisión Bravo en su momento, es incorporar el test de afluencia con el fin de dejar fuera de los beneficios al 10% más rico. Se toma básicamente la variable ingresos, pero no vemos en el algoritmo que se considere los factores patrimoniales, como bienes raíces u otro tipo de bienes que incrementan la riqueza del potencial beneficiario, o al menos no se desprende de la información que contiene el decreto”.

Melero también cree que “falta que se entreguen algunos antecedentes, un informe técnico de los elementos que se tuvieron presentes para construir la fórmula, porque hay dudas que no las veo en el decreto. Por ejemplo si se tomó la Casen 2020, o la anterior, que es de 2017. Esto no es menor porque se establecen puntajes”. Y puntualiza que hay una gran diferencia entre la Casen 2020 cuando hubo una fuerte caída de ingresos por la pandemia, y que se hizo telefónicamente, versus la anterior.

Por su parte, a la académica del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Karol Fernández, le “parece impresentable que el cálculo del puntaje de focalización ni la fórmula de cálculo de este haya tomado en consideración la opinión del CCP”.

Fernández, quien también fue jefa de la Dirección de Estudios Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social durante el gobierno anterior, dice que “esta fórmula fue pensada para identificar al 60% de la población más vulnerable y no para identificar al 10% de mayores ingresos, que son a quienes queremos excluir de esta estimación. Quizás lo más oportuno, habría sido elaborar una nueva fórmula que identifique de mejor manera al 10% más rico, considerando por ejemplo variables patrimoniales, en lugar de únicamente ingresos. Este no es un test de afluencia, es un test para identificar al porcentaje de la población por debajo de cierto nivel de ingresos”.

Y lo ejemplifica así: “La fórmula incluye solo ingresos, incluidas las ganancias al capital. Podría darse el caso de una persona que tiene un alto patrimonio, pero bajos ingresos por ganancias al capital, que quede incluida dentro del 90% de menos ingresos. Ejemplo: alguien con una segunda vivienda en la playa, que no recibe arriendos por esa propiedad”.

El profesor de la Universidad San Sebastián y exmiembro del CCP, Gonzalo Edwards, explica que con el test de afluencia lo que se busca es fijar la vara para ver quiénes acceden, para eso hay dos metodologías, una es la que siempre se ha usado para medir al 60%, “que es un test de ingresos, pero ahí surge el concepto de que tal vez es mejor tener un test de afluencia, donde te digan quiénes son ricos, para poder sacarlos. Es un test para ver cuán afluente, cuán rica es la persona. Sin embargo, acá lo que se hizo fue seguir con la metodología equivalente anterior. Probablemente está lo mejor hecho que se puede con ese instrumento. En definitiva, sube la vara del 60% al 90%. El punto es si están bien elegidos los 90% y bien elegidos los del 10%”.

Edwards también critica que no se consultó al CCP, “por supuesto, porque no habían nombrado a las personas”.

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