Proyecto proconsumidor: senadores y diputados fijan su postura ante veto del gobierno para cambiar la norma que prohíbe ofertas con tarjetas de pago

30 de Octubre del 2018/VALPARAISO Fotografias de la Fachada del Congreso Nacional de Valparaiso, tomada desce la punta del Molo. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

El ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que el Ejecutivo modificará esa norma, porque la consideran perjudicial para los consumidores. La medida encontró una mayor recepción entre los senadores, mientras que entre los diputados existen posiciones disímiles.




El 10 de agosto el Congreso despachó el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, más conocida como ley proconsumidor. Dicha normativa traía consigo un polémico artículo ingresado por el diputado Karim Bianchi (independiente), el cual prohíbe entregar descuentos exclusivos asociados al uso de ciertas tarjetas de pago administradas por el proveedor o un relacionado, afectando el acceso al crédito u ofertas de determinadas tiendas comerciales.

A juicio del gobierno la mencionada norma es negativa para los consumidores y, por ello, el ministro de Economía Lucas Palacios ya adelantó que se ingresará un veto sustitutivo para reemplazar ese articulado por uno que regule la materia, pero que no prohíba. “Esta norma en particular no es buena ni para los consumidores ni para las pymes. Confunde dos conceptos que son fundamentales: uno es la tarjeta o los medios electrónicos como forma de pago, y otra la tarjeta como medio de financiamiento. Por ello, las soluciones tienen que ser diferentes”, explicó el sábado en entrevista con Pulso el titular de Economía.

Si bien todavía no está definido cuándo se ingresará el veto, el plazo expira el 9 de septiembre. Ante este escenario que se abre, es fundamental saber cuál es la postura que tomarán los parlamentarios y si hay piso político para aprobar la norma sustitutiva que enviará el Ejecutivo.

Si las dos Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto se transforma en ley y se devuelve al Presidente para su promulgación. Ahora, si se rechaza, el Congreso impone su voluntad a la del Mandatario y éste debe promulgar el texto originalmente despachado por el Parlamento.

Visión en el Senado

En el Senado, las posiciones mayoritarias de los parlamentarios consultados apuntan a aprobar el veto del gobierno, ya que consideran que tal como está la iniciativa, generará un problema a los consumidores. No obstante, añaden que esperan conocer el contenido de la redacción para entregar un juicio más categórico.

Jorge Pizarro (DC) señala que en Comisión Mixta “se trató de buscar una buena redacción para que los consumidores pudieran tener la posibilidad de elegir las ofertas de determinadas tiendas comerciales, pero no había voluntad de algunos colegas”. En ese contexto, en su opinión es positivo que el Ejecutivo envié el veto, puesto que permitirá “corregir una situación que podría afectar la libertad de elección de los consumidores”. ¿ Lo aprobará?: “Tenemos que esperar que ingrese el veto para analizar, pero nos permitirá abrir la discusión nuevamente”, sostiene.

En el oficialismo, José García Ruminot (RN) comenta que sí apoyará el veto. “Es completamente razonable que se busque fidelizar a los clientes y se les premie con descuentos y otro tipo de beneficios. No veo ninguna razón para prohibirlos y negar espacios de libertad que están en el ámbito de las decisiones personales”, indica.

Mientras que José Miguel Durana (UDI) manifiesta su “pleno acuerdo y es más, al momento de la votación del proyecto en Sala, pedí, públicamente al Poder Ejecutivo, la presentación de este veto que permitirá eliminar del proyecto de ley esta restricción que, lejos de ir en beneficio de los consumidores, los afecta y perjudica, criterio compartido por la Fiscalía Nacional Económica”. Para el legislador, “si el proyecto no se modifica, implicaría que los proveedores no podrán ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago determinado, de tal forma que se está limitando y reduciendo significativamente los descuentos a los cuales los consumidores pueden acceder y disminuye el acceso al crédito asociado a una compra determinada, en especial a los consumidores de menores recursos”.

Una posición contraria entregó el senador Carlos Bianchi (independiente), quien anticipó su rechazo a la norma. “Esa es la mayor demostración que el gobierno y el señor Lucas Palacios están defendiendo los intereses de estas empresas y no de los consumidores”, dice. Y agrega que “ya tienen hecho el lobby para tener los votos, es probable que sea aprobado, pero no contará con mi voto”.

Las posiciones en la Cámara Baja

Los diputados de Chile Vamos apoyan el veto que presentará el gobierno. Así lo aseguran Miguel Mellado (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Gonzalo Fuenzalida (RN). Mellado afirma que “lo aprobaré de todas maneras. Lo solicitamos en reiteradas oportunidades. Espero que llegue luego y se apruebe rápido”.

En tanto, Cruz Coke comenta que “este es un veto pedido por parlamentarios de forma bastante transversal. Lo que busca es reponer que los proveedores de retail puedan hacer descuentos asociados a su medio de pago. La ley quedó con una prohibición de este tipo de descuentos. Esta prohibición perjudica a los consumidores, porque este tipo de descuentos permite acceder a muchos bienes a precios más bajos”.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez dice que “lo estamos viendo, pero en principio me parece razonable. Esa prohibición lo que hace es emparejar los precios hacia arriba, no hacia abajo. En otras palabras, no es una norma pro consumidor”.

En la vereda de la oposición no hay una única visión. Entre los que se declaran evaluando el tema se encuentra el diputado Gabriel Silber (DC): “Lo estudiaré con seriedad, es un tema muy debatible y existen buenos argumentos para sostener la aprobación del veto”, puntualiza.

En contra se manifiesta el diputado Marcelo Schilling (PS). “Lo rechazaré”, dice el parlamentario. También está en contra el diputado Marcos Ilabaca (PS), pues señala que “lo que hace este gobierno no nos sorprende nunca, siempre ha tenido un interés proempresas, siempre va a defender a los poderosos, y en la medida en que sigan existiendo instancias en las cuales pueda apoyar al empresariado, lo va a seguir haciendo. Al Presidente de la República no le interesan los chilenos y chilenas, le interesan los mercados, los grandes capitales, los empresarios y lo demuestra con este veto sustitutivo”.

Misma posición tiene el promotor de la iniciativa, el diputado Karim Bianchi (independiente): “Me parece que es impresentable e inmoral la defensa que hace el ministro de las ‘lucas del Palacio’. Lo que buscábamos no era limitar la oferta, sino que fueran reales y universales, que cualquier persona pudiese acceder a una oferta, y no darle un mayor valor a un determinado medio de pago sabiendo que este medio de pago luego tiene costos asociados a mantención, intereses, por lo tanto, nuestro objetivo eran ofertas reales y universales, y esto iba a beneficiar a la gente, porque con esto buscábamos establecer una guerra de precios, que hubiera una competencia real”.

Por todo lo anterior, el diputado Bianchi dice que “la defensa que está haciendo hoy día el gobierno mediante este veto, pasando a llevar la voluntad del Congreso democráticamente expresada en una mayoría que votó a favor esto, me parece que es ponerse hoy día al servicio de un grupo económico”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PC, e integrante de la Comisión de Economía, diputado Boris Barrera, comenta que “en primer lugar, me parece que el anuncio del Ejecutivo de enviar un veto aditivo al proyecto va contra la voluntad popular expresada en la decisión mayoritaria del Congreso que aprobó la iniciativa en todas las instancias en las que se discutió, incluida la Comisión Mixta”.

Además, Barrera dice que “la medida que pretende el gobierno solo busca incentivar el uso de las tarjetas y con ello, aumentar el sobreconsumo y endeudamiento de las familias chilenas que ya enfrentan dificultades económicas a raíz de la pandemia, como es el aumento de la morosidad por las cuentas de servicios básicos, solo por mencionar algunas”.

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