Ahorros, reasignaciones, deuda: el listado de recomendaciones que hizo el CFA en medio de las mayores presiones de gasto para enfrentar la crisis

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En un informe titulado “Consideraciones de sostenibilidad fiscal ante la prolongación de la crisis del Covid-19”, el Consejo Fiscal Autónomo sostuvo que “aunque la situación fiscal se ha ido estrechando, el Consejo considera que aún existen espacios para adoptar medidas adicionales, pero al mismo tiempo plantea la importancia de que estas sean adoptadas bajo criterios de responsabilidad fiscal.




La pandemia del coronavirus, surgida casi inmediatamente después del estallido social, devino en una severa crisis económica que ha obligado al gobierno a maximizar el uso de los recursos fiscales para entregar ayuda social a la población.

Bonos a las familias, ingresos de emergencia, asistencia y flexibilidad para las pymes son algunas de las medidas adoptadas por la autoridad para hacer frente a la peor crisis desde 1982.

Sin embargo, estas iniciativas parecen no ser suficientes, lo cual ha generado un intenso debate político en torno a un mayor gasto. Y eso es precisamente lo que técnicos y expertos miran con especial atención por el impacto en las arcas públicas y en la disciplina fiscal.

Justo en medio de esa discusión, el Consejo Fiscal Autónomo, el órgano técnico que busca contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central, evacuó un informe con una serie de recomendaciones para mantener la buena salud de las finanzas públicas, en medio de las mayores presiones de gasto y propuestas para financiarlo.

El informe, denominado “Consideraciones de sostenibilidad fiscal ante la prolongación de la crisis del Covid-19”, contiene 10 puntos en los que recomienda eficiencia en el gasto, transparencia y seguimiento del mismo, y también cálculos sobre, por ejemplo, el impacto en la regla de superávit estructural.

“Aunque la situación fiscal se ha ido estrechando, el Consejo considera que aún existen espacios para adoptar medidas adicionales, pero al mismo tiempo plantea la importancia de que estas sean adoptadas bajo criterios de responsabilidad fiscal y que se generen consensos respecto de la necesidad de una consolidación fiscal posterior. Esto, dado que el país acumula varios años de déficits fiscales, incumplimiento de metas de balance estructural y un fuerte aumento del endeudamiento público. Así, de acuerdo a las últimas proyecciones de la Dirección de Presupuestos, para 2021 se prevé que tanto el déficit estructural como la deuda neta, alcanzarán sus niveles más elevados de las últimas tres décadas”, sostiene el CFA.

En ese contexto, la entidad liderada por Jorge Desormeaux plantea que haya distinción entre las medidas transitorias para superar la crisis y reformas más profundas.

Atendiendo la mayor demanda de recursos requerida para las asistencias sociales, el CFA propone una mezcla de uso de los ahorros públicos, reasignaciones fiscales y también endeudamiento, pero siempre estimando su impacto en la deuda para evaluar su sostenibilidad.

A continuación, el detalle de las recomendaciones.

  1. Las medidas que se defina implementar debieran apuntar a los efectos transitorios de la crisis y, por tanto, ser esencialmente temporales. En este sentido, estas deberían ser retiradas una vez concluida la crisis y mitigados sus efectos, siendo recomendable establecer plazos máximos en las normas que las creen.
  2. Las medidas de emergencia debiesen tratarse de manera independiente de potenciales reformas que busquen solucionar problemas estructurales de política pública, las que tendrán que ser discutidas en su propio mérito y debida oportunidad, incluyendo sus respectivas fuentes permanentes de financiamiento.
  3. El gasto fiscal adicional debería ejecutarse velando por la mayor eficiencia posible y destinándose a las medidas consideradas prioritarias. Se recomienda contemplar márgenes de flexibilidad, que permitan adaptar el tipo, duración y retiro de las medidas, según sea requerido o cuando se cumplan condiciones predefinidas.
  4. Dentro de las posibles fuentes de financiamiento de corto plazo se sugiere explorar una combinación de utilización de ahorros y mayor deuda bruta, en función de la conveniencia de las condiciones crediticias externas o internas y de la mantención de suficientes espacios de liquidez. Asimismo, también se sugiere considerar reasignaciones de otros gastos y/o medidas que generen ingresos fiscales transitorios.
  5. Respecto al mediano plazo y la necesidad de una consolidación fiscal, se sugiere avanzar en acuerdos sobre nuevas fuentes de financiamiento considerando sus impactos recaudatorios, distributivos y económicos.
  6. Para el marco de gasto y medidas que se acuerden, deberían realizarse estimaciones de sus efectos sobre el balance estructural y la trayectoria de la deuda neta de mediano plazo, para así poder evaluar su sostenibilidad.
  7. Considerando que las medidas de emergencia significarán nuevos desvíos de las metas de balance estructural, sería necesario acordar una senda de convergencia posterior que garantice la sostenibilidad fiscal a un ritmo realista pero exigente.
  8. Dado que parte de las medidas implementadas para enfrentar la crisis, y otras que se pudieran agregar, inciden en los pasivos contingentes del Fisco, debiese realizarse un monitoreo periódico y exhaustivo de los mismos.
  9. Se recomienda que el Gobierno dé cuenta periódica y detalladamente de los avances en la implementación de los planes que se definan.
  10. Por último, el Consejo hace presente la relevancia de avanzar en fortalecer la institucionalidad y credibilidad en materia fiscal, complementando la regla operacional con un ancla fiscal, cláusulas de escape y mecanismos de corrección. Esto no sólo generaría beneficios de largo plazo al asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también potencia el impacto de las políticas públicas en el corto plazo. Señales creíbles de una consolidación fiscal posterior a la crisis, harían posible incurrir en un mayor déficit y endeudamiento en lo inmediato, atenuando el impacto sobre las tasas de interés y las condiciones de financiamiento de las familias, las empresas y el Estado

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