Ya se ha vuelto una tradición que la evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que involucra a los funcionarios estatales -y por la que reciben importantes bonos- tenga inexplicablemente altos niveles de cumplimiento. El programa fue creado en 1998 y se diseñó para otorgar incentivos monetarios a los servicios públicos que cumplen con éxito su gestión.

Lo realmente incomprensible es que en los últimos cinco años los niveles de cumplimiento máximo superen ininterrumpidamente el 99%. Solo hay dos alternativas que expliquen estos inusuales niveles de rendimiento: o existen problemas en la forma cómo se calcula la evaluación o el Estado chileno es uno de los más eficientes del mundo.

Para intentar despejar las verdaderas razones, el ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) aporta elementos de juicio que permiten evaluar el desempeño de nuestros funcionarios públicos a nivel agregado. Es sintomático que pese a estar ubicados en la posición 33 en el ranking general de competitividad, en el tópico "desempeño del sector público" Chile descienda a la ubicación 54. Otro elemento a considerar es que entre los factores que identifica el WEF como más problemáticos para hacer negocios aparezca en la segunda posición la burocracia gubernamental ineficiente.

No es necesario recurrir a sofisticados indicadores de comparación internacional para descubrir el bajo estándar en materia de desempeño público. Bastaría con visitar alguna oficina de Aduanas, el Sename o el Compin para formarse un juicio acabado sobre el real nivel de eficiencia que entregan las dependencias públicas.

Es evidente que la evaluación de desempeño que se aplica a los funcionarios públicos no entrega los adecuados incentivos para mejorar su gestión, y la actual se ha transformado más bien en un bono que se entrega a todo evento y que impide diferenciar a los funcionarios que realmente se esfuerzan por mejorar su trabajo. Urge, por lo tanto, un rediseño del instrumento, el que debiera incorporar como mínimo los niveles de satisfacción que tienen los usuarios privados de cada repartición pública.