El conflicto entre el Estado de Chile y la firma colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) por la negativa a otorgar prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico volvió a activarse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El pasado 17 de julio, la secretaria general del organismo, Martina Polasek, notificó a las partes la suspensión provisional de la ejecución del laudo arbitral. La medida se adoptó luego de que la República de Chile solicitara formalmente la anulación del fallo dictado en mayo, que lo condenó a pagar una indemnización de US$20 millones a ISA, una cifra muy inferior a los más de US$270 millones que la empresa había reclamado en un inicio.

Desde la Cancillería explicaron a Pulso que “la solicitud de anulación parcial presentada por Chile busca dejar sin efecto únicamente esta parte de la decisión del tribunal, por considerar que la mayoría del tribunal excedió sus facultades e incurrió en otras causales de anulación del laudo establecidas en el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”.

“Si bien el Tribunal Arbitral desestimó por unanimidad la gran mayoría de las reclamaciones de ISA, condenó a Chile a restituir a la compañía la suma de US$16.094.120 de los más de US$235 millones reclamados”, añadió.

“Las probabilidades estadísticas de una anulación equivalen aproximadamente al 13-18% de las solicitudes de anulación presentadas ante el Ciadi”, acotó Cancillería.

Las reglas del Ciadi no establecen un plazo para resolver las solicitudes de anulación de los laudos dictados por tribunales arbitrales. Sin embargo, de conformidad con la práctica de las comisiones de anulación, se prevé que el proceso podría demorar hasta 2 años.

En los próximos meses el Ciadi nombrará a los tres miembros del Comité de Anulación, quien deberá decidir sobre el mérito de las reclamaciones de Chile para anular el fallo. Posteriormente, se abrirá un plazo para que las partes presenten sus memoriales de anulación, contestación, replica y dúplica respectivamente. Finalizada esta etapa el Comité llamará a las partes a una audiencia y posteriormente resolverá de conformidad con el mérito del proceso.

Frente a la nueva arremetida legal emprendida por el Estado de Chile, ISA explicó a Pulso que “De acuerdo con las facultades previstas en el procedimiento ante el Ciadi, las partes pueden solicitar la nulidad total o parcial de un laudo. En este caso, la República de Chile presentó una solicitud de nulidad parcial con fecha 8 de julio de 2025, la cual fue notificada a ISA el 10 de julio. La compañía continuará monitoreando el desarrollo del proceso para evaluar los pasos a seguir”.

Conflicto

En su sentencia el Ciadi reconoció los graves hechos de violencia ocurridos en la zona de La Dormida, que afectaron la ejecución del Proyecto Cardones-Polpaico. Entre los eventos destacados, se incluyó un ataque en el que un grupo de personas destruyó materiales e incendió instalaciones utilizadas por las cuadrillas de trabajo de Interchile, obligando a suspender las labores en el área. Asimismo, se señaló que trabajadores de EDEMSA, contratistas de Interchile, fueron amenazados por encapuchados armados, quienes destruyeron herramientas y equipos, generando retrasos importantes en las obras.

El conflicto tiene su origen en la ejecución del Proyecto Cardones-Polpaico, una línea de transmisión de 753 kilómetros que fue concebida como una obra de interés estratégico nacional para la modernización del sistema eléctrico chileno. Adjudicado en 2012 a Interconexión Eléctrica (ISA) a través de su filial Interchile, el proyecto enfrentó múltiples dificultades durante su construcción, incluyendo retrasos en la obtención de permisos, conflictos sociales, actos de violencia y sabotaje, y obstáculos administrativos.

ISA argumentó que muchos de estos retrasos se debieron a eventos de fuerza mayor y a omisiones por parte del Estado chileno, como la falta de coordinación entre entidades públicas y la insuficiente protección frente a los actos violentos. No obstante, el Ministerio de Energía rechazó las solicitudes de prórroga presentadas por Interchile y aplicó multas millonarias por supuestos incumplimientos de plazos, las que ascendieron a más de US$ 80 millones.

La demandante, al no encontrar resolución en las instancias administrativas, llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando que las acciones y omisiones del Estado chileno violaron el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile, afectando sus derechos como inversionista extranjero y generando daños económicos y reputacionales significativos.

ISA contó con la asesoría legal de los estudios Dechert (Francia) y Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados (Chile), mientras que el Estado de Chile fue representado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el estudio Three Crowns (Reino Unido).