El gremio que reúne a las principales instituciones de salud privada del país, Clínicas de Chile, está en alerta por el fuerte aumento que ha registrado en los últimos meses la deuda que mantiene el Estado con ellas por la atención de pacientes que pertecen a Fonasa. Particularmente preocupa lo que ha ocurrido desde mayo.

Según sus antecedentes, si al quinto mes del año la deuda pública con las clínicas era de $288.634 millones (unos US$297 millones), en julio esta llegó a $364.370 millones (US$375 millones), lo que constituye un incremento de $75.736 millones (US$78 millones) en un bimestre, es decir, de un 26,2%.

“Esta situación de incremento de la deuda es altamente preocupante porque se trata de un aumento sostenido. Las estimaciones para el mes de agosto son igual de alarmantes", plantea el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida. Lo que ha ocurrido desde mayo lo califica como “un aumento significativo e inquietante”.

Explica que el gremio realiza un seguimiento permanente de los niveles de deuda que tienen por parte de las aseguradoras privadas (isapres) y del sistema público. Producto de este ejercicio es que detectaron la situación que mencionan, pero también por “la alerta que hemos recibido de manera muy generalizada de parte de nuestros asociados”, asegura.

De hecho, anticipan que la deuda total para agosto seguiría al alza y que podría superar los $400 mil millones (más de US$400 millones).

A juicio de Fuenzalida, hasta hace algunos meses esto no era un problema mayor, porque “estábamos con una deuda corriente que era manejable, pero ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses como consecuencia del no pago”.

El presidente de Clínicas de Chile enfatiza que si bien Fonasa es el que les adeuda todo ese monto, “siendo muy claro en esto, conocemos cómo funciona el modelo, y finalmente es consecuencia de una política hecha por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y (Ministerio de) Hacienda, que no liberan los recursos. Lo que esto genera, en términos concretos, es que Fonasa ha dejado de pagar”.

Fuenzalida puntualiza que “Fonasa, de cierta forma, es la cara visible del problema. Entendemos los ajustes fiscales y la regla fiscal, lo tenemos claro, pero el problema de fondo, y a lo cual nosotros apelamos, es a que la salud de los pacientes no puede quedar en espera. Ese es el punto”.

En ese sentido reclama que “estos no son recursos adicionales para pagar cosas futuras, estas son prestaciones que ya se dieron. En la práctica es una deuda por un servicio que ya se dio”.

El ejecutivo afirma que “esto compromete a los prestadores privados de manera importante”, por una serie de razones. Entre ellas, porque, además de que “se trata de prestaciones ya realizadas”, estima que el 53% de las prestaciones que realizan son a pacientes Fonasa.

Adicionalmente, detalla que de los costos mensuales que cada uno de sus establecimientos debe enfrentar, más del 50% corresponde a personal. En tanto, un 39% de los ingresos de los prestadores privados proviene del asegurador público.

En todo caso, indica que “esto en ningún caso pone en duda que nosotros vayamos a cerrar la cortina y dejar de atender pacientes del sector público, todo lo contrario, para nosotros es una vocación que está dada, lo vamos a seguir haciendo. El punto está en que con este nivel de deuda, se nos hace inviable la operación para muchos, y particularmente para clínicas más chicas”.

Profundiza que “esto es especialmente relevante para los prestadores de salud más pequeños y de regiones, quienes tienen una actividad muy dependiente de los pagos del asegurador público”.

Bajo este escenario, Fuenzalida manifiesta: “Requerimos la regularización urgente de esta situación, con soluciones estructurales que contengan plazos definidos y auditables”. Argumenta que “si la deuda se prolonga y aumenta, afecta la gestión y la administración interna. Es un problema serio para nosotros”.

Hace algunos años, cuando terminó la pandemia, las clínicas ya habían advertido que arrastraban deudas de las isapres y de Fonasa que se habían ido acumulando, y que les urgía su pago. Entre 2022 y 2023 hicieron los últimos llamados de ese tipo, cuando el asegurador público les debía más de $300 mil millones. Ahora levantaron nuevamente las alertas.

El detalle del incremento

De acuerdo a las cifras de Clínicas de Chile, “el aumento de la deuda pública está principalmente concentrado en deudas por Ley de Urgencia y Rebases Fonasa”, exigible y no exigible. Estos montos entre mayo y julio subieron un 56%, alcanzando los $236.728 mil millones, el equivalente a 65% de la deuda total.

Asimismo, “en términos globales, la deuda exigible por Fonasa, que es la correspondiente a prestaciones de salud realizadas al paciente, y que se encuentran prefacturadas a Fonasa, es la que ha experimentado un alza relevante, con un aumento de un 39% entre mayo y julio de 2025. Esta parte de la deuda es la que, precisamente, se esperaría que fuera pagada con prontitud”, señalan desde el gremio.

El cálculo de la deuda pública la hicieron con información de los prestadores privados y del sistema Right Now, que es el sistema informático que Fonasa tiene para los prestadores.

Este pasivo se divide en tres grupos que reflejan los distintos estados de la misma. El primero es la deuda no exigible, que corresponde a prestaciones de salud realizadas al paciente, pero que aún no han sido prefacturadas a Fonasa.

En segundo lugar, la deuda exigible en revisión por Fonasa, que corresponde a prestaciones de salud realizadas al paciente, prefacturadas y que se encuentran en proceso de validación por Fonasa.

Y en tercer lugar la deuda exigible, que son prestaciones de salud realizadas al paciente, y que se encuentran prefacturadas y validadas por Fonasa.