”El año 2025 estuvo marcado por un hito relevante en materia previsional: el avance de la reforma de pensiones. Si bien valoramos la ratificación de elementos estructurales —como la capitalización individual, la libre elección en una industria competitiva y el rol del aporte fiscal en la solidaridad—, mantenemos una visión crítica respecto a que se haya desaprovechado la oportunidad de resolver problemas de fondo que aún afectan al sistema”.

Eso fue lo que dijo el presidente de Inversiones La Construcción (ILC), Juan Armando Vicuña, en la carta dirigida a los accionistas contenida en la memoria anual 2025.

ILC participa en negocios que están muy ligados a la seguridad social. Está en la industria de pensiones en Chile a través de AFP Habitat, en la salud con Red Salud e isapre Consalud, en compañías de seguros de vida vía Confuturo, y en el negocio bancario por medio de Banco Internacional. En Chile también tiene una compañía de seguros complementarios de salud, Vida Cámara. Y con Administradora Americana de Inversiones (AAISA) gestiona AFP Habitat en Perú y AFP Colfondos en Colombia, además de Prudential AGF en Chile, y Prudential SAF en Perú.

”Existen factores determinantes para elevar el monto de las jubilaciones que han persistido en el debate por años y que, sin embargo, continúan sin ser abordados. Entre ellos destacan la creciente informalidad laboral, que reduce el número de cotizantes; la falta de incentivos para disminuir las lagunas previsionales; y la necesidad de ajustar las edades de jubilación ante el rápido aumento de la esperanza de vida, siguiendo la tendencia de los países de la OCDE”; comentó el presidente de ILC en la memoria.

”Respecto al contenido de la reforma, planteamos nuestros reparos oportunamente, pues mantenemos una especial preocupación por la modificación a la política del encaje legal y la licitación de carteras de afiliados”, agregó.

Al respecto, explicó que “en sus actuales condiciones, consideramos que estas medidas no garantizan la debida solvencia de los nuevos administradores —cuyos requerimientos de capital podrían reducirse hasta en un 90% para operar en la industria— y contravienen el objetivo de maximizar la rentabilidad de los fondos. Los ahorros de los trabajadores exigen resguardos superiores a los establecidos por la ley”.

No obstante lo anterior, sostuvo que “la aprobación de la reforma de pensiones representó el cierre de un largo ciclo de debate que generó incertidumbre durante varios años. Más allá de las legítimas diferencias que siempre existen en materias de política pública, este acuerdo permite avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad institucional”.

El gerente general de ILC, Pablo González, también se refirió a este asunto en su carta dirigida a los accionistas. “La reforma previsional aprobada a principios del año 2025 introdujo cambios estructurales que han otorgado mayor certidumbre al sistema tras años de debate. Entre sus elementos se encuentra el incremento gradual de un 4,5% en la cotización individual y un menor requisito para optar a la modalidad de pensión por rentas vitalicias”, detalló.

No obstante, añadió que “persisten dudas sobre la efectividad de asignar el 4,0% de la cotización a un fondo redistributivo y sobre el impacto de las licitaciones de stock en la rentabilidad de los fondos”.

Asimismo, comentó que “la reducción del encaje legal —que podría disminuir los requisitos de capital hasta en un 90%— abre la puerta a que nuevos actores con menor solvencia administren un patrimonio tan crítico para el país como los ahorros de los trabajadores”.

A juicio de González, “estas incertidumbres, sumadas a la omisión de discusiones de fondo sobre la edad de jubilación, las lagunas y la informalidad laboral, dejan pendiente la resolución de elementos que son críticos para una solución previsional sostenible”.

Nuevo gobierno

El presidente de ILC también se refirió a las medidas que pretende impulsar el nuevo gobierno de José Antonio Kast y el papel clave que a su juicio tendrá el crecimiento económico.

”En este año 2026 se inició además un nuevo ciclo político en Chile. El gobierno entrante ha planteado que enfrentará con sentido de urgencia las principales preocupaciones de los ciudadanos, particularmente en materias como seguridad, crecimiento económico y acceso a servicios sociales”, comentó Juan Armando Vicuña.

“Para que el nuevo gobierno avance en estos desafíos es indispensable que vuelva a poner en marcha los motores que impulsan nuestra economía. Esto requiere fortalecer las condiciones para la inversión, avanzar hacia una regulación más eficiente y reducir la incertidumbre que condiciona las decisiones de largo plazo”, agregó.

En ese sentido, dijo que “es clave revalorizar el rol del sector privado y potenciar una colaboración público-privada basada en la confianza mutua para alcanzar el desarrollo”.

Asimismo, señaló que “las sociedades progresan cuando logran combinar iniciativa privada, instituciones sólidas y políticas públicas que miran más allá del corto plazo. Sobre esta base es posible generar más empleo, mejorar los ingresos de las familias y ampliar el acceso de los sectores más vulnerables a servicios de calidad. El crecimiento económico y el progreso social no son caminos distintos: son dimensiones de una misma tarea país”.