El pasado 4 de agosto, Enami presentó un recurso de aclaración ante el 22° Juzgado Civil de Santiago en un contraataque a la demanda por indemnización de perjuicios que interpuso su exdirector y hoy candidato a la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Patricio Céspedes, por un conflicto judicial que partió hace cinco meses con un informe de la Contraloría en su contra.

El 6 de marzo, el organismo contralor emitió un reporte donde daba cuenta de pagos por $10 mil millones a empresas proveedoras de la estatal, cuyos socios eran la cuñada, los sobrinos e incluso la hija de Céspedes, lo que, según el organismo contralor, habría omitido en su declaración de intereses.

El hoy postulante a la Sonami impugnó este informe señalando que él sí realizó, en una sesión de directorio de diciembre de 2019, una declaración de conflicto de interés donde hablaba de las empresas Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, de propiedad de su cuñada e hijos, la que habría solicitado al directorio que fuese incorporada como anexo al acta. También recordó que el 14 de marzo de este año, Céspedes solicitó a la fiscal de la empresa, Javiera Estrada, remitirle copia certificada del documento, pero Estrada le respondió en un oficio N°51 que la declaración de intereses actualizada no había sido incorporada como anexo del acta de directorio, por lo cual no podía ser certificada. De este modo, el hoy presidente de la Asociación Minera de Antofagasta acusó una negligencia de Enami.

Basándose en estos argumentos, Céspedes presentó el pasado 30 de junio una demanda por indemnización de perjuicios por $500 millones por daño moral, dado que Enami habría destruido la imagen de Céspedes y su vida profesional.

Esto, luego de que el 7 de abril interpusiera un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Contraloría, representada por su titular Dorothy Pérez, y de Enami, cuyo representante legal es el vicepresidente ejecutivo Iván Mlynarz, por supuestamente “haber conculcado sus garantías constitucionales” de derecho a la honra y de igualdad ante la ley.

El 17 de abril de 2025, la Primera Sala del tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, rechazo que que fue ratificado por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 11 de junio.

En su respuesta, Enami plantea que la demanda debe ser rechazada por “ineptitud”, dado sus “graves defectos de forma que la hacen vaga e ininteligible”. Explica que la acción legal no expresa “cuándo ni de qué forma se habrían cometido las omisiones y acciones dolosas que se imputan” a Enami. Tampoco se “singulariza debidamente quiénes son aquellos dependientes de Enami que habrían cometido las presuntas acciones y omisiones dañosas”. Tampoco, dice la contestación, la demanda expresa “el contenido y alcance de la pretensión deducida”, no el fundamento, la base de factores ni la forma de cálculo del avalúo de los perjuicios.

También, la estatal sostiene que Céspedes reclama que Enami no entregó el anexo al acta del directorio donde estaba su declaración de intereses, pero la estatal señala que sí fue entregada en noviembre de 2020 a la Contraloría, por lo que además su reclamo estaría prescrito, pues ya han pasado más de cuatro años. Además, la empresa aduce que los hechos por los cuales se acusa a Enami no son efectivos, porque no ha cometido ninguna acción dolosa.

Junto con ello, niega que haya sido Enami la que informó a la Contraloría de la existencia de otra empresa, Compañía Minera Cifuncho SpA, de la que es socia la hija de Céspedes, sino que fue el propio organismo contralor quien lo descubrió. Además, Enami recuerda que lo que la Contraloría reprocha es la omisión de esta sociedad en la declaración de interés de Céspedes y el haber constatado la compra de minerales al productor Guido Cerda Herrera, quien a su vez es socio de su hija en la firma Cifuncho. De hecho, un preinforme de Contraloría de 2022 expresa que Céspedes “habría omitido en su declaración declarar el vínculo que tiene con Compañía Minera Cifuncho, en la que participa como socia su hija Isabel Céspedes Mandiola, objetando la adquisición de minerales al señor Guido Cerda Herrera, socio y administrador de Cifuncho”.

Consultadas fuentes cercanas a Céspedes, señalaron que él cuenta con todos los antecedentes para probar que ni su hija ni la empresa Cifuncho tuvieron ninguna relación contractual con Enami.