Este martes el gobierno dará a conocer los ejes centrales del proyecto de ley de Presupuestos 2026. Y para el miércoles se espera que se conozcan más detalles con la presentación del Informe de Finanzas Públicas y el Estado de la Hacienda Pública.

En ese contexto y para tener una percepción de lo que la ciudadanía piensa de la discusión fiscal, se realizó la Encuesta “Chile Nos Habla” del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) sobre la materia. El sondeo reveló que un 77% de las personas estima que el gasto público no responde a las necesidades de las personas, mientras que un 18,8% opina lo contrario, mientras el resto no sabe o no responde.

Asimismo, apenas un 15,7% considera que los recursos se utilizan de forma eficiente, frente a un 79,5% que estima que no se gastan eficientemente. En esa misma línea, se destaca que un 83,9% dice estar de acuerdo con que la burocracia impide que los fondos lleguen con rapidez a la ciudadanía.

Otro resultado muestra que un 74,4% cree necesario reducir el gasto público para generar ahorro y estabilidad; un 65% está a favor de reasignar recursos hacia programas sociales y el 61% respalda aumentar las transferencias directas a las personas.

En línea con las percepciones sobre el gasto fiscal, la encuesta también indagó en la valoración ciudadana de la Ley de Presupuestos. Para la gran mayoría, se trata de una herramienta altamente relevante: un 91,4% la califica como importante o muy importante. En contraste, un 6,1% le asigna poca importancia y un 2,5% la considera irrelevante.

Consultados sobre su rol, un 45,1% señaló que su principal valor está en fijar las prioridades de gasto cada año, mientras que un 35,7% la asocia con el control del buen uso de los recursos. Este último porcentaje subió considerablemente con respecto a la medición anterior (10 pp). En contraste, para el 14,5% esta ley pierde relevancia, porque los fondos terminan malgastándose.

Al evaluar las demandas más relevantes, la encuesta muestra que a ojos de la ciudadanía los objetivos estratégicos del Presupuesto 2026 deben centrarse en dos ejes principales: la reactivación de la economía a través del empleo y los salarios (47,1%), junto con el enfrentamiento de la crisis de seguridad (35,0%).

En la asignación específica de recursos, las prioridades son claras: salud (81,1%) y seguridad (80,8%) lideran las menciones. Sigue educación (62,6%), pero con una importante caída de 12,5 puntos porcentuales en relación con la medición de 2024.

El desglose por áreas confirma esta orientación: en seguridad, la mayor demanda es fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado y el narcotráfico (60,8%); en salud, el foco está en la resolución de las listas de espera (49,7%); y en educación, la prioridad se desplazó desde la educación superior en ediciones anteriores hacia la enseñanza primaria (35,2%).

Situación económica del país

En materia del escenario macroeconómico que enfrenta el país, un 63,1% de los encuestados califica la situación económica como mala o muy mala, mientras que un 21,9% la evalúa como buena o muy buena.

A nivel personal, un 42,1% declara que su condición económica es mala o muy mala, frente a un 24,7% que la estima como favorable. Un 33% adopta una posición intermedia, describiéndola como ni buena ni mala.

La inflación es un factor central en este diagnóstico: un 58,7% señala que el alza sostenida de precios ha afectado de manera significativa su bienestar económico, un 30,5% advierte algún impacto menor y un 9,6% asegura no haberse visto afectado.

Finalmente, el empleo también se ubica entre las principales preocupaciones: dos tercios (68,6%) declaró que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, frente a un 20% que las ve estables y apenas un 9,1% nota mejoras.