La discusión legislativa sobre la regulación de las plataformas de apuestas online en Chile ha tomado un nuevo giro tras la reciente aprobación en general del proyecto por parte de la Comisión de Hacienda. Este avance, logrado bajo la presidencia de la senadora Ximena Rincón, ha acelerado el proceso legislativo de una iniciativa impulsada por la agrupación de Plataformas en Línea, liderada por el abogado Carlos Baeza. Sin embargo, el debate dista de estar cerrado, pues persisten posturas divergentes sobre cómo regular esta industria.

En este contexto crítico, los académicos Juan Carlos Oyanedel, director del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello, y Miguel Vargas, director del Instituto de Economía y Políticas Públicas (IEPP), entregaron a la comisión un análisis que cuantifica por primera vez el impacto social de estas plataformas en Chile. Su estudio, titulado “Estimating the Economic and Social Costs of Online Gambling in Chile”, constituye un documento de 40 páginas que aplica metodologías internacionales adaptadas a la realidad nacional.

Según los autores, los costos sociales podrían estar en un rango entre US$800 millones y US$1.200 millones anuales en su escenario base. El informe explica que estos gastos no representan únicamente una carga económica, sino que reflejan un profundo impacto humano que afecta a miles de chilenos y sus familias.

Los investigadores buscaron participar directamente en la discusión legislativa, pero se encontraron con que los cupos para expositores ya estaban completos. “Quisimos presentar nuestros hallazgos ante la comisión, pero nos informaron que no había espacio disponible”, señaló Oyanedel a Pulso.

El estudio se basa en un marco analítico utilizado previamente en investigaciones similares en Inglaterra y Australia, adaptado cuidadosamente al contexto chileno. Los autores desarrollaron dos escenarios complementarios: uno ideal que considera datos completos y otro pragmático basado en la información actualmente disponible.

Al sumar las tres categorías de costos analizadas (directos, indirectos e intangibles), el estudio calcula que el impacto social hasta US$1.200 millones (medido en dólares 2024). Esta cifra global engloba desde el gasto público en salud hasta las pérdidas de productividad y el deterioro en la calidad de vida de las personas afectadas directa e indirectamente.

“Esto sugiere que por cada dólar recaudado en impuestos por los juegos de azar en línea, se podría incurrir en un costo similar en daños sociales en otros ámbitos. En otras palabras, los beneficios económicos podrían verse totalmente contrarrestados por los costos sociales si no se aplican medidas de mitigación”, dice el documento.

Esto, ya que un estudio encargado por las propias firmas de apuestas online a la empresa estadounidense de análisis económico Yield Sec estimó que el mercado chileno es del orden de los US$3.100 millones. Así, las firmas plantearon que la recaudación fiscal podría estar en un rango entre US$600 millones y US$800 millones anuales.

El análisis revela que los costos directos, aquellos que recaen directamente sobre las arcas fiscales y los sistemas públicos, oscilan entre US$70 millones y US$80 millones anuales. El estudio es claro al señalar que “actualmente Chile tiene muy limitados servicios especializados para tratar la adicción al juego”, una carencia que podría amplificar estos costos si no se implementan medidas adecuadas de prevención y tratamiento.

Los costos indirectos, predominantemente asociados a pérdidas de productividad laboral, alcanzan entre US$250 millones y US$300 millones. La investigación estima que “aproximadamente 1% de la fuerza laboral chilena podría estar experimentando problemas graves de juego, con una reducción estimada del 20% en su productividad”. Este impacto en el mundo del trabajo representa una sangría silenciosa para la economía nacional, afectando tanto a trabajadores como a empleadores.

Pero son los costos intangibles los que representan la mayor porción del impacto total, con un rango estimado entre US$300 millones y 550 millones.

Según el documento, esta categoría incluye consecuencias difíciles de cuantificar pero devastadoras, como los años de vida perdidos por suicidios asociados al juego problemático y el deterioro en la calidad de vida por trastornos mentales derivados. El documento cita estudios internacionales que demuestran que “los jugadores problemáticos tienen 15 veces más riesgo de suicidio que la población general”.

Perspectiva

Los autores, sobre la base de datos de la firma estadounidenses Yield Sec, señalan que “Chile muestra una de las tasas de prevalencia más altas en apuestas online (29% de la población), superando a varios países europeos”. Según el informe, esta elevada penetración adquiere especial relevancia considerando que el mercado opera actualmente sin una regulación específica, lo que podría estar exacerbando los riesgos sociales.

El estudio analiza experiencias comparadas que sirven como advertencia para el caso chileno. En particular, destaca que “en jurisdicciones como Victoria, Australia, los costos sociales del juego alcanzaron US$7 mil millones anuales para una población de 5 millones”. Esta referencia sugiere que, sin medidas preventivas adecuadas, los costos podrían escalar rápidamente en Chile, superando con creces los eventuales beneficios fiscales de la regulación.

Recomendaciones

Frente a este escenario, los autores enfatizan la necesidad de un enfoque equilibrado que no ignore los impactos sociales en pos de los beneficios económicos. “Una regulación efectiva debe equilibrar cuidadosamente los beneficios económicos con medidas concretas para mitigar los daños sociales”, concluye el estudio.

Estos gastos no representan únicamente una carga económica, sino que reflejan un profundo impacto humano que afecta a miles de chilenos y sus familias, puntualizan. Así, plantean que las cifras constituyen un llamado de atención para que la regulación de esta industria no se enfoque únicamente en aspectos fiscales, sino que incorpore desde su diseño medidas sólidas de protección social y salud pública.

Descargos

La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), explicó a Pulso que “el Ministerio de Salud en Chile no dispone de ninguna información sobre este tema. En todos los países en donde si existe información las prevalencias son las mismas, un 3% de los jugadores puede desarrollar alguna conducta de juego problemático y de este 3% solo un 1% puede desarrollar una patología (ludopatía)”.

La entidad, que reúne a Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin, Betwarrior, añadió que “de todas las ofertas de juego, las plataformas de apuestas en línea son las que disponen de las mejores herramientas para prevenir y combatir el juego problemático. En las plataformas es posible establecer parámetros de juego, origen y destino de fondos, tiempo destinado al juego y reaccionar ante conductas o patrones de comportamiento anormales”.

“Esa es precisamente la razón por la que es extremadamente relevante una carga tributaria adecuada, porque toda la información disponible a nivel mundial demuestra que a mayor carga tributaria es menor la tasa de canalización, que no es otra cosa que el tránsito de jugadores y operadores de un mercado no regulado a un mercado regulado”, concluyó.

El concepto de “usuarios protegidos es esencial en lo relacionado precisamente con juego responsable, porque este proyecto de ley establece un estándar inédito en Chile respecto de juego responsable, a través de la Política Nacional de Juego Responsable”. “Contrasta con la situación actual en la que cualquier niño puede comprar un boleto de Kino o Loto en alguna caja de supermercado o la Ley de Casinos, que no contienen ninguna norma sobre Juego Responsable”.