Gigantes globales del sector farmacéutico apuntan dardos a Chile por propiedad intelectual

A la oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR) ya llegaron los reportes con los que elabora anualmente la "Lista de Vigilancia Prioritaria", donde aparecen los países que, a su juicio, no velan por los derechos de propiedad intelectual. Una de las organizaciones que entrega un input para la elaboración del reporte, típicamente difundido a fines de abril, es la Asociación de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de América (PhRMA), que ya llamó a que Chile permanezca en el listado.

Integrado por 37 firmas, entre ellas Bayer, Merk y Johnson & Johnson, el gremio considera que las políticas promovidas en el país "crean incertidumbre para los innovadores biofarmacéuticos y perjudica a los pacientes al deteriorar los incentivos para futuras investigaciones", precisaron a PULSO fuentes cercanas a PhRMA.

Acusan que desde el Congreso se presiona para hacer mal uso de las licencias obligatorias; aquellas que suspenden temporalmente el derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la producción, uso, venta o importación del producto patentado.

Aunque éstas suelen usarse en situaciones de emergencia, para PhRMA ese criterio no está operando en Chile, poniendo el acento en consideraciones de precio. Fuentes cercanas a la organización, sostienen que un ejemplo de dicha falta es la solicitud del Congreso para una licencia obligatoria en el caso de Hepatitis C, enfermedad que el Ministerio de Salud considera de "baja incidencia" en el país, dado que alcanza el 0,9%, cifra inferior a la de 1,8% que se observa en EEUU.

Las denuncias de PhRMA contra Chile han llegado a la discusión legislativa en EEUU. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, señaló recientemente en una columna de opinión que "el gobierno federal siempre ha luchado contra los esfuerzos de los gobiernos extranjeros que se comprometen a otorgar licencias obligatorias con compañías estadounidenses", con el objetivo de que los innovadores reciban un "rendimiento justo de sus inversiones en investigación y desarrollo". En ese contexto, precisó que "que los derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos están actualmente en riesgo en China, Chile, El Salvador, Perú y Rusia debido a las amenazas de licencias obligatorias".

Las quejas del gremio no se acotan a las licencias obligatorias, también están preocupados por la Ley de Fármacos II, que actualmente se tramita en el Congreso. Aunque en el informe enviado al USTR consignan que la iniciativa no está avanzando ágilmente, alertan sobre varios puntos de la propuesta.

No les parecen las limitaciones a las prescripciones, según las cuales solo "los medicamentos con tres o más ingredientes activos pueden ser recetados usando la marca" y a la aprobación de comercialización de productos de marca. Esto último, debido a que de acuerdo con el "Artículo 103 bis" propuesto, un interesado puede recibir autorización para comercializar ciertos productos farmacéuticos, en particular aquellos que no declaran un ingrediente activo que se está utilizando por primera vez, bajo un nombre de marca.

Las acusaciones de vulneración de la propiedad intelectual en el país comenzaron a dos años de la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio firmado con EEUU. En 2006 vencía el período de gracia que concedía el pacto, donde Chile asumía compromisos de propiedad intelectual, que incluyen una mejora en la regulación de la protección de datos, la implementación de derechos de patentes y la comercialización de farmacéuticos dentro del tiempo previsto.

A juicio de la industria farmacéutica de EEUU, esos compromisos no se cumplieron en el plazo estipulado, por lo que el mismo 2006 alertaron de la situación a la autoridad, solicitando que se sumara a Chile a la Special 301 Priority Watchlist en 2007, la famosa lista roja de propiedad intelectual.

Aunque PhRMA ha reconocido en sus informes al USTR que Chile ha avanzado en la innovación farmacéutica, han apoyado durante los últimos 12 años la permanencia del país en el listado. Y ellos no son los únicos. Esta opción es respaldada por otras seis organizaciones estadounidenses, entre ellas la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO) y Asociación Nacional de Manufactureros.