Uno de los sectores que sigue de cerca la discusión de la megarreforma es el privado. Y por lo mismo, comenzaron a analizar los cambios que el gobierno pretende realizarle a la invariabilidad tributaria.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta que se debería ratificar vía indicación, considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

En principio, para los gremios empresariales el lograr un acuerdo más amplio es positivo para dar una mayor estabilidad a los cambios impositivos. Sin embargo, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) levantaron las alertas sobre el plazo de 10 años para los montos menores.

La presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, afirmó que “nosotros siempre hemos dicho que es importante avanzar en la invariabilidad, porque es una muy buena señal de estabilidad de reglas del juego para los inversionistas. Nos parece importante avanzar en esa línea. También siempre dijimos que los montos, los años, era algo perfectamente debatible en la tramitación del Congreso”.

Sobre los cambios propiamente tal, Jiménez añadió que “como se cuestionaban los US$50 millones y los 25 años, se llegó a una solución razonable de hacerlo escalonados, donde se mantiene una estabilidad de largo plazo para proyectos grandes, que es muy importante”.

No obstante, puso algunos reparos en el plazo de 10 años para proyectos con montos menores. “Es un plazo más acotado de lo que hubiese sido deseable”. Por ello, dijo que “es importante cómo se contabilizan esos 10 años, porque los proyectos demoran en generar ingresos. Entonces, los años de la invariabilidad no puede absorber un porcentaje importante de esos 10 años de invariabilidad (…) se puedan contabilizar a partir de que ese proyecto genere utilidades”.

Para la líder gremial “se debe definir muy bien cómo se contabilizan esos años para que, aun siendo 10 años un monto relativamente acotado, sea atractivo y deseable, sobre todo que también hay que recordar que se estaría aprobando con una prima para acceder a ese beneficio”.

Rosario Navarro, presidenta de Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), sostuvo que “ valoramos el acuerdo político que concita este mecanismo. Es una fuerte señal que Chile da a los inversionistas y contribuye a generar un entorno más favorable para el desarrollo de nuevos proyectos y más empleos formales”.

Ahora bien, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, planteó que “valoramos el acuerdo alcanzado, creemos que va en la dirección correcta. Esta es una medida que en todos los países en que la han aplicado ha demostrado ser uno de los motores para atraer inversiones, por lo que esperamos que esta propuesta sea aprobada junto a las otras medidas de reactivación y crecimiento incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional”.

Para Renzo Corona, presidente de Icare, el acuerdo “es positivo, ya que esta herramienta entrega mayor certeza jurídica, un elemento clave para facilitar la atracción de inversiones y la ejecución de proyectos de largo plazo que contribuyan al crecimiento y la generación de empleo”.

Y Carolina Cuevas, presidenta Cámara de Centros Comerciales, afirmó que “siempre es importante que los países tengan normativas que garanticen un horizonte de largo plazo en materia tributaria y que esta variable no quede sujeta a cambios políticos de corto plazo. En este sentido, valoramos el acuerdo que se ha anunciado”.

La visión de los tributaristas

Josseph Courand, socio de Tax & Legal en Deloitte, sostuvo que al compararlo con otros países que cuentan con un sistema de invariabilidad, este se ajusta en términos generales respecto a los montos.

En este sentido, precisó que Argentina tiene montos desde US$200 millones, en Colombia esta cifra era de aproximadamente US$400 millones. El único caso de la región de Latinoamérica donde se alejaría dicho umbral es Perú con US$5 millones. Ante esto, “creemos que los montos que se proponen están ajustados a los niveles de inversión que se requieren en Chile y también se está en línea con otros países que cuentan con este sistema”, aseguró.

Respecto a la sobretasa de 1,5% al impuesto de primera categoría, el experto argumentó que “nos parece correcto pagar un monto adicional al entregar un periodo de invariabilidad y no creemos que sea un impedimento para que los inversionistas se acojan a este incentivo”.

Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, comentó que “la nueva fórmula pareciera ser que es razonable debido a que efectivamente hace una relación entre el monto invertido y la cantidad de años que se otorga por invariabilidad. Esto porque mientras más grandes sean las inversiones más años se va a demorar en producirse el retorno. Entonces dentro de este contexto, es directamente proporcional en función a el riesgo que asume cada inversionista”.

Desde esa perspectiva, Jaque aseguró que “pensar en una invariabilidad escalonada en función de los dos dineros invertidos tiene toda lógica y pareciera ser que es la fórmula con que esto se va a destrabar”.

Juan Pablo Cabello, abogado y socio de Cabello Abogados, apuntó que “las modificaciones resultas ser razonables y se hacen cargo correctamente de los puntos que se habían criticado a la fórmula inicial, esto es, que exista una prima por acogerse a este mecanismo, y que el plazo fuese escalonado dependiendo del monto de la inversión. A mi juicio, es de esperar que esta nueva fórmula pueda ser ley”.

Y Alvaro Moraga abogado y socio de Moraga & Cía acotó que “la nueva fórmula es claramente mejor que la propuesta original. Introduce proporcionalidad entre el beneficio otorgado y la magnitud de la inversión comprometida. No parece razonable otorgar exactamente el mismo nivel de invariabilidad a un proyecto de US$50 millones que a uno de US$500 millones o más”.