La Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el Consejo del Salmón y SalmonChile presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) una reclamación para que se pronuncie sobre el actuar del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en los procesos de participación ciudadana vinculados a los reglamentos que implementan la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En un comunicado de prensa la Asociación de Salmonicultores de Magallanes explicó que los gremios solicitan que la Contraloría determine la legalidad del artículo 29 de la norma de participación ciudadana del MMA, que permite postergar la publicación de las respuestas a las observaciones ciudadanas hasta antes de la entrada en vigencia de los reglamentos.

Según las organizaciones, esta disposición vulnera los principios de transparencia, trazabilidad y participación efectiva, al contravenir el artículo 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.

“Durante el último año, el MMA ha sometido a consulta pública once anteproyectos de reglamento, varios de los cuales ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sin que los participantes hayan recibido respuesta a sus observaciones”, señala el comunicado.

Agrega que los gremios salmoneros, que participaron en estos procesos, advierten que esta falta de respuesta “debilita la confianza en los procesos de consulta y desincentiva la participación ciudadana en materias ambientales”.

Carta a la ministra

El 1 de agosto los gremios enviaron una carta a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestando su preocupación por la ausencia de respuesta a las observaciones formuladas durante las consultas ciudadanas. En esa oportunidad solicitaron que el Ministerio publicara las respuestas y los borradores de los reglamentos antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El 18 de agosto, el MMA respondió señalando que las respuestas se publicarían antes de la entrada en vigencia de los reglamentos, ya que, según su interpretación, el plazo no habría vencido mientras los textos estuvieran en trámite.

Sin embargo, los gremios consideran que esta postura es contraria a la ley y al espíritu del Acuerdo de Escazú, ya que las respuestas deben ser parte del proceso de elaboración de la norma y no un trámite posterior.

“El avance de los reglamentos del SBAP ha sido rápido y eso es positivo”, señaló Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Sin embargo, indicó “lamentamos que la participación de nuestro gremio y de muchos otros actores, donde hemos invertido tiempo, conocimiento y recursos, no haya tenido una respuesta oportuna ni fundada”. Cuando los aportes técnicos no se responden o no se sabe si fueron acogidos, se pierde trazabilidad en la toma de decisiones y se debilita el valor de la participación”.

En este sentido sostuvo que “no se trata de oponerse a las normas, sino de que el proceso sea legítimo, transparente y constructivo para todos”.

La presentación ante Contraloría argumenta que el MMA no ha publicado respuesta alguna a las observaciones realizadas en al menos nueve de las once consultas ciudadanas efectuadas, pese a que varios reglamentos ya fueron aprobados.

Según el texto, esto infringe los deberes de motivación y razonabilidad exigidos por la Ley N°18.575 y los compromisos internacionales asumidos por Chile bajo el Acuerdo de Escazú.

Solicitan que la Contraloría instruya al MMA a publicar de forma íntegra y fundada las respuestas a todas las observaciones formuladas antes de enviar los textos finales a revisión del Consejo de Ministros o a la propia Contraloría, garantizando así la transparencia del proceso y la trazabilidad entre los aportes ciudadanos y las decisiones regulatorias adoptadas. También, que la Contraloría examine la idoneidad de las respuestas que sí fueron publicadas en el marco del anteproyecto del Reglamento del Registro Público de Sanciones, ya que, según los gremios, éstas carecen de un análisis fundado y se limitan a fórmulas genéricas del tipo: “Su comentario es atendible y lo estudiaremos para la versión final”. A juicio de las organizaciones, este tipo de respuestas vacía de contenido la participación ciudadana, impide conocer si las observaciones fueron realmente consideradas y contraviene los estándares de transparencia y trazabilidad que deben regir los procesos consultivos.