La mañana del 26 de octubre de 2023, a las 10:00 horas, Alejandro Gil Gómez, entonces presidente del directorio de Clínica Las Condes (CLC), comenzó su declaración ante la fiscal adjunta Karin Naranjo, de la Fiscalía de Las Condes, en el contexto del conflicto que mantenía con parte del staff médico de ese centro sanitario, debido a honorarios impagos. En ese momento, la clínica estaba bajo el control de su pareja, Cecilia Karlezi, a través de la sociedad Luces Tres, y se encontraba en el foco de una investigación del Ministerio Público.

Gil Gómez, quien durante su gestión en la clínica estuvo envuelto en diversas controversias, fue objeto de querellas interpuestas por exmédicos, acusándolo de presunta apropiación indebida. Además, lidió con disputas con prestadores de salud, exgerentes generales de la institución, el Fisco de Chile y el personal médico. En esa ocasión, el empresario declaró en el marco de la querella presentada por los exmédicos. Aunque la mayoría de los demandantes llegaron a acuerdos con la clínica, lo que redujo las acciones penales contra la institución, las acusaciones contra Gil Gómez siguen vigentes.

El próximo 1 de abril, el empresario Alejandro Gil Gómez se presentará ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acompañado por su abogado, Álvaro Jofré. En esa audiencia, ambos buscarán alcanzar una salida alternativa con la Fiscalía y los querellantes, con el objetivo de poner fin a este conflicto con exmédicos de CLC y también al litigio con el exgerente general, Fredy Jacial.

En lo que se refiere al conflicto con los facultativos, Pulso tuvo acceso a la declaración de Gil ante fiscalía, que se mantenía hasta ahora bajo reserva. En su testimonio el empresario aborda los orígenes de su relación con los médicos y sus problemas.

“La clínica nunca se ha apropiado de los fondos de los médicos, sentimos el máximo respeto por nuestros profesionales, y pese a que el contrato establecía que debíamos pagar una vez al mes, lo hacemos cada 15 días”, planteó.

“El proceso de recaudación de honorarios de médicos que ya se han retirado de la clínica puede continuar por bastante tiempo, dado que las recaudaciones de Fonasa, pueden durar 3 a 5 años, que es la habitualidad con la que están pagando, existiendo cuentas impagas desde el 2017, que se pagan sin reajuste. También tenemos un tema con las Isapres, que generalmente se demoran excesivamente en los pagos, vía devolución y anulación de prefacturas, que en promedio es de 120 días”, explicó.

A continuación detalló que “luego se debe hacer el cobro al seguro complementario y finalmente a los pacientes, por lo que en promedio el proceso de cobro de procedimientos quirúrgicos puede demorar 200 días en promedio. En cuanto a los procedimientos ambulatorios, las Isapres no demoran menos de 35 días en pagar”.

El 10 de enero de 2025, Clínica Indisa y el grupo financiero EuroAmerica adquirieron en partes iguales el paquete controlador de Clínica Las Condes, tras un proceso de venta que su principal accionista, Cecilia Karlezi, había encargado al banco de inversión BTG Pactual. Karlezi poseía el 55,75% de la propiedad de CLC.

Acusa “un cogobierno”

“Cuando asumimos la administración, nos dimos cuenta de que en la clínica existía un cogobierno: por una parte, la administración y gerencia de la clínica, y por la otra, el comité ejecutivo del cuerpo médico, que desde 2018 tenía las atribuciones de director médico y acreditaba a los médicos que se incorporaban a la clínica. Existía un director médico, pero en la práctica no ejercía sus funciones, ya que de facto las ejecutaba el comité ejecutivo”, comentó.

Gil contó que la Superintendencia de Salud regula la existencia de un director médico, pero la figura de un comité ejerciendo funciones paralelas generaba que se diera “un cogobierno, el cual no esta permitido en la Ley de Mercado de Valores, y como las acciones de la clínica se transan en Bolsa, esta ley también nos rige”.

“Es por eso que en tercer cuatrimestre del 2020 se interpuso una demanda civil y una denuncia en la CMF por parte de CLC contra el comité ejecutivo”, afirmó.

“Dentro de la negociación del nuevo modelo médico, se llegó al acuerdo de desistirnos de la demanda civil, quedando vigente sola la denuncia en la CMF. El acuerdo implicó una pérdida de poder del comité ejecutivo, volviendo a fortalecerse la figura del director médico, como lo establece la ley. Esta pérdida de poder fue lo que, en mi opinión, distanció a los médicos de nuestra administración, y comenzaron a irse de la clínica”, añadió Gil.

El empresario sostuvo que a partir del 1 de enero de 2021 puso en marcha un nuevo modelo de pago a los médicos y que se haría sólo una vez que la institución recibiera la recaudación de los pacientes. El sistema establecía la implementación de un programa computacional que permitía llevar un control de los dineros recaudados y pagos realizados de los doctores por arriendo y aporte variable por los médicos a la clínica.

“Este programa dio el resultado de que existía una deuda de los médicos con la clínica por sobre los $13.500 millones de pesos por conceptos de arriendos y aportes. Yo, como mandatado por el directorio, di la instrucción de que la administración realizara una compensación entre lo recaudado y la deuda por concepto de arriendos y aportes”, destacó Gil.