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Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

El Presidente afirmó que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas".

Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Fueron dos temas que se abordaron durante la campaña presidencial. Por lo mismo, eran medidas que se esperaban fueran anunciadas de manera inmediata en el ámbito económico.

Y así fue, porque de los seis decretos que firmó este miércoles el Presidente José Antonio Kast, uno tiene relación con el gasto público y la eficiencia en el uso de los recursos, y otro apunta a acelerar la revisión de proyectos de inversión que están entrampados por algún trámite medioambiental.

El primero de ellos apunta a realizar una “auditoria total” al Estado. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, señaló Kast en su discurso en La Moneda.

Esta medida tiene directa relación con las permanentes críticas que el equipo económico del Presidente realizó al manejo de las cuentas públicas en la administración Boric, las que subieron de tono una vez conocido los resultados del cierre fiscal 2025, que fueron peores que lo esperado, con un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB y uno estructural de -3,6% del PIB.

Precisamente para fiscalizar el gasto público, Kast firmó un decreto de auditoría. El documento contó además con las firmas de los ministros del Interior, Claudio Alvarado, de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y tiene como instrucción fijar un “mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”.

Por lo mismo, se precisa que se creará una fuerza de tarea para liderar la coordinación que incluye al Subsecretario del Interior, al Subsecretario de Hacienda y la Subsecretaria de Secretaría General de la Presidencia.

La auditoría tendrá tres ejes: técnica, que establece como línea de base “irrefutable” para cada servicio público. El segundo eje es político, el cual fija como “estándar, un gobierno de emergencia y máxima exigencia” y el tercero de probidad, el cual establece que “se denuncie de manera inmediata las irregularidades”.

El alcance es para todos los ministerios e instituciones del Estado, quienes deben reportar directamente al Presidente de la República.

Apurar iniciativas

Otro de los decretos firmados este miércoles fue el relativo a resolver atrasos en tramitación de permisos. La idea de la instrucción presidencial busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental). Según el decreto, hay proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$ 16.000 millones.

El instructivo presidencial lo que está haciendo es exigir que se cumplan los plazos establecidos actualmente en la Ley, lo que implica mejorar la gestión, según especialistas en el tema. Agregan que no se requiere cambiar las normas.

Así, para los recursos ya vencidos hoy se establece una resolución con un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio. Por su parte, para los nuevos recursos presentados ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hoy se establece un máximo de 30 días hábiles. Y si los recursos están siendo tramitados en la instancia correspondiente al Comité de Ministros, actualmente se exige una resolución de un máximo de 60 días hábiles. Por orden del Presidente de la República ahora esos plazos se deben respetar.

Según los ministerios de Hacienda y Medioambiente, hoy existen 21 recursos de reclamación pendientes con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la dirección ejecutiva del SEA por US$ 6.500 millones. 13 de estos recursos están vencidos.

Además, hay otros 21 recursos de reclamación pendientes con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Comité de Ministros por US$ 9.600. De ellos hay 10 vencidos.

Y adicionalmente hay 9 proyectos con RCA en trámite.

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