El voto dividido del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que fijó la millonaria multa a Larraín Vial Activos AGF la semana pasada en el denominado caso Factop-Audio, fue uno de los últimos eventos que, desde hace poco más de un mes, tiene a la CMF, organismo colegiado hoy presidido por Solange Berstein, e integrado por Bernardita Piedrabuena, Augusto Iglesias (vicepresidente), Catherine Tornel y Beltrán de Ramón, envuelto en varias polémicas.

En lo reciente, se han presentado varias acciones legales en contra de la CMF: una de ellas, por un grupo de aportantes de Sartor AGF en liquidación, quienes ingresaron un recurso de reposición reclamando la liquidación de una serie de vehículos. “Están obcecados con pasar la aplanadora“, acusó hace algunos meses Manuel José Correa, vocero de los aportantes.

A esto se suma el enfrentamiento entre Banco de Chile y la CMF en tribunales por una multa por entregar créditos a algunos deudores de pensiones de alimentos. “Banco de Chile privilegió cerrar negocios antes de dar cumplimiento con sus obligaciones legales”, dijo en un escrito José Antonio Gaspar, director general jurídico de la CMF. Banco de Chile calificó de “inaceptables” esas afirmaciones que, a su juicio, son “expresiones infundadas” que “escapan a una discusión de carácter legal y técnico propia de un procedimiento jurisdiccional”.

Pero además, todos los bancos, junto con la Asociación de Bancos (Abif), iniciaron una acción legal inédita: por primera vez decidieron llevar al regulador a tribunales por una norma y presentaron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por una instrucción que prohíbe a la banca dar crédito a sus directores y sus sociedades, ahora también “aguas abajo”, en las que participen indirectamente. “La CMF no tiene facultades para legislar”, acusó el mes pasado el presidente de la ABIF, José Manuel Mena.

Otras normativas por parte de la CMF han generado polémica, como la eliminación del feriado bancario que tiene a los sindicatos en pie de guerra, pues han advertido que se preparan para una “gran paralización”; o la eliminación de la tarjeta de coordenadas bancarias, por la cual el regulador debió ampliar el plazo de su entrada en vigencia tras las críticas que surgieron desde clientes y bancos.

También ha habido descontento de la industria regulada por otras normas, como el aumento del pago mínimo con tarjetas de crédito y la implementación de ley Fintech.

El expresidente de la CMF, Joaquín Cortez, defiende el rol que ha jugado la CMF desde su creación. “Hay que evaluarla por la forma que está cumpliendo su mandato y no por descoordinaciones que se pueden producir en la implementación de algunas medidas. El mandato se resume en tres palabras: solvencia, conducta y desarrollo del mercado de capitales. Y creo que en estas tres líneas se está avanzando bien”, sostiene el exregulador.

Recursos

A seis años de la integración de la ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la ex Superintendencia de Bancos (SBIF), este ha sido el momento en que la CMF ha estado bajo más cuestionamientos. Bajo ataque desde distintos frentes.

Pero también coincide con que ha sido el período en el que probablemente el regulador ha tenido que dictar la mayor cantidad de normativas, las que se han publicado en un breve periodo de tiempo, en gran parte porque así fue mandatado por distintas leyes (ley de Bancos, ley Fintech, ley de Fraudes con Tarjetas, ley de Agentes de Mercado y ley Redec). Eso implica que ha venido aumentando la carga de trabajo de la CMF, sin significar eso un aumento proporcional de su presupuesto.

Consultado respecto de si se pueden hacer mejoras al modo en que está integrado el consejo, Cortez comenta que “la CMF no es solo el consejo, también hay profesionales con experiencia que respaldan las decisiones y hay que preocuparse de que a un supervisor no le falten los recursos. Puede terminar siendo muy caro. Recuerdo haber visitado junto con el exsuperintendente Alberto Etchegaray a la autoridad de Conducta en Inglaterra. Quedamos sorprendidos cuando nos contó que tenían más de 4 mil funcionarios”.

La CMF, en cambio, hoy cuenta con casi 700 personas en su equipo, quienes fiscalizan más de 8 mil entidades, en varios sectores que incluyen infraestructuras de mercado y empresas fintech, entre otros. El perímetro de regulación y supervisión representa US$604 mil millones: casi dos veces el PIB de 2024.

Desde su creación en 1925, la SBIF era financiada por sus regulados, mecanismo que tras la fusión con la SVS adoptó la CMF. Sin embargo, parte relevante de esos recursos se los queda el Fisco. El presupuesto para este año contemplaba $117.922 millones, de los cuales $116.424 millones corresponden a lo aportado por los bancos. Pero al restar el ítem “integros al fisco”, que asciende a $65.196 millones, el erario para este ejercicio quedó en $52.726 millones. Eso quiere decir que el Estado se adjudicó poco más del 50% de lo entregado por los regulados.

Para Jorge Cayazzo, exintendente de Supervisión de la SBIF, hoy socio líder de riesgo regulatorio y financiero en Deloitte, “el proceso de integración ha sido más lento de lo que se esperaba. Ello se explica en gran medida por un mecanismo de financiamiento que ha redundado en importantes restricciones presupuestarias para la CMF en los últimos años, situación que lamentablemente coincide con una carga de trabajo creciente tanto en volumen como en complejidad”.

Abogados al consejo

Si bien la CMF se creó en diciembre de 2017 como sucesora legal de la SVS, recién en junio de 2019 se integró la SBIF, pasando desde entidades unipersonales a un organismo colegiado de cinco miembros. Los cinco integrantes de la CMF son ingenieros comerciales.

Precisamente allí radica una de las críticas que se ha hecho a la CMF en los últimos días: la falta de un abogado en el consejo. O dos. De hecho, varios de los temas que ha criticado la industria regulada por la CMF apunta precisamente a decisiones jurídicas que se han tomado.

“No hay ningún abogado. Ningún comisionado tiene experiencia en tribunales, debería haber por lo menos dos, como sucede en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC)”, dijo el abogado de LarrainVial, Javier Díaz, socio de Barros & Errázuriz, la semana pasada a El Mercurio.

Más allá de que hoy en el consejo no hay abogados que lo integren, en la CMF hay tres áreas con especialización jurídica. La Unidad de Investigación que lidera Andrés Montes. La Dirección General Jurídica, que encabeza José Antonio Gaspar. Y Gerardo Bravo Riquelme, a cargo de la secretaría general. Estos últimos dos asisten a todas las sesiones del consejo.

Pero también hay exreguladores que piensan como el abogado de LarrainVial. “Fui regulador y hoy soy regulado”, comienza sincerando el abogado Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Valores y Seguros entre 2003 y 2006, también exministro de Economía, y hoy director de empresas, quien cree que el diseño institucional de la CMF “es correcto” y le parece “bien la integración”, pero sí estima que “hay una oportunidad de mejora en una dimensión”. Dice Ferreiro: “Cuando hay siempre economistas o ingenieros comerciales, hay un cierto dominio o riesgo de que prevalezcan las miradas de los fiscales”.

Al respecto, agrega que “así como hay tribunales, como el Ambiental, en donde hay abogados y expertos en temas técnicos, o el TDLC, donde hay por diseño legal tres economistas y dos abogados, en esta materia también cabe evaluar, dado el tremendo rol jurisdiccional de dictación de normativa, que tiene una componente jurídico importante, si no habría sido bueno establecer que al menos dos de los integrantes del consejo sean efectivamente abogados”.

Ferreiro enfatiza que “cuando la CMF aplica las multas, que son severísimas, uno quisiera que en ese tribunal hubiese quienes tienen la formación propia que permita evaluar el debido proceso”.

El economista Guillermo Larraín, exsuperintendente de Valores y Seguros entre 2007 y 2010, piensa lo mismo. “La evaluación global que hago es muy buena. Las mejoras siempre son posibles de encontrar. Por ejemplo, en términos de nombramientos, efectivamente sería útil tener abogados sentados en el consejo. Creo que se ha puesto mucho énfasis en los aspectos económicos y financieros, pero para el rol de la CMF probablemente tener a alguien con una experiencia legal podría ser muy útil”.

El economista Ernesto Livacic, quien fue superintendente de Bancos entre 1998 y 2000, también apunta a mayor diversidad del consejo, pero de otro tipo: “Los consejos han adolecido de falta de calle. Hemos tenido consejeros excesivamente académicos. Aquí hay mucho currículum académico, doctorado, paper, y seminario internacional; pero la realidad de qué es un banco, de cómo funciona, de qué se hace, de cuáles son los problemas, y de cuáles son los riesgos, poco”.

A diferencia de sus pares, Livacic cree que no fue una buena idea fusionar a la SVS y la SBIF, “porque la bajaron de los patines y la igualaron a los otros supervisores que tenían menores estándares; o sea, nivelamos para abajo”.

Una visión distinta tiene el economista Álvaro Clarke, exsuperintendente de Valores y Seguros entre 2000 y 2003. A su juicio, la CMF “ha funcionado muy bien. Creo que cumplió largamente las expectativas indicadas en la ley”.

Igualmente, Clarke menciona que “siempre es posible mejorar el funcionamiento de un consejo directivo, es un tema fundamental de governance, gestión de riesgo y cumplimiento. Lo relevante en este punto es que exista una visión con enfoques diversos que complementen el proceso de toma de decisiones”.

La ley estableció que los comisionados de la CMF son designados por el Presidente de la República, previa ratificación del Senado, mientras que la presidencia del regulador es designada directamente por el primer mandatario.

El próximo gobierno, en 2026, no solo deberá escoger a alguien para suceder a Berstein en la presidencia, sino que también deberá reemplazar los puestos de Iglesias, exsubsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Piedrabuena, exfuncionaria de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, dado que finalizan sus respectivos periodos.

Votaciones divididas

También ha sido tema la falta de unanimidad del consejo en varias normativas consideradas relevantes, como el pago mínimo con tarjetas, los requerimientos de capital para los bancos sistémicos, la implementación de la ley de Fraudes. En todas ellas, el voto disidente fue de Tornel.

Pero los exreguladores creen que este no es un problema, siguiendo la defensa Solange Berstein, quien el mes pasado justificó la existencia de distintas opiniones. “Es la riqueza y diversidad de un consejo”, aseguró la presidenta de la CMF.

“Me parece una buena noticia que existan votos de minoría. Lo importante es que estén bien fundamentados”, afirma Joaquín Cortez.

“Es de la esencia de los tribunales colegiados que haya cinco opiniones en la Corte Suprema, o tres opiniones en la Corte de Apelaciones, o cinco en la CMF. Por la esencia misma de la colegialidad, no podemos negar la posibilidad de que haya discrepancias y votos disidentes”, comenta Ferreiro.

“No me asusta para nada que haya votos de minoría, me parece que es bastante esperable que los haya”, sostiene Guillermo Larraín.

También ha ocurrido al momento de sancionar. LarrainVial Activos recibió una fuerte sanción por tres votos: un consejero, Iglesias, estuvo por imponer una multa más baja; y Tornel fue de la opinión de absolver.

Y ocurrió también antes. En 2022, en una sanción por información privilegiada contra el entonces director de Invercap, Felipe Navarrete, el comisionado Iglesias estuvo por liberarlo de uno de los cargos. Un año después, la CMF sancionó al entonces gerente general de Cencosud, Matías Videla, por la misma infracción e Iglesias también estuvo por multarlo por otra figura: incumplir el deber de abstención.

La primera multa fue confirmada por la Corte Suprema. La de Matías Videla ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones.

Candidatura de Kast evalúa medidas

Desde hace un par de meses el exejecutivo de Citibank, Mario Farren, está trabajando en el equipo económico del candidato republicano José Antonio Kast, que es liderado por Jorge Quiroz. Fue el último superintendente de Bancos, entre 2018 y 2019, antes de su integración a la CMF.

A juicio de Farren, ha pasado poco tiempo desde la creación de la CMF como para hacer un juicio de valor, pero de todas maneras, estima que “hay experiencias valiosas, como la del TDLC o la de los bancos, que mantienen en sus directorios diversidad de profesionales y experiencias, en tecnología, ciberseguridad, más allá de los temas económicos y de crédito, tanto de la academia y la consultoría, como con la experiencia de mercado. La ley de la CMF es bastante amplia, permite esa diversidad”.

Farren recuerda que el programa de Kast busca enfrentar tres emergencias, “en seguridad, economía y una emergencia social. Las propuestas en el mercado de capitales vienen a contribuir a resolver la emergencia económica”.

A su juicio, “una vez que el crimen organizado se mete al sistema financiero, ya no hay vuelta atrás”, por lo que apunta que “hay una gran oportunidad de rescatar a los chilenos que se encuentran en la informalidad, y en las manos del crimen organizado”.

Y agrega: “El problema es que la informalidad laboral lleva a la informalidad del crédito. Quisiera pensar que la CMF está preocupada, desde su ámbito obviamente, de rescatar a los chilenos del crédito informal, de recuperar la confianza en medios de pago como tarjetas y Cuentas RUT, que se ha perdido por el fraude y por el límite de las 50 transacciones libres”.

Desde el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, comentan que “por el momento no se han incluido modificaciones a la institucionalidad de la CMF en los lineamientos programáticos”.

Y desde el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no hubo respuesta.