La megarreforma del gobierno comenzó su tramitación en la comisión de Hacienda del Senado este miércoles. El encargado de iniciar la presentación del proyecto fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comenzó enfatizando en la necesidad de que el país retome el crecimiento económico, la inversión y, con ello, el empleo.

Por lo mismo, relevó la importancia de esta iniciativa que tiene como objetivo final aumentar el crecimiento mejorando la competitividad tributaria. Para ello, se busca reducir la tasa de impuestos a las grandes empresas desde el 27% al 23%, junto con reintegrar el sistema tributario y dar una estabilidad tributaria por 25 años.

En la sesión, el presidente de la comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), preguntó al ministro si podía especificar qué artículos rechazados en la Cámara de Diputados se iban a reponer y cuáles no.

Ante esta consulta, el titular de las finanzas públicas dijo que en lo referido al artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial (número 8), que fue rechazado en la Cámara de Diputados, “estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este (proyecto)”.

Misma suerte tendrá la norma sobre compras públicas en el Ministerio de Obras Públicas, agregó.

Por su parte, en lo relacionado con la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, que no contó con el apoyo de parlamentarios de la oposición y de RN, confirmó que se repondrá con cambios. “Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas”, manifestó Quiroz.

La modificación que ingresará el Ejecutivo apunta a que el porcentaje máximo que las empresas pueden descontar como gasto en capacitación baje de 1% a entre 0,7% y 0,75%. Con esto, el costo fiscal anual se reduciría de US$300 millones a unos US$200 millones, que es uno de los aspectos que el Ejecutivo busca asegurar.

Asimismo, se establecerá un consejo de expertos para que evalúe el tipo de capacitación que se está entregando, de modo de asegurar que esta sea en áreas que las empresas necesitan y no solo que se usen para descontar gasto y, con ello, pagar menos impuestos, como se evalúa que sucede actualmente.

Este consejo tendría como función, además, fijar una vez al año el listado de cursos de capacitación que podrían ser financiados por la franquicia tributaria. También debiera tener injerencia en la definición de las políticas públicas de capacitación, considerando la participación de gremios empresariales y de trabajadores.