Recientemente el gobierno publicó los resultados del proceso 2025 del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los programas del Estado. Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar anualmente el desempeño de programas públicos, observando aspectos a revisar y mejorar, entregando información para la toma de decisiones por parte de las autoridades y sirviendo como insumo para la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos 2027.

En un escenario de mayores restricciones fiscales, estos antecedentes aportan evidencia para asignar correctamente los recursos, mejorar la oferta programática y priorizar los programas con mejor desempeño.

Por lo mismo, el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un análisis sobre este informe. Al respecto señala que, tal como en 2023 y 2024, el año pasado el presupuesto destinado a programas con observaciones o hallazgos -como lo nombra la autoridad- se redujo un 9%, mientras que los programas sin observaciones recibieron un 16% más de recursos en 2025 respecto al año anterior, lo que da cuenta de una consolidación de una orientación de los recursos públicos en aquellos programas que tienen una mejor evaluación.

A su vez, revela que casi un 5% del PIB, equivalente a US$20.706 millones ($19,7 billones), se destina a programas que presentan hallazgos en su evaluación.

De acuerdo a este análisis, desde la creación del monitoreo en 2012, ha aumentado de manera significativa tanto la cobertura de los programas monitoreados, como la calidad de los informes. “El número de programas evaluados ha crecido en más de 40%. En el caso de 2025, se monitorearon 476 programas sociales (70%) y 201 no sociales (30%). La variación entre 2024 (706 programas) y 2025 (677) se atribuye al ingreso de 13 nuevos programas y el retiro de 42”,indica LyD.

Para el centro de estudios, aunque el número de programas monitoreados es alto, estos solo representan el 52% de los recursos del Presupuesto 2025 de los ministerios evaluados. “Es decir, prácticamente la mitad del gasto no pasa por este proceso que permite identificar debilidades de la forma en que el Estado gasta los recursos de todos los chilenos”, puntualiza.

En 2025, el gasto total de los 677 programas monitoreados fue de $39.117.892 millones equivalente a 11% del PIB. Se evidencia en la Tabla N°1 que los ministerios que presentan un mayor monitoreo de los programas respecto a su presupuesto son: Educación (91%), Transporte y Telecomunicaciones (89%), Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (86%) y Agricultura (85%).

Las alertas

Acorde con lo anterior, una primera alerta que levanta LyD es el gran número de ministerios con un nivel de monitoreo menor al 50%. Precisa que los programas financiados mediante subtítulos de inversión generalmente no forman parte de la oferta sujeta a monitoreo, como tampoco los programas que no cuentan con asignación presupuestaria individualizada. Esto podría explicar el bajo nivel observado en ministerios como el MOP. Pero tal razón, sin embargo, no aplica a ministerios como Salud, cuyo bajo monitoreo no se explica por la naturaleza de su financiamiento.

A diferencia de la evaluación que realizan la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, que revisan las dimensiones de focalización, eficiencia y eficacia, LyD prioriza tres indicadores que dan cuenta, más claramente, de las deficiencias en el uso de los recursos públicos: focalización, priorización y la formulación del propósito.

Así, al revisar estos indicadores en los programas monitoreados, 92 presentan solo hallazgos en el indicador de focalización (14%); 35 solo en priorización (5%); y 26 únicamente en la formulación del indicador de propósito o pertinencia (4%).

Asimismo, un 8% presenta más de un hallazgo, es decir, 55 programas. En total, 208 programas presentan hallazgos relevantes (31% del total), correspondientes a $19.701.575 millones (US$20.706 millones), lo que equivale a casi un 5% del PIB.

“Estos resultados muestran cómo la evidencia del monitoreo puede contribuir a un mejor uso de los recursos públicos y condicionar la asignación presupuestaria a este proceso”, concluye LyD.