La reforma previsional que se aprobó el año pasado posibilitó que el Instituto de Previsión Social (IPS) ofrezca a las AFP el servicio de administración de cuentas y soporte, es decir, que los actores que quieran ingresar al mercado, así como los que ya son parte de la industria, puedan subcontratar con el IPS todos los asuntos que son distintos de las inversiones.

Uno de los requisitos es que el IPS cobre una tarifa que cubra todos los costos que implica prestar dicho servicio. De hecho, los precios y modalidades de pago deben ser fijados mediante Decreto Supremo, sustentados en un informe técnico público.

El gobierno saliente del expresidente Gabriel Boric ingresó el referido decreto a Contraloría, pero no terminó su tramitación y quedó pendiente su publicación, por lo que no se conoce hasta ahora todo su contenido.

Lo que sí está disponible, es el informe técnico en el que sustentaron las tarifas que definieron en el decreto para que el IPS pueda ofrecer sus servicios a las AFP a través de una Unidad de Administración de Cuentas y Soporte (ACS), que será clave para los actores que están evaluando formar su propia AFP. Ese es, precisamente, uno de los asuntos que estaban esperando.

El informe técnico tarifario en cuestión fue finalizado en diciembre por THM Group y Global Economistas Asociados. A su vez, este documento fue hecho en base a un estudio previo de costos que hizo la consultora Valor Único, fechado en noviembre de 2025.

El primero revela que los servicios de apoyo que ofrecerá el IPS corresponden a la afiliación y cuentas, servicios de atención al cliente, procesos de recaudación y cobranzas, beneficios, procesos contables, procesos de apoyo y gestión, y gestión de riesgo. “Por definición institucional, el IPS no ofrecerá el servicio de ventas”, enfatiza el documento de 45 páginas.

El informe técnico detalla que “la metodología de tarificación se basa en un esquema de precios mínimos regulados, determinados conforme a los costos eficientes de provisión identificados mediante el modelo de empresa eficiente. Esta metodología asegura que las tarifas cubran la totalidad de los costos atribuibles a la provisión de los servicios (autofinanciamiento) y que el IPS no cobre precios inferiores a los que enfrentaría un competidor eficiente, garantizando la neutralidad competitiva”.

La oferta

Las tarifas que determinó el informe técnico considera dos escenarios, uno con demanda alta, en el que una AFP comienza las operaciones en el mes 13 (t=13) habiéndose adjudicado la licitación de afiliados, lo que implica comenzar con 1,26 millones de afiliados activos. El segundo escenario considera igual plazo, pero con una demanda baja, sin haberse adjudicado la subasta. Estima un crecimiento de afiliados basado en la experiencia histórica de AFP Uno.

Además, propone tarifas diferenciadas según cuatro tipos de servicios. Primero, el que llama “servicio completo”, que incluye “la atención directa a los afiliados y la ejecución especializada de todos los procesos operativos previsionales. Este servicio permite a la AFP delegar de manera centralizada la gestión completa del ciclo previsional desde la atención en canales, afiliación y actualización de cuentas, tramitación y pago de beneficios, recaudación y procesos contables asegurando trazabilidad, consistencia operativa y cumplimiento normativo”.

También “incorpora capacidades de soporte operacional y gestión de riesgos, garantizando continuidad, control y calidad en cada etapa del proceso”.

El segundo es el que llama “servicio soporte”, que únicamente excluye la atención directa al afiliado. El tercero es el “servicio atención”, que está “centrado exclusivamente en la atención al cliente, complementado con capacidades de soporte operativo y gestión de riesgos”.

Y el cuarto, es el “servicio acotado”, que “integra la atención al cliente con determinados macroprocesos acotados del back-office, aplicable únicamente cuando su implementación se realiza a través de la plataforma tecnológica de que disponga el IPS. Está orientado a clientes que mantienen parte de los procesos dentro de sus propias operaciones”.

Los precios

Las tarifas resultantes consideran precios fijos y variables en cada servicio. El servicio completo es el que tiene el valor más alto, ya que en un escenario de alta demanda tendría un cargo fijo de UF 18.970 mensuales (unos $755 millones), y una tarifa variable de UF 0,012 ($478) por afiliado. Mientras que en un escenario de baja demanda, el cargo fijo sería de UF 17.794 ($708 millones), y el variable de UF 0,026 ($1.035) por afiliado.

“En todos los casos en el escenario de demanda alta se cobra una tarifa variable menor que en el escenario de demanda baja”, afirma el documento.

En el servicio de soporte, un escenario de alta demanda significaría un cargo fijo de UF 16.683 mensuales ($664 millones), y una tarifa variable de UF 0,008 ($319) por afiliado. Mientras que en un escenario de baja demanda el cargo fijo sería de UF 15.955 ($635 millones) y la tarifa variable de UF 0,022 ($876).

Por otra parte, el servicio de atención es el que tiene los valores más bajos, pues en un escenario de alta demanda implicaría un costo fijo de UF 7.374 mensuales ($293 millones), más una tarifa variable de UF 0,006 por afiliado ($239). Mientras que en un escenario de baja demanda, el cargo fijo representaría UF 6.792 mensuales ($270 millones) y una tarifa variable de UF 0,015 por afiliado ($597).

Por último, el servicio acotado en un escenario de alta demanda se traduce en un cargo fijo de UF 15.962 ($635 millones) al mes, y uno variable de UF 0,010 ($398) por afiliado. En tanto, en un escenario de baja demanda, sería un cargo fijo de UF 15.015 ($598 millones), y uno variable de UF 0,024 por afiliado ($956).

“Los cargos fijos difieren entre servicios porque capturan el financiamiento de los costos no recurrentes, que incluyen los costos de setup (el mismo para todos los servicios y escenarios) y los costos de onboarding que son distintos”, sostiene el documento.

“La metodología es consistente con el informe de costos, en cuanto estima los costos que enfrentaría un prestador privado eficiente que inicia desde cero la provisión de los mismos servicios. Con ello, operacionaliza el enfoque de empresa modelo y facilita su replicabilidad, en línea con prácticas asentadas en sectores regulados en Chile (sanitario, eléctrico y telecomunicaciones)”, señala el informe.

Agrega que “por construcción, el esquema resguarda el autofinanciamiento y la neutralidad competitiva al incorporar, en la estructura tarifaria, impuestos, depreciación económica y la remuneración del capital (WACC). Asimismo, requiere revisiones periódicas para internalizar cambios regulatorios, tecnológicos y de mercado, preservando la eficiencia de las tarifas en el tiempo”.

También explica que “en todos los casos, las tarifas buscaron ser lo más bajas posible, garantizando el financiamiento y la sostenibilidad del servicio”.

En todo caso, aclara que esta propuesta “no considera los avances tecnológicos que puedan existir a futuro” y tampoco considera “los posibles cambios futuros a la regulación”, entre otras cosas que deberían incorporarse a futuro en las tarifas si algo cambia.

“Las condiciones particulares de este nuevo mercado, cuya demanda es desconocida, y la posible evolución de los costos, hacen razonable prever que la revisión tarifaria pueda ser particularmente necesaria en un futuro próximo”, afirma.

Entre los supuestos que usaron para su modelo, se consideró que el porcentaje de cotizantes del total de afiliados promedio del sistema corresponde a un 49%; un ingreso imponible promedio cercano a UF 32 por cotizante; un crecimiento real de remuneraciones del 3% anual, más inflación; una inflación anual del 3%, y una tasa impositiva corporativa del 27%.