La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó los próximos pasos en la agenda laboral del Gobierno, marcados especialmente por el nuevo reglamento en torno a la Ley Karin.

En conversación con Radio Infinita, la dirigente gremial declaró que si bien ese proyecto fue “muy bien intencionado”, no se legisló “pensando en que pueden haber malos incentivos en alguna denuncia”.

“Lo que uno ha observado es un aumento explosivo de denuncias, no hay ningún tipo de proceso de admisibilidad. Esto sobrepasa a la Dirección del Trabajo, genera una congestión enorme en una institución que en vez de resolver en 30 días como corresponde, se puede demorar 8, 9, 10 meses”, dijo.

Además, resaltó la exigencia que significa para las empresas separar del espacio de trabajo a la persona denunciante y denunciada, “lo cual es muy difícil cuando las empresas son pequeñas y no tienen espacio para hacer aquello”

En este sentido, apuntó a la necesidad de avanzar en criterios para acotar la admisibilidad de las denuncias, “poder filtrar aquellas acusaciones que son legítimas y que requieren una resolución rápida y por lo tanto acotar los plazos”.

Cabe señalar que casi el 20% del total del personal de la Dirección del Trabajo realiza funciones vinculadas a la Ley Karin, lo que equivale a 448 funcionarios de una dotación institucional completa de 2.360 trabajadores a nivel nacional.

No obstante, se estima que 348 realizan estas labores bajo una modalidad de dedicación no exclusiva, distribuidas en 196 abogados y 152 fiscalizadores.

Indemnización a todo evento

Otro punto abordado fue la propuesta del Ejecutivo de reemplazar la actual indemnización por año de servicio en caso de despido por necesidad de la empresa por un régimen de indemnización a todo evento.

Si bien la propuesta aún está siendo trabajada por el ministerio del Trabajo, Jiménez valoró positivamente la iniciativa, destacando que en Chile rige un sistema de indemnización “bastante oneroso” comparativamente.

Además, agregó que este cambio puede significar un beneficio para aquellos trabajadores que, voluntariamente, desean cambiar de trabajo.

“La indemnización por años servicio es un costo para la contratación importante, pero además genera un costo en las relaciones laborales y en la productividad laboral. El colaborador que quiere cambiarse de trabajo, eventualmente le va a convenirque lo despidan para poder llevarse esa indemnización en contrario de renunciar y buscar otro trabajo”, afirmó.