Luis Cordero, exministro de Justicia y Derechos Humanos y exministro de Seguridad, expuso este miércoles en su calidad de abogado en la audiencia pública que se desarrolla ante el Tribunal Constitucional para conocer los planteamientos de los terceros interesados en el debate sobre los requerimientos de la oposición contra la megarreforma.

Su exsubsecretario y sucesor como ministro en Justicia durante el gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, fue uno de los nombres que trabajó en los requerimientos.

Cordero expuso en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., en el sexto lugar entre las entidades inscritas.

Al iniciar sus cinco minutos de exposición, el abogado aclaró que sus alegaciones se iban a centrar exclusivamente al requerimiento presentado por los diputados en relación a los artículos quinto y sexto del proyecto.

Gajardo patrocinó uno de los requerimientos de los senadores de oposición.

Qué planteó Cordero

La exposición de Cordero estuvo fundamentada en un informe en derecho de Patricio Zapata, abogado que defendió al exministro de Hacienda Nicolás Grau ante la acusación constitucional que enfrentó en el Congreso.

“Imaginemos por un momento una jaula de cultivo de salmones en un fiordo del sur, instalada hace treinta años aproximadamente, con la tecnología de entonces. Hoy sabemos que moverla a 300 metros sin producir un kilo más, que es la discusión de la regla que está establecida en este proyecto, mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría el impacto, eso es una microlocalización. Y de eso trata este requerimiento en esta parte, sus señorías, si mover la jaula es para proteger el mal y en consecuencia si esa medida sería inconstitucional”, partió señalando.

Cordero indicó, en esa línea, que el asunto que se pretende impugnar no corresponde ser visto por el TC.

“Lo que se presenta en rigor no es un problema de constitucionalidad, lo que en rigor existe es un desacuerdo de mérito, que es legítimo, por cierto, pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático y no ante vuestras señorías”, sostuvo.

Cordero sostuvo que el requerimiento de los diputados aborda “asuntos que jamás fueron objeto de la reserva” y sostiene que el TC había declarado inadmisibles presentaciones anteriores por esa razón.

“La congruencia en la discusión constitucional no es una simple formalidad”, advirtió el letrado.

La exautoridad sostuvo que es “conveniente no confundir los debates legítimos de la regulación ambiental a nivel legal de los instrumentos constitucionales para ese fin”.

“Por cierto, el corazón del reproche ambiental de este caso, en esta parte en concreto, descansa, en mi opinión, en una confusión”, planteó.

El abogado hizo hincapié en que es “conveniente no olvidar que las normas establecidas en este proyecto son generales”.

“Es cierto que establecen reglas específicas, pero es cierto también que en la legislación de pesca y acuicultura, en otras condiciones, existen reglas específicas que, de hecho, no se aplican a la acuicultura. En otros términos, la pregunta central en estos casos es que la propia legislación en este ámbito tiene diferencias razonables. Y en lo que se refiere al financiamiento respecto de los informes para bancos naturales, esa norma existe en la actualidad. Es el artículo 122 bis. Está rodeado de garantías, registro, licitación, tarifa pública y, en lo esencial, valida la conservación del Estado. Confunde pagar con decidir. Este no es un caso de regresión ambiental y, simplemente, lo que está en juego es un caso de diferencia razonada”, aseguró.