El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, defendió su labor ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el ingreso de niños haitianos al país.

En su exposición, Thayer aseguró que el caso no corresponde a una situación de niños que hayan estado perdidos, ya que estos permanecieron junto a sus familias y escolarizados.

“Lo que está en discusión no es si 64 niños haitianos estuvieron perdidos, porque no lo estuvieron. Estuvieron con sus familias en el sistema escolar, en sus domicilios”, sostuvo.

En ese contexto, Thayer defendió la legalidad del Memorándum N°1886, emitido el 13 de mayo de 2024, que flexibilizó determinados requisitos documentales para la tramitación de visas de niños haitianos, debido al cierre del consulado de Chile en Puerto Príncipe.

“La flexibilización documental para niños, niñas y adolescentes haitianos no fue una extralimitación de facultades, fue aplicación directa de las obligaciones que el Estado de Chile había asumido”, señaló.

Es así como Thayer cuestionó las conclusiones de la Contraloría General de la República respecto del memorándum N°1886. Según planteó, el organismo contralor sostuvo que la instrucción creó excepciones no contempladas en la ley, vulneró el artículo 7 de la Constitución y que un memorándum no constituía un acto administrativo válido para realizar ese tipo de modificaciones.

Frente a ello, aseguró que existen normas nacionales e internacionales que obligaban a la autoridad migratoria a considerar el interés superior de los niños y a evitar obstáculos que impidieran la reunificación familiar.

Es así como expresó que “si el memorándum no es un acto administrativo, no hay competencia en la Contraloría General de la República para calificar su mérito ni su legalidad en los términos en los que lo hizo”.

“El error institucional en este caso no está en el memorándum, está en el órgano de control que evaluó, que una decisión de conducción propia de su Ley Orgánica le prohíbe evaluar, y en una filtración de un documento reservado que instaló la sospecha pública de tráfico de personas contra decenas de familias haitianas”.

De acuerdo a lo que detalló Thayer, “esta decisión no es excepcional en el marco de la implementación de decisiones en materia migratoria”, y que “la emisión del memo 1886 no fue un ejercicio discrecional de una facultad solamente, sino que fue una obligación legal atendiendo la Ley de Transmisión y Inmigración, la Constitución y los compromisos internacionales vigentes que tiene nuestro país”.

“La ilegalidad no estuvo en la emisión del memo, la ilegalidad se habría producido si en mi condición de director del Servicio de Migraciones no hubiese dado la instrucción y yo hubiese omitido la aplicación directa de estos cuerpos normativos que he señalado”, agregó.

Thayer calificó como “el hecho más grave” la filtración del informe de Contraloría, mencionando que “esta filtración no es un detalle procesal, es el hecho que instaló en la opinión pública antes de cualquier indagación seria la hipótesis de 64 niños perdidos que podían ser víctimas de trata o tráfico de personas”.

“El propio director del Servicio Nacional de Migraciones señaló el mismo día saliendo de La Moneda que podrían ser hasta más de 200 niños perdidos. Esa hipótesis fue falsa. Los 64 niños fueron ubicados en buenas condiciones junto a sus familias como el propio Ejecutivo confirmó ante el Senado el 24 de junio”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “el daño ya estaba hecho. Estaba hecho contra mi honra y contra mi fuente laboral, puesto que fui desvinculado de la Universidad Católica de San Francisco por dañar la imagen institucional y de la Iglesia Católica, siendo textual la carta de despido”.

“Y también se hizo daño contra la comunidad haitiana sometida durante semanas a una sospecha generalizada de tráfico de personas que ningún antecedente objetivo sostenía”, agregó.