El 19º Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Universidad La República, tras una demanda presentada por un grupo de trabajadores debido al incumplimiento de obligaciones laborales.

La acción judicial fue interpuesta por Macarena Mellico, terapeuta física, y Paulino Martínez, técnico en cuidados de enfermería. Ambos reclamaban el pago de más de $63 millones, correspondientes a sentencias emitidas por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Estas resoluciones reconocen deudas por sueldos y otras prestaciones impagas a los trabajadores.

Durante el proceso, la magistrada Jacqueline Benquis constató que la universidad —representada legalmente por su rector, Fernando Lagos— no se presentó a la audiencia fijada para el 9 de junio de 2025. Esta inasistencia permitió aplicar lo dispuesto en la Ley N.º 20.720 sobre procedimientos concursales, lo que derivó finalmente en la declaración de quiebra de la institución.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento designó a un liquidador provisional para iniciar el proceso de liquidación de bienes y pago a los acreedores.

El tribunal nombró como liquidador titular a Raúl Cornejo y como liquidador suplente a Mario Vargas, ambos en calidad provisional, según lo solicitado por los acreedores demandantes.

Además, se ordenó que todos los documentos firmados por la universidad incluyan la leyenda “en Procedimiento Concursal de Liquidación”, junto a la firma del liquidador y demás personas autorizadas.

También se dispuso la incautación de todos los bienes, libros y documentos de la institución, bajo inventario. Esta diligencia podrá realizarse con apoyo de la fuerza pública y, si es necesario, mediante allanamiento o descerrajamiento. La funcionaria Patricia Hurtado Guzmán fue designada como ministra de fe para supervisar el procedimiento.

Se instruyó a las oficinas de correos entregar al liquidador toda correspondencia dirigida a la universidad. Además, el liquidador queda facultado para requerir directamente a instituciones la información necesaria para determinar el patrimonio del deudor.

Por otra parte, todos los juicios pendientes contra la universidad en otros tribunales deberán acumularse a este procedimiento concursal, siempre que la ley lo permita.

También advirtió al público que no deben realizar pagos ni entregar mercaderías a la universidad, ya que dichas acciones no tendrán validez legal.

“Póngase en conocimiento de todos los acreedores residentes en el territorio de la República, que tienen el plazo de treinta días, contados desde la fecha de publicación de la presente resolución, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio, sin nueva citación”, consignó la resolución.

Abogado

El abogado que representa a los extrabajadores de la universidad, Pedro Eguiguren explicó a Pulso que “la Universidad de la República se ha logrado sostener durante varios años, con múltiples y centenares juicios de cobro, de empresas, proveedores, de la Tesorería General de la República, instituciones de Seguridad Social y trabajadores”.

“Hace varios meses nos contactaron ex trabajadores de la Universidad, en razón de que si bien tenían sentencias favorables en contra de la Universidad y llevaban mucho tiempo intentando su cobro, no existía resultados positivos.

Por lo anterior, “como equipo decidimos presentar una solicitud de liquidación forzosa en contra de la Institución de Educación Privada, la que concluyó en que el tribunal que conoce de la causa dictara la resolución de liquidación, que es la sentencia de quiebra de la universidad, empezando con esto el procedimiento concursal de liquidación de la Universidad de la República”.

“Como abogados de los ex trabajadores, nuestro objetivo era el pago de las acreencias y no la quiebra del establecimiento educacional, pero dado que la cobranza en sede laboral no tenía resultados concretos, los múltiples juicios de cobro que avanzaban de manera paralela y la insolvencia irremediable de la universidad, nos quedaba como única opción solicitar la quiebra, para el caso de que esta se decretara, que el liquidador designado liquidara los activos de la Universidad y pagara de acuerdo a la preferencia de pago que dispone la ley, algo que en un juicio individual de cobro no siempre es respetado”, concluyó.

Al cierre de este artículo no hubo comentarios del rector de la casa de estudios.