Desde hace quince años, Chile cuenta con una política ambiental moderna y estructurada, que ha sido parte del corazón de la agenda pública. La creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reemplazando a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) que funcionó desde 1994 hasta 2010, significó un cambio profundo y más integral en la forma en que el país enfrenta los desafíos climáticos y de sostenibilidad.

Según sus expertas, esta institucionalidad cumple años con una mirada madura, más integral y un sello de liderazgo femenino, donde tres mujeres, Maisa Rojas, Marie Claude Plumer y Valentina Durán, encabezan las instituciones que conforman el corazón del sistema ambiental chileno y que dan cara una agenda clara frente a la discusión global, donde la sostenibilidad, la justicia ambiental y la acción climática son ejes del desarrollo nacional, tal como se ha demostrado en los últimos debates internacionales como la Asamblea General de la ONU.

Una institución, tres pilares

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), organismo base de la gestión ambiental del país, ha tenido como rol principal diseñar políticas, normas y estrategias que orienten al Estado y a la sociedad hacia un desarrollo sostenible. Desde su creación en 2010, ha liderado la elaboración de instrumentos clave como la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Climática de Largo Plazo y los Planes de Descontaminación Ambiental.

De este modo, la ministra Maisa Rojas indica que la creación del Ministerio ha sido un salto institucional con un impacto positivo para el país, “entregando un ministerio capaz de liderar las políticas ambientales y climáticas que exigen los tiempos. Desde entonces, hemos avanzado en marcos regulatorios robustos, que preparan a Chile para hacerse cargo de la triple crisis ambiental, de crisis climática, contaminación y pérdida de biodiversidad”, explicó.

Otra institución que ha sido clave en estos 15 años es aquella que garantiza que las normas se cumplan. En esa línea, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llega para fiscalizar y sancionar los incumplimientos a la legislación ambiental y asegurar que los compromisos de los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se respeten, reforzando el principio de que el desarrollo económico debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental. “Pasamos de un modelo no disuasivo, ineficiente y que no tenía en su eje el cumplimiento ambiental, a un modelo, representado en la SMA, cuyo fin es asegurar el complimiento ambiental, a través de un conjunto de mecanismos que considera desde sanciones disuasivas a mecanismos de incentivos al cumplimiento”, señala la superintendenta Marie Claude Plumer.

En estos años, la SMA ha modernizado su gestión con la incorporación de tecnologías de monitoreo remoto, sensores ambientales, drones y plataformas digitales, lo que le ha permitido aumentar su cobertura y capacidad de respuesta. “El uso de la tecnología es un pilar fundamental en la SMA. Es una herramienta central que ha permitido avanzar en cobertura, eficiencia y eficacia. (...) Hemos construido estrategias de cumplimiento ambiental que buscan no solo cobertura, sino también calidad del dato, oportunidad de la intervención e incidencia en el comportamiento, todo con autoevaluación y transparencia”, indicó.

El tercer pilar es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que analiza los proyectos de inversión, determinando si se ajustan o no a los criterios de sostenibilidad. A través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el SEA busca conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la participación ciudadana, una tarea no fácil para quienes buscan captar interés en la inversión extranjera, pero que busca mitigar el impacto ambiental, pero también social de nuestro entorno.

Bajo la dirección de Valentina Durán, el organismo, junto con sus procesos de evaluación, incluyen instancias de diálogo, mayor acceso a la información pública y evaluaciones técnicas más rigurosas, convirtiéndose en un actor clave en la transición hacia una economía sustentable, acompañando al sector productivo en la incorporación de criterios ambientales desde las etapas iniciales de sus proyectos.

El 2024 ingresaron a evaluación más de 70 mil millones de dólares y en septiembre de 2025 se aprobaron proyectos por más de 8.680 millones de dólares, la cifra más alta en un mes desde que existe registro en 1993, según cuenta Durán. “Han sido años con importantes récords para el SEA, y esto nos habla de que somos un país muy atractivo para la inversión, que es un sistema serio, que toma en serio el cumplimiento de la normativa ambiental, el cumplimiento de sus compromisos internacionales climáticos y de protección de la naturaleza, asegurando también el derecho a la participación ciudadana informada”, indicó su directora ejecutiva.

Desafíos de 15 años de gestión ambiental

Sin duda que la institucionalidad ambiental chilena ha consolidado avances históricos, como la Ley Marco de Cambio Climático, que fija la meta de carbono neutralidad al 2050; la Ley REP, que promueve la responsabilidad extendida del productor; el Acuerdo de Escazú, fortaleciendo la participación y el acceso a la justicia ambiental; la Ley para la Naturaleza y creación del SBAP, que reorganiza la gestión de áreas protegidas; o la implementación de impuestos verdes y promoción de la electromovilidad, que integran la sostenibilidad a las finanzas y el sector privado. Sin embargo, los desafíos en gestión ambiental siguen siendo significativos.

En un contexto actual donde la crisis climática, la contaminación, la escasez hídrica y la pérdida de biodiversidad demandan acelerar la acción climática, con mayor educación ambiental y coordinación territorial y público-privada, para las expertas, es clave avanzar de manera colaborativa de la mano del financiamiento climático.

“La carbono neutralidad al 2050 es un compromiso que Chile adoptó por ley y tanto el sector público como el privado están avanzando en esa dirección —indicó Rojas—. De este modo, financiar la acción climática no es un gasto, sino una inversión estratégica; significa invertir en mejorar la calidad de nuestro aire y del agua, en seguridad alimentaria, en modos más eficientes de transportarnos, en resiliencia climática para enfrentar los eventos meteorológicos extremos –como incendios forestales, sequías e inundaciones, que dejan altos costos socioambientales- y, por tanto, en estabilidad económica”.

En esta línea, la ministra destaca la institucionalidad ejemplar en Chile, pero que debe estar cada vez más afianzada. “Nuestro país hoy cuenta con una institucionalidad ambiental sólida, con mejores herramientas y estándares y con un rol estratégico en la planificación del desarrollo del país. Ahora, el gran desafío de esta nueva etapa es consolidar la implementación de esas políticas para que la protección de la naturaleza y la acción climática sean la base de un desarrollo sostenible y justo para las próximas generaciones”, terminó diciendo.

La SMA, por su parte, “debe cumplir con su finalidad que es fiscalizar y ejercer sus competencias en aras del interés general que está llamada a cumplir. Lo anterior permite avanzar en protección ambiental. Chile dispone de una institucionalidad ambiental que es reconocida y admirada, solo cabe seguir fortaleciéndola”, indicó la superintendenta Plumer.