Twitter: La multitienda que logró que la Corte Suprema borrara una cuenta

Foto: La Tercera/Archivo

Corona S.A. presentó recurso de protección en 2015, en que ordenaba el retiro de las redes sociales de una serie de publicaciones por considerarlas difamatorias.

Quienes interactúan en el espacio virtual no están desprotegidos. Pese a ello, no siempre se recurre a la vía judicial como solución, acción que puede hacer cualquier persona o empresa que considere que fue afectada por comentarios en Twitter.

Uno de esos casos es el recurso de protección que presentó la multitienda Corona S.A. en 2015, en que ordenaba el retiro de las redes sociales de una serie de publicaciones por considerarlas difamatorias. Esas publicaciones habían sido realizadas por la cuenta “Engaños de Corona” (@mentiras_corona), y se referían a procesos que consideraba irregulares dentro de la empresa, lo que, a juicio de la compañía, iban en descrédito de la institución y de los trabajadores.

El hecho marcó un precedente, ya que el recurso fue acogido por la Corte Suprema, indicando que las personas jurídicas y las empresas también tienen derecho a la honra consagrado en la Constitución Política.

Este tipo de acciones también pueden realizarlas particulares. El abogado y exjuez de la Corte Suprema Alejandro Huberman, del estudio jurídico Daneri, Norambuena & Compañía, cuenta el caso de un cliente que se querelló por injurias a través de Twitter.

Según Huberman, su cliente fue involucrado a través de varios tuits en situaciones en las que sugerían atisbos de corrupción, “y de una corrupción general en un ministerio”. El caso correspondía a calumnias, explica el abogado, ya que se imputaba un delito.

“Una persona hace ese primer tuit y luego tuvo muchos retuiteos. Esa persona no se disculpó”. La cuenta estaba asociada a un nombre anónimo, por lo que se presentó una querella por injurias y calumnias, para dar con el responsable.

“Nos acogieron a tramitación la querella, pero dentro de las diligencias que solicitamos estaba una orden de investigar al Cibercrimen de la PDI, para saber quién era el usuario de la cuenta”, señala Huberman.

Pero el tribunal no dio lugar a la diligencia de investigación, argumentando que las diligencias tienen por objetivo precisar el delito, explica, pero no la participación. Lo que está sujeto a interpretaciones, indica el abogado: “La mitad de los tribunales interpretan esta forma y la otra mitad le da lugar”.

Twitter facilita este lenguaje y muchas personas suplantan a personajes públicos, “que son hechos que pueden configurar delito, pero es complejo obtener la participación de la prueba. Esto le debe pasar a mucha gente. Es muy difícil perseguir este tipo de delitos, porque es difícil dar con los responsables”, dice Huberman.

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