SEÑOR DIRECTOR:

“Con Dorothy Pérez por fin alguien hace la pega”. Esa sensación queda en estos primeros años con la nueva contralora. Es que las intensas fiscalizaciones ya realizadas no parecieran ser todo: esta semana en un seminario en el CEP, la autoridad anunció que están investigando el “fraude social”, es decir, la entrega de beneficios estatales a personas no contempladas en el respectivo programa.

El esfuerzo es encomiable, pero no podemos esperar que el ente contralor sea la única institución y el único liderazgo que resuelva todos los problemas. Contamos con un entramado institucional diseñado para velar por el correcto funcionamiento del Estado y, cuando esto no sucede, es hora de revisarlo.

La administración es el primer responsable de velar por el desempeño óptimo de los programas públicos. Si esto no ocurre, está la Dirección de Presupuestos (Dipres), que hoy vela por el adecuado uso de los recursos públicos a partir de la evaluación y monitoreo de programas. Pero, ¿tiene la Dipres los incentivos para quitarle beneficios a quienes lo están recibiendo sin justificación? Incluso queriendo hacerlo, ¿tiene la capacidad de incidir para que las autoridades políticas tomen estas decisiones impopulares?

Si la respuesta es no, toma fuerza la idea de contar con una agencia autónoma, cuya función sea precisamente evaluar el impacto de las regulaciones y programas públicos. Existe un proyecto de ley presentado por este gobierno que apunta en esa dirección, y sin embargo lleva meses sin avanzar. Debe haber un Chile después de Dorothy y para ello otras instituciones deben colaborar con el control y la promoción de la eficacia estatal. No todo es pega de la Contraloría.

José Antonio Valenzuela M.

Director de Incidencia de Pivotes