Una sesión para ver el modo en que se ha implementado el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es lo que se realizó este martes por la tarde en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Ello, en momentos en que exautoridades de la administración del expresidente Sebastián Piñera dijeron en su momento, cuando eran gobierno, que se proyectaba llegar a 600 mil nuevos beneficiarios que están entre el 60% y el 90% de la población de menos ingresos, según la etapa que se inició en agosto; pero en los últimos días acusaron que de ellos, solo se le ha pagado la PGU a 100 mil personas que están en este tramo de la población.

Sin embargo, desde el gobierno consideran que no se están mirando bien esas cifras, ya que según los números de la Dipres que ellos tienen a la vista, la estimación que existe -y que se hizo durante el gobierno anterior- es que en el total se proyecta entregar la PGU a 600 mil nuevos beneficiarios, pero no necesariamente ellos están entre el 60% y el 90% de la población.

El director del IPS, Patricio Coronado, dijo que según algunas cifras disponibles, hay un potencial de 2.510.000 adultos mayores de 65 años en el país, de los cuales, si se considera lo que dice la ley, es decir, se incluye al 90% de ellos, los potenciales beneficiarios serían 2.260.000.

Pero también mencionó que, según lo estableció la ley de la PGU. hay que descontar a 70 mil adultos mayores de Dipreca y Capredena, que tienen Registro Social de Hogares (RSH), y que no les corresponde el beneficio, según la ley. También hay que sacar a aquellos adultos mayores con pensiones de reparación. Así, el universo potencial sería de 2.145.000 adultos mayores a los que les corresponde el beneficio.

De ellos, Coronado indicó que se traspasaron automáticamente 1.543.000 adultos mayores que estaban en el Pilar Solidario. Y las nuevas concesiones que se han hecho de PGU, son 322 mil, de un total de 600 mil nuevos beneficiarios que se estima pueden acceder.

Así, agregó que de los 280 mil beneficiarios que pueden acceder pero aún lo hacen, hay otros 55 mil que ya tienen solicitudes aprobadas, que se hicieron en septiembre, y que comenzarán a ser pagadas en octubre. Asimismo, detalló que hay otros 160 mil potenciales beneficiarios que podrían cumplir los requisitos y que están en el Registro Social de Hogares. Mientras hay otros 65 mil adultos mayores que no están en el RSH y que podrían acceder.

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, salió a defender el modo en que el gobierno realizó el test de afluencia. Al respecto, explicó que la ley que creó la PGU cambió el universo total que se mide para entregar el beneficio, versus la medición que se hacía anteriormente para dar los beneficios del Pilar Solidario. Precisó que si antes se medía al 60% de menores ingresos sobre el total de la población, ahora el universo se acotó al 90% de menores ingresos, pero sobre el total de los adultos mayores.

“El cambio del universo total, a un subgrupo, que está expresado en los adultos mayores, para determinar el umbral de calificación, hizo que el punto de corte para determinar la elegibilidad para este beneficio cayera de $683.469 a $497.468. Si no se hubiese cambiado el universo, si hubiéramos trabajando en esta ley con el universo que tenía establecida la ley anterior en el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), la cantidad de rechazos por este concepto habría sido la mitad”, mencionó.

Esto quiere decir que las personas que actualmente acceden a la PGU son aquellos que tienen un ingreso per cápita del grupo familiar de $497.468, medido en pesos al 31 de diciembre 2020. “En pesos de hoy, esa cifra sería del orden de $578.000. Pero como esto se calcula con datos antiguos, digamos, por eso se toma diciembre de 2020″, puntualizó Larraín.

También se refirió a las críticas sobre la no inclusión de variables de patrimonio en el test de afluencia. Sobre ello, dijo que, “en primer lugar, era una opción contemplada en la ley. La ley establecía como opcional que se incluyera o no se incluyeran variables de patrimonio. Y si esto fue así, fue porque en su momento se evaluó que no existía la certeza de que existiera la información completa para realizar este test incluyendo variables de patrimonio. Por eso la ley lo dejó opcional”.

Es más, mencionó que “la no inclusión de variables patrimoniales en el test, obedeció a ausencia de información completa y organizada respecto de patrimonio. Pero dicho eso, se está cumpliendo la ley, y lo más importante, no tiene efectos en la cantidad de beneficiarios”.

Ahí recalcó que “el incluir o no incluir patrimonio en el test de afluencia, no tiene relevancia desde el punto de vista de incluir más o menos beneficiarios. Lo que tiene incidencia es en el error tipo uno y en el error tipo dos, que en los dos casos hay, pero no en la cantidad de beneficiarios”.

Lo tercero que explicó, es que “la opción de uso de la Casen para estimación del umbral, fue transitoria, en atención a que no existe suficiencia de datos administrativos. Nosotros agregamos una serie de datos administrativos en el nuevo test de afluencia, que nos permitió mejorar el instrumento, y de hecho permitió subir el umbral en casi $100.000, pero evidentemente, todavía no había información suficiente, y cuando llegaba el Ministerio, evaluamos esa información y no era adecuada, lo que no quita que en el futuro esto se pueda seguir perfeccionando”.

Así las cosas, reforzó que ya se han otorgado 325.000 beneficios y con las estimaciones que tienen van a llegar a cifras del orden de 540.000 personas.

Por último, señaló que “la reforma de pensiones que prepara el gobierno del Presidente Boric eleva el monto de la PGU a $250.000 y se universaliza de verdad. Y `de verdad` significa que desaparece el test de influencia”. Y agregó que “esto significa eliminar el requisito de focalización”. Eso sí, eso es “manteniendo la escalera de beneficios, la escalera decreciente a partir de $660.000, hasta $1 millón”.