Había postergado la diligencia porque quería hacerla de forma presencial. A las 9.30 AM de este miércoles 7 el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegó hasta el despacho de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para concretar su declaración como imputado en la investigación por la presunta responsabilidad de los mandos policiales y autoridades políticas en delitos de lesa humanidad que hoy tramita el Ministerio Público, tras la interposición de 20 querellas en todo el país, a propósito de hechos ocurridos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Al momento de la crisis social Yáñez no era la máxima autoridad de la policía uniformada, pero sí un integrante clave del alto mando, ya que se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad, a cargo de todas las estrategias para enfrentar las manifestaciones que principalmente se activaban en la zona de Plaza Baquedano y que terminaron con manifestantes lesionados, muchos de ellos con lesiones oculares, o con daños a causa del lanzamiento de lacrimógenas. Fue tras los cuestionamientos a su antecesor, el general Mario Rozas -también imputado en esta causa- que el uniformado asumió el 20 de noviembre como máxima autoridad de esta institución. El interrogatorio duró cerca de 10 horas, con un break de sólo 15 minutos.

La jefa del Ministerio Público de Valparaíso, designada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para esta investigación, que mantiene incluso querellado al Presidente de la República, fue directa y le preguntó a Yáñez por cada una de las actuaciones que podrían generar imputaciones por delitos de lesa humanidad en Chile, un caso que hasta la propia investigadora ha calificado como inédito en el país.

”¿Existió, a su juicio, en algún eslabón de la cadena de mando de Carabineros, una orden a partir de la cual desplegar una política de ataque sistemático a la población civil involucrada en las manifestaciones que surgieron al estallido social de octubre de 2019, con la finalidad de reprimirla?”, fue una de las 20 preguntas que quedaron plasmadas en 10 páginas de esta declaración. El general director sostuvo ante el emplazamiento: “Lo descarto absolutamente. La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en sentido contrario, esto es, cumplir los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar la integridad de los detenidos, y esto aún en situaciones de agresión a Carabineros o que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés por recuperar el orden público”.

Sobre su rol para el 18 de octubre de 2019 y los días posteriores, comentó que él tenía que dirigir, planificar, controlar y supervisar los servicios operativos. “El control de orden público es una de las tantas funciones de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar) y se canaliza a través de las distintas reparticiones que intervienen en esta tarea a lo largo del país. Al 18 de octubre, de un total de 60.000 funcionarios, sólo 2.000 carabineros estaban destinados a cumplir esta labor específica, técnica y especializada”. Más adelante, en su declaración sostendría que producto del estallido social esa cifra de 2.000 policías “se engrosó a 29.000 (al 25 de octubre) por la gravedad de la contingencia”.

Consultado por uno de los PDI presentes en la diligencia si podía dar cuenta de la información en tiempo real que recogía la Central de Comunicaciones de Carabineros que recibieron durante esos días de protesta, Yáñez señaló que no, ya que para él esa no era una fuente de información. “La información que se recogía ahí era de utilidad para los jefes operativos, los que eventualmente podían impartir instrucciones desde allí. La decisión táctica: avanzar, replegarse, la tomaba, en la gran mayoría de los casos, el funcionario a cargo en terreno. Excepcionalmente desde Comando de Control el jefe a cargo de la supervisión de las operaciones podía dar una instrucción, como por ejemplo, replegarse cuando se advertía a través de imágenes de algún riesgo para el personal”, sostuvo.

Una de las principales aristas de esta investigación son las lesiones oculares a manifestantes ocasionadas en el sector de Plaza Baquedano, entre ellos Gustavo Gatica, quien quedó ciego a causa de disparos de perdigones por parte de Fuerzas Especiales. Esta situación fue parte del interrogatorio al jefe policial. “A su consulta, respecto del fenómeno de los lesionados oculares, que se fue conociendo con el transcurso de los días de contingencia, el general director fue evaluando la situación hasta que se acotó el uso de la escopeta antidisturbios”, y agregó que se comenzó un registro de uso de esta arma y la obligación de que quienes la usaran portaran cámara.

Principal atención dieron los interrogadores a un grupo de WhatsApp que había entre los generales de Carabineros y en el que -por esos días- se transmitía información sobre eventos de gravedad. Sin embargo, el uniformado bajó el perfil de este grupo: “Los generales del alto mando teníamos antes del 18-O un grupo, pero no era el canal para tratar los temas del estallido social”. Fue ahí cuando se le consultó por la relación con el gobierno a partir del estallido social y la coordinación con la autoridad política. Ante esto, Yáñez dijo que se intensificó la relación con el Ministerio del Interior, sosteniendo varias reuniones en La Moneda, por celular, etc. “Los lineamientos del gobierno apuntaban a resguardar a las personas, la propiedad pública y privada y minimizar los riesgos de daños a las personas y a personal de Carabineros”.

Parte importante de la toma de declaración del general director fue sobre el uso de escopeta antidisturbios y la capacitación del personal que las usó en esos días. Frente a esto detalló que “Carabineros cuenta con un stock de 2.548 escopetas de diferentes marcas y años (...). Estas se han usado históricamente por Carabineros y por otras policías del mundo. En Chile se usaban básicamente el Día del Joven Combatiente y el 11 de septiembre, únicos días que teníamos eventos de grave afectación del orden público”.

Sobre la dinámica del disparo, dijo, “sin ser experto puedo señalar que no es un arma de precisión. La escopeta usa un cañón no estriado. Es un arma defensiva. Al disparar la munición sus postas se dispersan. A mayor distancia del disparo la dispersión es mayor. No es posible, por tanto, para el disparador controlar el disparo, a menos que se actúe conforme a protocolo”. Yáñez admitió que cuando salió un estudio de la Universidad de Chile relativo a que la composición de los perdigones sólo conteían 20% de goma y el resto eran metales, dijo que decidieron acotar el uso de las escopetas. Esto, pese a que un informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros sostenía que su composición mayoritaria era caucho.

Sobre los casos de lesiones oculares difundidos en redes sociales y el de Gustavo Gatica en particular y cómo se enteró de esos hechos, el general dijo que de este último caso “me enteré a través de un Twitter que me reenviaron, o un WhatsApp donde aparece esta noticia”. En ese sentido, dijo, trató de recoger información para entregar a Rozas y al Ministerio del Interior. “Estas indagaciones internas debieron hacerse de oficio, ya que por indicación del INDH no podíamos acercarnos a Gustavo Gatica ni a otras víctimas (...). Antes de conocer el hecho que afectó a Gustavo Gatica, efectivamente se tenía conocimiento de otras denuncias o hechos a partir de los cuales resultaron personas con lesiones oculares; este caso, significativo, efectivamente llevó a adoptar medidas restrictivas a las que me referí, respecto del uso de la escopeta antidisturbios. Aclaro que a la fecha desconocemos el número exacto de personas afectadas por estas lesiones”.

Sobre si conocía la circular del Labocar sobre los efectos en la superficie del cuerpo humano del disparo con escopeta antidisturbios, sostuvo que sólo supo de él cuando declaró en 2020 ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

Una vez que se acotó el uso de los perdigones, explicó Yáñez a la fiscalía, aumentó el uso de disuasivos químicos. “Sin embargo no hubo ninguna instrucción para emplear, en particular, bombas lacrimógenas ante la ausencia de municiones; muy por el contrario, la instrucción era cuidar el material y emplearlo racionalmente y con prudencia”.

Sobre cómo tomó conocimiento y qué hizo ante las denuncias de manifestantes que dicen haber sufrido lesiones de quemaduras tras haber sido mojados por el carro lanzagua, el uniformado aseguró que se enteró “a través de medios de comunicación”. Sobre la composición sostuvo que los vehículos tenían una capacidad de 6.000 litros de agua y que el jefe de cada dispositivo decide si mezcla esto o no con gases y la intensidad de ella. “Respecto de personas que refieren haber sido lesionadas por la acción del carro lanzagua, las investigaciones establecerán el origen de ellas, pero no descarto que algunas de esas lesiones se hayan producido por personas particularmente sensibles de piel”, apuntó.

¿Quién disponía cómo se debía actuar ante una protesta? Sobre esa interrogante, el jefe policial sostuvo que “la determinación de actuar por parte de Carabineros frente a una manifestación, con independencia de si existía o no autorización, se resolvía desde que la manifestación se tornara violenta, considerando que la mayoría de las convocaciones se efectuaban de manera espontánea y a través de redes sociales. Respecto de la situación en Santiago, existía una coordinación permanente entre los jefes policiales y la intendencia”.

Finalmente, el Ministerio Público le consultó si tenía idea de la cantidad de detenidos, daños y funcionarios lesionados por estos hechos. “Durante el periodo que va del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, fecha en que se regla el estado de excepción por la pandemia, se registraron 19.284 eventos graves, es decir, daños a propiedad pública o privada, saqueos, incendios (no se considera una barricada en la calle); 29.660 detenidos; 544 ataques a cuarteles policiales, concentrados en 13 cuarteles atacados 224 veces; 1.198 vehículos afectados con graves daños, 4.817 carabineros lesionados, de estos 263 graves, 405 menos grave y el resto con lesiones leves; de los graves y menos graves, 126 fueron afectados por impactos balísticos, 154 fracturados, 82 quemados, 52 con TEC y cinco funcionarios con pérdida de globo ocular. Se registraron cinco veces más eventos graves que en años anteriores al 2019, lo que nos obligó a desplegar todas nuestras capacidades”.

A las 19.50, el general Yáñez leyó su declaración, la firmó y se dio por terminada la diligencia.