La tramitación del proyecto de ley sobre reajuste al sector público ha resultado especialmente compleja, dado que el Ejecutivo decidió añadir un sinnúmero de materias en dicha iniciativa que no guardan ninguna relación con lo que se supone son sus ideas matrices. Entre ellas, un aspecto especialmente controversial ha resultado la intención de establecer procedimientos mucho más complejos para la remoción de los funcionarios a contrata, lo que en la oposición han considerado un abierto “amarre”. Pero también se han levantado cuestionamientos acerca del financiamiento del reajuste mismo, que de acuerdo con las estimaciones tendría un costo cercano a los US$ 1.700 millones. Se trata por cierto de un aspecto medular, sobre todo considerando la estrechez fiscal en que nos encontramos y que aún no esté del todo claro cómo se financiará.

Por ello han resultado valiosos los testimonios tanto de la contralora como del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, levantando una serie de alertas que lamentablemente no han sido consideradas por los parlamentarios oficialistas, parte de la oposición, ni tampoco por el Ministerio de Hacienda.

Entre los aspectos que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, indicó que según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, para financiar el reajuste del sector público de 2026 se requerirá un financiamiento adicional de alrededor de US$ 822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente, agregando que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones. El Consejo indicó que es un desafío relevante el que parte del financiamiento del reajuste salarial provenga de reasignaciones presupuestarias, producto del alto monto que diversas partidas del presupuesto ya destinan al gasto en remuneraciones.

En lo que se refiere al personal de contrata, el proyecto del gobierno busca que los despidos estén debidamente justificados y que la Contraloría se pronuncie en caso de que un funcionario reclame por su desvinculación. La iniciativa establecía originalmente que los funcionarios con al menos dos años de servicio podrían reclamar por vicios de ilegalidad, pero el gobierno presentó una indicación para elevar el plazo a cinco años -que es por lo demás el criterio que ha establecido la Corte Suprema-, pero dicha indicación fue rechazada en la Comisión con votos oficialistas, quedando en dos años.

La contralora recordó que los funcionarios que están a contrata son transitorios, cuya función expira por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre, pero lo que hace el articulado es modificar un régimen estatutario sin hacerse cargo de sus efectos en el resto del sistema, sobre todo porque afecta la carrera funcionaria, ya que funcionarios que llevan muy poco tiempo por la vía de la contrata podrían acceder a cargos de mayor grado que aquellos de planta.

A pesar de que el proyecto continúa votándose en la Comisión de Hacienda, es lamentable que los parlamentarios hayan desoído estas advertencias y concurran con su voto a permitir que avance un proyecto cuyo financiamiento aún no está claro y sin atender a las implicancias de alterar el régimen del empleo público.