Uno de los datos que se expusieron en el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional” -organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)-, permite dimensionar el enorme riesgo que supone el crimen organizado para el mundo. Pese a que América Latina representa algo más del 8% de la población global, aproximadamente un tercio de los homicidios registrados a nivel mundial ocurren en esta zona, donde la mitad de dichos crímenes está asociado a algún tipo de actividad vinculado con el crimen organizado.

Este flagelo, qué duda cabe, exige cada vez respuestas mucho más sofisticadas por parte de los estados, precisamente porque estamos frente a estructuras transnacionales que muchas veces cuentan con capacidades económicas o poder de fuego equiparables incluso a las de algunos de ellos. IDEA Internacional cita estimaciones según las cuales alrededor de 111 millones de personas en la región viven bajo algún tipo de “gobernanza criminal”, lo que debe servir para tomar conciencia que estos grupos ya son capaces de reemplazar al propio Estado.

Si bien es posible que este tipo de criminalidad aún no haya alcanzado en Chile los niveles que se observan en otros países de la región, es un hecho que estamos siendo duramente golpeados por este flagelo. Señal de ello es que no solo hubo un aumento explosivo en la tasa de homicidios -que en el último tiempo han logrado ser contenidos- sino también de otros delitos que antes eran de escasa ocurrencia en nuestra realidad, como secuestros, sicariato y extorsiones. Voces expertas coinciden en que en buena medida ello responde a la penetración del crimen organizado, lo que se ve reflejado en que nuestro país ha mostrado un acelerado deterioro en el Índice Global de Crimen Organizado, lo que sin duda debe ser una voz de alerta, porque sugiere que nos podríamos estar aproximando a un punto de inflexión.

Actuar a tiempo, por lo tanto, se torna crítico, para lo cual resulta clave no solo entender lo que verdaderamente está en juego, sino también evaluar las estrategias que está adoptando el país y tomar en cuenta la experiencia internacional, aspectos que fueron abordados en este seminario. Julián Suárez, representante País y Gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de la CAF, recordaba que la seguridad y el desarrollo constituyen hoy una agenda indivisible. Sin seguridad -dijo- no hay inversión sostenible, sin justicia no hay confianza, y sin instituciones sólidas no hay crecimiento duradero. Acertadamente hizo hincapié en que la seguridad ya no es un tema solamente policial, porque toda la logística que desarrolla un país es también ocupada por las redes criminales transnacionales. El costo de la violencia y el crimen es altísimo: solo en el caso de América Latina, la CAF estima que alcanza a más de US$ 250 mil millones, el equivalente a la construcción de 10 millones de viviendas sociales.

Por cierto que uno de los dilemas al que se enfrentan los países -Chile no es la excepción- es si la “mano dura” puede ser el camino más efectivo para combatir el crimen organizado, donde la experiencia de Bukele en El Salvador probablemente resulta paradigmática. Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, en entrevista con este medio desaconsejaba ese camino -en cambio puso especial énfasis en que no haya espacio para la impunidad penal-, y en su ponencia durante el seminario recordaba que si bien la voluntad política de un gobierno para combatir el flagelo es importante, a la vez es fundamental generar una narrativa que conecte con la población. Frente a una amenaza transnacional, dijo, no solo las organizaciones deben estar coordinadas entre ellas -recalcando que sería un derroche no aprovechar las distintas capacidades de inteligencia hoy existentes-, sino que los propios países deben compartir información.

También resultó interesante conocer que la definición de crimen organizado ha ido evolucionando en el mundo. Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España, puso de relieve que para la UE el crimen organizado dejó de ser una cuestión solamente policial, entendiéndose como una amenaza híbrida capaz de afectar simultáneamente a la seguridad, la economía, la gobernanza democrática y la cohesión social. Ilustró asimismo sobre la experiencia española a partir del Sistema de Seguridad Nacional, que contempla 16 ámbitos en que se describen riesgos y amenazas, dentro de los cuales figura el crimen organizado, dando cuenta de lo relevante que resulta diseñar una estrategia integral, con organismos responsables de cada uno de estos ámbitos.

Chile ha dado pasos en dotarse de una institucionalidad para combatir el crimen organizado. Cuenta ya con una Política Nacional contra el Crimen Organizado (2022), y se creó un Ministerio de Seguridad Pública, institución que lleva poco más de un año en funciones. Con todo, ahora resulta indispensable conocer con qué plan el gobierno pretende enfrentarlo. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue una de las expositoras, quien detalló a grandes rasgos el plan de seguridad pública que próximamente formalizará el gobierno, el cual descansa sobre tres grandes ejes: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y fortalecimiento institucional. Dio a conocer también una serie incentivos económicos para reforzar el interés por la carrera policial, sobre todo en el caso de Carabineros, aunque no explicó cómo pretende llegar a la meta de duplicar el número de policías uniformados de aquí al 2030.

El mundo político debate ahora si los lineamientos que ha dado a conocer la ministra están bien orientados; han surgido cuestionamientos en algunos sectores, acusando que es un plan demasiado general y con medidas poco concretas. Habrá que esperar a que se formalice para conocer los detalles, pero ciertamente sería una oportunidad perdida si en dicha estrategia no hay medidas que convenzan a la población de que en materia de seguridad habrá un cambio de rumbo.

El seminario también fue complementado con las reflexiones del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Jorge Nazer, fundador de ALTO. Mientras el primero mencionó entre otros aspectos que el país necesita un nuevo consenso democrático para abordar la crisis en seguridad, donde la pregunta es si la sociedad chilena estará dispuesta a sacrificar en algo sus derechos -particularmente la libertad- para obtener mayor seguridad, Nazer, a su turno, hizo ver que el sector privado tiene mucho que aportar a la seguridad con la data que posee, para lo cual es fundamental integrar información, mencionando la experiencia de los centros de control y comando que existe en otros países, al tiempo que alertó por el impacto que podrían tener las nuevas tecnologías en materia de seguridad y delitos informáticos.

Las distintas intervenciones que se escucharon en este encuentro sobre seguridad dejaron, en todo caso, señales alentadoras: hay conciencia sobre la necesidad de actuar sin pausa contra el crimen organizado, y aún es tiempo de evitar el destino fatal en que se han sumido otros países de la región.