El gobierno ha anunciado que inició una revisión total de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del llamado estallido social, ello luego de que se dieran a conocer antecedentes de que uno de los beneficiados fue detenido en la Región de Coquimbo acusado de traficar fentanilo, quien además cuenta con un nutrido prontuario policial. De acuerdo con lo indicado por la autoridad, el beneficio ya fue retirado en este caso, pero el solo anuncio ha reabierto con fuerza una discusión de larga data en el país, donde sectores sobre todo ligados al actual oficialismo en distintas oportunidades han solicitado que estas pensiones sean revisadas o incluso retiradas en forma definitiva. La Cámara de Diputados, de hecho, acaba de aprobar un proyecto de resolución en que se solicita al Ejecutivo instruir las medidas administrativas necesarias para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas que hayan recibido el beneficio y tengan antecedentes penales anteriores, simultáneos o posteriores a dicha pensión.

Parece razonable que el gobierno revise las condiciones en que se otorga este tipo de pensiones, en particular cuando el beneficiario posee antecedentes penales graves, pues no resulta razonable que las ayudas del Estado lleguen a personas que delinquen, ya que se entiende que dicho beneficio está pensado para personas que han prestado valiosos servicios al país, víctimas de catástrofes naturales o incapacidad laboral. El hecho de que el Presidente de la República esté facultado para otorgar este tipo de pensiones sin atenerse a las causales que establece la ley -debiendo fundamentar las razones para ello-, tampoco debería pasar por alto el principio de que no cabe beneficiar a delincuentes con cargo a los recursos públicos.

Al respecto ya hay precedentes, pues bajo la administración del Presidente Boric se retiraron una veintena de pensiones del “estallido” cuando quedó al descubierto que dichos beneficiarios habían sido condenados por hechos delictuales, aunque la regla que se aplicó fue que el beneficio no caducaría cuando se acreditara que padecían daños permanentes.

Hasta la fecha se han entregado más de 400 pensiones de gracia en el marco de los hechos que se desencadenaron a partir de octubre de 2019, con un gasto que a la fecha ha superado los $ 7 mil millones. Dado que son beneficios permanentes, es razonable revisar que los criterios que en su momento justificaron dichas ayudas se mantengan, tomando en cuenta que la propia Contraloría detectó una serie de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones, como por ejemplo fichas que carecían de suficientes antecedentes médicos, 58 beneficiarios con condenas -incluso por pornografía infantil-, otros casos en que ya recibían distintos beneficios, y ausencia de contrastes de los datos que aportaba el INDH, que era la entidad encargada de calificar el estatus de las víctimas.

No es claro hasta dónde llega el alcance de la revisión total que ha propuesto el Ejecutivo. No parece prudente, en todo caso, eliminar del todo estas pensiones, pues tuvieron un sentido pacificador, pero sí fijar criterios definitivos que aseguren que los beneficiarios sean las personas correctas, lo cual también supone un análisis jurídico profundo para evitar que se abra un flanco de judicializaciones.