Más de cuatro de cada diez chilenos viven hoy en el Gran Santiago. Hace un siglo, esa proporción no alcanzaba a uno de cada diez. En ese mismo territorio se genera más del 42% del producto del país. Y, tal vez, el dato más revelador para quienes pensamos el desarrollo desde las personas: entre 2008 y 2019, más de la mitad de los proyectos de investigación financiados en Chile se concentraron en una sola región. El país no solo concentra su población y su economía en el centro; concentra, sobre todo, su conocimiento y su talento.

Sería injusto desconocer lo avanzado. Chile ha dado pasos relevantes en descentralización. Desde 2021, elegimos a los gobernadores regionales por votación popular, un cambio que parecía lejano hace apenas una década. Las leyes de fortalecimiento regional ampliaron atribuciones y presupuestos a los gobiernos subnacionales. Hemos descentralizado el voto y, poco a poco, la administración.

Pero hay una descentralización que las leyes no resuelven por sí solas: la del talento. Mientras el gasto público subnacional (el que considera ingresos propios de las regiones, transferencias del gobierno central e inversión pública) en Chile bordea el 15% del total —una de las cifras más bajas de la OCDE— y las regiones ejecutan apenas un 16% de la inversión pública, frente a más de la mitad en el promedio del bloque, la concentración que más pesa sobre su futuro no es solo la del presupuesto. Es la de las oportunidades de formarse, especializarse y proyectarse sin tener que irse.

Aquí la educación superior —y en particular la formación técnico-profesional— cumple un rol que se mide en territorio. No se trata únicamente de abrir aulas en regiones, sino de formar donde la gente vive y trabaja. Pensar en el adulto que estudia mientras sostiene a su familia, en la trabajadora que busca reconvertirse sin renunciar a su empleo, en quien necesita una trayectoria formativa conectada con la economía real de su zona: la minería en el norte, la acuicultura y el turismo en el sur, la agroindustria y los servicios en el valle central. La empleabilidad no es un concepto abstracto: ocurre en un lugar, con un empleador concreto, en una comunidad determinada.

Retener talento tiene, además, un efecto que trasciende lo económico. Cuando una región logra formar y conservar a sus profesionales, fortalece también su tejido social: sus hospitales, sus colegios, sus pymes y sus servicios públicos cuentan con gente preparada y arraigada. La fuga de capital humano no empobrece solo el currículo productivo de un territorio: debilita su capacidad de cuidarse y de proyectarse. Por eso, la formación en regiones es, antes que una cuestión de cobertura, una cuestión de cohesión.

Estar presentes con sedes a lo largo del país no es, para una institución educativa, un dato logístico: es una definición de propósito. Significa acercar la formación a quien de otro modo no podría acceder a ella, y vincular cada campus con el tejido productivo de su región. Cuando se forma a técnicos y profesionales en la misma comuna donde luego trabajarán, no solo se entrega un título: se contribuye a que el talento eche raíces donde se necesita. Esa es, en buena medida, la apuesta que hemos asumido en AIEP al construir presencia en gran parte del territorio nacional.

Las cifras de centralización fiscal son, finalmente, el síntoma de algo más profundo. Podemos discutir cuántos recursos transferir a las regiones —y debemos hacerlo—, pero la conversación quedará incompleta si no preguntamos también cuántas oportunidades reales de formarse y prosperar estamos ofreciendo en ellas. Esa es una tarea que excede al Estado: involucra a las universidades, a los institutos profesionales, a los centros de formación técnica y al sector productivo de cada región.

Porque un país se descentraliza de verdad el día en que su talento ya no necesita tomar un avión para crecer.

*Jorge Martínez, vicerrector de Operaciones de AIEP.