Marco Oneto, Claudio Orrego y Elisa Araya se suman al directorio de la Corporación Santiago 2023

Marco Oneto

Durante esta jornada, la entidad a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos eligió a los tres integrantes que faltaban para completar el directorio.



Era un asunto pendiente para la Corporación Santiago 2023. Luego del cambio de gobierno, hubo una reestructuración completa de la mesa tras la renuncia de los miembros del directorio designados por las autoridades anteriores. Sin embargo, faltaba completar tres cupos, entre ellos el reemplazante de Fernando González.

Este martes, sesionó la Asamblea del organismo a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se llevarán a cabo en octubre y noviembre del próximo año. En la instancia se resolvió la designación de estos nuevos integrantes.

Los nombres escogidos fueron los del exseleccionado de balonmano Marco Oneto, el gobernador regional Claudio Orrego y la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya Cortez.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana.

La ministra del Deporte y presidenta de la Corporación Santiago 2023, Alexandra Benado, valoró la designación de los nuevos nombramientos, que vienen a completar todos los cargos que se encontraban pendientes. “La Asamblea resolvió estos nombramientos porque tienen una trayectoria destacada. Marco Oneto es un emblema del balonmano chileno, jugó prácticamente toda su vida deportiva en Europa y tiene una experiencia que entregar al directorio. Lo mismo pasa con el gobernador Orrego, quien es destacado en materias de gestión pública; y la rectora de la UMCE, que es una conocedora de las políticas públicas en materia deportiva, con una amplia experiencia. Todos son un tremendo aporte para concretar exitosamente el desarrollo de los juegos de Santiago 2023″, expresó.

Elisa Araya, rectora de la UMCE.

En el caso de Orrego, la secretaria de Estado había manifestado su voluntad de que él ocupara uno de los puestos. Sin embargo, su llegada dependía de una resolución de la Contraloría, que se fue dilatando, pero que permitió sumarlo a la instancia.

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